Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han insistido en la necesidad de prorrogar las bonificaciones y la protección por desempleo asociada a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para favorecer el mantenimiento del empleo tras el levantamiento del estado de alarma.

Durante su intervención este jueves en el Nueva Economía Forum, Álvarez ha apuntado que los sindicatos no solo defienden la prórroga, sino que están "en primera línea de combate" para que los ERTE se conviertan en una herramienta principal para fortalecer la economía en el proceso de reconstrucción tras la crisis del coronavirus.

En ese sentido, Sordo ha recordado que si no se hubieran puesto en marcha todas las medidas que se han tomado durante la crisis, "la destrucción del empleo en abril hubiese sido infinitamente mayor" y ha insistido en la necesidad de seguir negociando con el Gobierno y la patronal para llegar a un acuerdo que permita dar seguridad a los trabajadores durante la reactivación de la economía.

Ambos han coincidido en que no existen grandes diferencias con la patronal en la negociación y que el objetivo principal es el mantenimiento de las empresas y, con ello, del empleo.

Álvarez ha insistido en la necesidad de cambiar el modelo productivo de España para otorgar mayor peso a la industria, ya que "genera empleos con carácter indefinido, de mayor calidad y con salarios más altos".

Ha apuntado también que es necesario que España recupere la actividad turística, en la medida de lo posible, para fortalecer al sector y dar mayor valor añadido a la economía, lo que permitirá mejorar la imagen del país en las negociaciones con el exterior.

Preguntados por la posibilidad de nacionalizar empresas, como las del sector privado de residencias de ancianos, ambos dirigentes han explicado que en realidad sus reivindicaciones pasan por realizar una auditoría a esas empresas para saber "qué ha ocurrido" para que hayan fallecido tantas personas en ellas.

"No estamos hablando de nacionalizar empresas, sino de replantear el modelo de las residencias en función de lo que diga esa auditoría", ha afirmado Sordo, a lo que Álvarez ha añadido que "hay que dejar de hacer negocio con los servicios públicos".

En cuanto al ingreso mínimo vital, tanto Álvarez como Sordo han reconocido que aún tardará en aplicarse por su complejidad institucional y han lamentado que no se hayan aprobados otras prestaciones urgentes destinadas a familias que no están percibiendo ingresos durante esta crisis.

Han coincidido también en la urgencia de que se apruebe un "plan Marshall europeo" que financie la reconstrucción y en cuya negociación no solo estén presentes los dirigentes europeos, sino también las confederaciones sindicales y empresariales.

Asimismo, ambos líderes han agradecido que la mayoría de liberados sindicales del sector sanitario se hayan reincoporado a sus labores profesionales sin dejar de lado las sindicales.