Los cambios en la jubilación anticipada voluntaria son el elemento más controvertido del primer paquete de la reforma de las pensiones que prepara el Gobierno. La gran mayoría del Congreso recomendó al Ejecutivo acercar la edad efectiva a la que se jubilan los ciudadanos en España (64,6 años) a la edad legal ordinaria para hacerlo, de 66 y 65 años en 2021 según los años cotizados. La dificultad radica en cómo hacerlo. Junto a otras medidas, el ministro José Luis Escrivá ha propuesto reformar la jubilación anticipada de manera que se endurece en algunos supuestos, básicamente para las personas con pensiones más altas y las jubilaciones más tempranas, pero también se facilita en otros muchos.

A la meta compartida de retrasar la edad efectiva de jubilación, la Seguridad Social enfrenta varios hechos que complican alcanzarla: las jubilaciones anticipadas voluntarias aumentan sin cesar desde el año 2015 y las jubilaciones demoradas (posteriores a la edad legal de retiro) apenas despegan y son muy reducidas. En 2020, hubo unas 54.000 jubilaciones anticipadas voluntarias, según datos provisionales de la Seguridad Social, mientras que en 2019 fueron unas 47.600. En 2015, eran 34.800, según datos facilitados por la Seguridad Social a elDiario.es.

José Luis Escrivá presentó el lunes en la comisión del Pacto de Toledo la última propuesta del Gobierno a los agentes sociales sobre este primer bloque de cambios. De entre todas las medidas, el endurecimiento en algunos casos de la jubilación anticipada voluntaria ha recibido la oposición pública de los líderes de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, a lo largo de este martes. Unai Sordo y Pepe Álvarez advirtieron al ministro que están abiertos a negociar una reforma del sistema, pero que esta no pasa en ningún caso por aumentar las penalizaciones actuales.

¿Qué es lo que propone el ministro de la Seguridad Social? De manera general y para el conjunto de ciudadanos, Escrivá plantea nuevos coeficientes reductores a la jubilación anticipada voluntaria que se apliquen de manera mensual, no trimestral como ocurre ahora. En unos pocos meses, estas penalizaciones son mayores a las vigentes en la actualidad, mientras que en la mayoría son inferiores, como se puede ver en la tabla que sigue a continuación.

Por otro lado, hay una medida específica para los futuros jubilados que perciban las pensiones más altas. El ministro quiere endurecer su salida anticipada del mercado laboral porque considera que el sistema actual de aplicación de los coeficientes es injusto y poco "equitativo". Una parte importante de las jubilaciones anticipadas voluntarias corresponden a este colectivo. Según los datos de la Seguridad Social, el 33% de las jubilaciones anticipadas voluntarias en 2020 se correspondían a personas con "pensiones superiores a 2.100 euros".

A continuación, se desarrollan las principales claves de los cambios propuestos por la Seguridad Social.

Este cambio fue el primero comunicado por el ministro. Escrivá considera que el actual sistema es "regresivo" y beneficia la salida anticipada de los trabajadores con mayores salarios, para los que los elementos que desincentivan la jubilación antes de la edad legal son menores. En la actualidad se genera una situación de disparidad: a un trabajador con un salario muy elevado –que va a percibir en un futuro la pensión máxima– retirarse de manera prematura le supone una penalización alrededor del "2%" anual, ha destacado el ministro. Por otro lado, a un trabajador con una pensión media, por ejemplo, retirarse de manera anticipada le supone un recorte anual del 8%.

¿Por qué? Porque en la actualidad, los coeficientes reductores se aplican sobre la base reguladora de la pensión y hay un margen amplio entre la base máxima de cotización (4.070 euros al mes en el Régimen General) y la pensión máxima (2.707,49 euros al mes en 2021). Así, las personas con salarios bastante por encima de la pensión máxima, cuando aplican estos coeficientes reductores a su base, acaban jubilándose en la práctica de manera anticipada con un recorte en la pensión más limitado. "Del 2%" en lugar del 8% anual que se aplica al resto, ha cifrado Escrivá en numerosas ocasiones.

Para equiparar los recortes en la pensión entre los trabajadores de salarios más altos y el resto, el Gobierno propone que el coeficiente reductor se aplique a la cuantía de la pensión en lugar de a la base. La propuesta del ministro deja un periodo de transición de seis años, a partir de los cuales las penalizaciones afectarán igual a todos los trabajadores en la cuantía de pensión a percibir.

Los sindicatos se oponen a esta fórmula porque rechazan cualquier endurecimiento de los coeficientes reductores y recuerdan que los trabajadores con mayores salarios ya sufren una "penalización" en su pensión a percibir respecto al resto de trabajadores debido al tope de la pensión máxima.

En cuanto la reforma para el conjunto de trabajadores, la propuesta del Gobierno busca principalmente posponer unos meses la salida anticipada. En la Seguridad Social indican que, aunque de manera individual pueda no parecer mucho el retraso de uno o dos meses en el acceso a la jubilación, en suma de miles de empleados sí puede tener un efecto importante en las arcas públicas.

Para ello, el ministro propone endurecer los coeficientes reductores en dos momentos. En primer lugar, aumentar las penalizaciones de los primeros dos meses en los que una persona tiene derecho a la jubilación anticipada (excepto los de larguísimas carreras de cotización). Es decir, el mes 24 de anticipo (dos años antes de la edad ordinaria) y el mes 23. A partir del mes 22, las penalizaciones planteadas por Escrivá son inferiores incluso a las actuales, como se puede ver en la tabla que incluye arriba el artículo.

¿Qué pretende este cambio? Que si soy una trabajadora que me quiero jubilar anticipadamente lo antes posible, me salga bastante más a cuenta esperar dos meses para salir del mercado laboral. Porque si lo hago en cuanto puedo, dos años antes de cumplir la edad legal de retiro, el recorte en mi pensión será del 21% (con una carrera inferior a 38 años y 6 meses cotizados). Mientras que si me jubilo con 22 meses de antelación, solo dos meses después, el recorte en mi pensión sería del 14,67%.

El segundo momento en el que el Gobierno propone endurecer la penalización en la jubilación anticipada es en los tres meses previos al cumplimiento de la edad legal de jubilación. El objetivo es fomentar que el trabajador "aguante" y se jubile unos meses más tarde, ya sin recortes en la pensión. Los incentivos cambiantes mes a mes también buscan una mayor flexibilidad en el acceso a la jubilación, ya que antes suponía la misma penalización jubilarse 24 que 22 meses antes, por ejemplo.

Los sindicatos CCOO y UGT rechazan las penalizaciones porque consideran que los incentivos deben ir siempre en positivo. Unai Sordo, líder de CCOO, apostó este lunes por fomentar el retraso de las salidas anticipadas a través de menores penalizaciones en determinados meses, pero sin incrementar los recortes en ningún momento. Su homólogo en UGT, Pepe Álvarez, recordó al Gobierno que hay trabajadores que llegan a edades avanzadas muy castigados por el desempeño de sus oficios y que otros acuden a la jubilación anticipada por su situación de desempleo, por lo que ante estos escenarios, consideró que no es "de recibo" aumentar las penalizaciones. El tiempo y la negociación dirán qué reforma aprobará finalmente el Gobierno.