La fiscalidad es el principal escollo que separa a Ciudadanos (Cs) de los Presupuestos que el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos pretende aprobar para 2021, aunque no siempre fue así, ya que la formación naranja llegó a pactar con los socialistas el poder estudiar un impuesto a las grandes fortunas.

Desde aquella propuesta que contemplaba el "Acuerdo para un Gobierno Reformista y de Progreso" firmado en 2015 con el PSOE para apoyar un posible gobierno de Pedro Sánchez, Ciudadanos ha pasado por varios procesos de cambio, el último por la predisposición de nuevo al acuerdo de la actual líder del partido, Inés Arrimadas.

Hace cinco años las tesis económicas pasaban por mejorar la progresividad y eficiencia del sistema tributario y, en particular, de la imposición a la riqueza, mientras que ahora se han transformado en un no rotundo a subir impuestos a los grandes patrimonios, que es precisamente la última propuesta del socio de Gobierno de Sánchez, Unidas Podemos.

El Ejecutivo no parece que vaya a renunciar a incluir en los Presupuestos de 2021 la subida del IRPF a las rentas altas o el establecimiento de un tipo mínimo del 15 % en el Impuesto sobre Sociedades para grandes empresas y del 18 % para la banca y petroleras.

Tanto la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, han reiterado la apuesta por una fiscalidad "justa".

Una política fiscal que ya fue vetada por Ciudadanos con una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de 2019 al considerar que contemplaban un aumento de gasto público que desviaría el déficit al alza.

La recesión económica derivada de la crisis del COVID-19 ha cambiado la perspectiva para este año respecto al cumplimiento de las reglas fiscales europeas y también la visión de Ciudadanos para apoyar medidas de gasto para ayudar a autónomos, pymes y familias.

La urgencia de aprobar unas cuentas públicas tras dos prórrogas del presupuesto de 2018 y, ante la situación que deja el coronavirus, podría facilitar que Ciudadanos permitiera la tramitación del proyecto presupuestario y no presentara enmienda a la totalidad o no apoyara las de otras formaciones políticas.

Sin embargo, esto no significa un voto favorable de este partido al presupuesto, que a su vez debe pasar por una intensa fase de enmiendas parciales en el Congreso y en el Senado.

De acuerdo con su último programa electoral, Ciudadanos propugna bajar el IRPF para rentas de más de 60.000 euros anuales, eliminar deducciones fiscales en el impuesto de sociedades, suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones, y facilitar que las pymes no paguen tipos efectivos superiores a los de las grandes empresas, frente a PSOE y Unidas Podemos que abogan por lo contrario.

En concreto, la coalición apuesta por subir el IRPF para rentas superiores a 130.000 euros, por un tipo mínimo del 15 % del impuesto de sociedades y por un incremento del 1 % en el impuesto de patrimonio para las fortunas de más de 10 millones de euros.

En materia de pensiones y laboral, ambos partidos también difieren ya que mientras el Gobierno pretende cambiar la prevalencia de los convenios para que tenga más peso el sectorial que el de empresa, Ciudadanos siempre ha apostado por un mercado flexible y por el denominado contrato único.

No obstante, hay coincidencia en mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, aunque los socialistas y morados apuestan claramente por una revalorización por ley con el IPC, y Ciudadanos insta primero a tener un modelo que pueda financiarse y sostenerse a largo plazo.

También en los temas de economía digital, sostenibilidad o transición ecológica hay posturas más cercanas.

Ciudadanos no rechaza los nuevos impuestos sobre determinados servicios digitales o sobre las transacciones financieras, y solo pide que sean homogéneos en toda Europa y puedan entrar en vigor en 2021, y no este año.