El abogado de Rodrigo Rato, Ignacio Ayala, cree que para atender a las acusaciones que realizan la Fiscalía Anticorrupción y el resto de formaciones habría que censurar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al Banco de España, ya que avalaron todos los pasos que se dieron en la constitución de BFA-Bankia, la salida a Bolsa de la entidad y su posterior trayectoria hasta el rescate.

La defensa del expresidente de Bankia ha proseguido este lunes con la exposición de sus conclusiones definitivas en el proceso judicial que investiga la existencia de irregularidades en la salida a Bolsa de la entidad en julio de 2011, después de que el pasado miércoles asegurara que la caída del banco se produjo por un "accidente fortuito".

En este sentido, Ayala ha subrayado que todas las autoridades, tanto nacionales como la CNMV, el Banco de España y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), así como las de la esfera europea como la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), "intervinieron, dieron su beneplácito y visto bueno" a todas las decisiones.

Se trata de un "voluntarismo o sesgo confirmatorio" por parte de las acusaciones, ya que "no hay indicios de que Rato ni nadie del consejo fuera quien decidió cuál debiera ser la política contable de la entidad, que es meramente técnica".

De este modo, el abogado de Rato ha defendido la "ausencia de dolo y de culpa" por parte del consejo de administración de la entidad. "Está claro que hay decisiones que sí se tomaron en los consejos, cómo no. Pero estas decisiones están tomadas en el ámbito de la regulación y de la supervisión, según el modelo establecido y sometido a control", ha dicho.

De hecho, ha asegurado que "fueron expresamente invitados", primero a proceder a la creación del Sistema Institucional de Protección (SIP) y, después, a debutar en Bolsa. "Es un proyecto legal, de transformación del sistema financiero, no surge de la voluntad de las partes", ha remarcado.

"¿A quién había que acudir para decidir si las cosas se estaban haciendo conforme a derecho?", ha cuestionado Ayala, añadiendo que el Banco de España hacía un seguimiento "máximo e 'in situ'", y trasladaba semestralmente todo lo recabado al Frob, que era una "especie de socio" al haber inyectado unos 4.000 millones de euros para la integración.

El letrado ha explicado que se dispuso de un espacio físico a los inspectores del Banco de España y se les dotó de capacidad. "Tenían acceso permanente e instantáneo a la información. No es que tuvieran que pedir acceso, sino que no tenían ningún obstáculo para ello", ha señalado. Durante el proceso de integración, que se sometió a una especial supervisión", se conformaron hasta nueve grupos de trabajo que en solo tres mantuvieron hasta 158 reuniones.

Como consecuencia de esta "especial intensidad supervisora", Ayala ha aseverado que no pudo existir ningún dato relevante que no fuera conocido por el supervisor, por lo que no existiría delito de falsedad contable, que implicaría la ocultación de una realidad económica. "No hay contabilidad paralela ni paraísos fiscales, aquí ha existido una buena praxis bancaria", ha insistido.

Lo mismo ha explicado en relación a la salida a Bolsa. "Aquí se produce una doble supervisión: el Banco de España y la CNMV. El Banco de España autorizó el calendario y la estrategia para reconstruir el capital principal, mientras que la regulación y el control de la CNMV no es que fuera máxima, sino que fue por encima de los estándares normales. Fue extraordinaria", ha relatado.

"Bankia cumplió una vez más con todas las exigencias. Los supervisores y los reguladores sirven al mercado de seguridad jurídica y controlan que lo que sale está correctamente hecho", ha dicho. "Contrariamente a lo que se pretende, existen avales de que todo era correcto", ha añadido Ayala.

En este sentido, el abogado de Rato cree que para poder atender al pronunciamiento de las acusaciones, habría que concluir que las decisiones del Banco de España y de la CNMV han sido erróneas, que ha sido irracional la interpretación de la autoridad monetaria de su propia circular. "Habría que censurar a los supervisores", ha reprochado, al tiempo que ha asegurado que esto implicaría pretender que un tribunal de orden penal sustituyera el orden regulatorio y primario.