El fraude y los abusos en la contratación temporal en España están muy extendidos. No es solo una afirmación que repiten sindicatos, economistas y personas expertas en el mercado laboral español. Se hace evidente en las actuaciones de la Inspección de Trabajo, cuando cada ciertos meses lanza alguna campaña contra esta irregularidad en la contratación. En los últimos cuatro meses, la Inspección ha convertido en fijos a 144.000 trabajadores temporales fraudulentos. El Gobierno quiere "atajar" este fraude con nuevas medidas y más penalizaciones en su reforma laboral prometida a Bruselas dentro del Plan para la Recuperación, que tendrá lugar casi en su totalidad en 2021.

La Moncloa ha hecho público el desarrollo de su plan de reformas enviado a la Comisión Europea dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía. En el ámbito laboral, el componente 23 detalla tanto los cambios legislativos como las inversiones que pretende desplegar el Ministerio de Trabajo en los próximos tres años para "modernizar" el mercado de trabajo. A estas últimas se destinarán 2.363 millones de euros.

El grueso de las reformas legales está previsto para este año, como el desmontaje de los elementos "más lesivos" de la legislación laboral del PP, la reforma de la subcontratación y la destinada a reducir la temporalidad, la adaptación de los ERTE para que se conviertan en un mecanismo de flexibilidad permanente y las nuevas políticas activas de empleo. Para 2022, Trabajo deja la "simplificación y reforma" de la protección asistencial de desempleo y la revisión de las bonificaciones a la contratación, que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) concluyó que tenían en muchos casos efectos limitados.

La reducción de la temporalidad en el empleo se sitúa como uno de los retos más complicados. No solo por la incidencia del problema en España –el país con más peso del empleo temporal de la UE–, sino también por lo arraigada que está la práctica, sin solución en las últimas décadas. Para combatirla, el Gobierno ha presentado a la Comisión Europea un listado de medidas, que encabeza la más mencionada hasta la fecha: la reducción de las modalidades contractuales a tres básicamente: indefinido (incluye los fijos discontinuos), temporales y de formación.

Los contratos temporales pretenden reforzar la "causalidad" que los motiva. Es decir, concretar mejor la causa que justifica que un contrato sea temporal y no fijo. Para evitar el recurso a contratos inestables, el Gobierno también apunta que se favorecerá "el uso del contrato fijo-discontinuo para actividades cíclicas y estacionales". En estos, la empresa está vinculada con la misma persona para recurrir a ella cuando la actividad estacional se reactiva. Por ejemplo, el personal de un hotel que solo opera al 100% en verano.

Trabajo incluye en este capítulo una reforma que economistas como la catedrática Sara de la Rica sitúan como pieza fundamental en la lucha contra la temporalidad y la precariedad de los jóvenes: revisar los contratos de formación o prácticas. En la actualidad, el de formación apenas se utiliza y el de prácticas funciona como un mecanismo de incursión en las empresas menos estable incluso que otros contratos temporales.

La revisión para hacer de los ERTE un mecanismo permanente de flexibilidad interna es otra de las herramientas prometidas dentro de la batalla contra la excesiva temporalidad. El Gobierno entiende que un mecanismo efectivo con el que las empresas "pueden adaptarse con rapidez a los cambios en el contexto económico" funciona como una alternativa a la alta temporalidad y el encadenamiento de los contratos de muy corta duración.

Por último, el Gobierno promete que la Administración Pública reducirá la temporalidad, que está desenfrenada en los últimos años. El ministro de Función Pública, Miquel Iceta, ya ha anunciado para antes del verano una reforma legal al respecto.

Junto a este paquete de medidas, el Gobierno propone ampliar la persecución del abuso y del fraude en la temporalidad. Y más mano dura cuando se detecte. Por un lado, apunta que "penalizará" la excesiva utilización de "contratos de muy corta duración". Ya existe una penalización en la cotización a la Seguridad Social de los contratos más cortos, pero el Gobierno quiere ampliar los desincentivos de esta práctica que se ha disparado en los últimos años. En la última década se han duplicado los contratos de menos de siete días, por ejemplo.

En este sentido, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, anunció una tasa para sancionar a las empresas que rescinden los contratos para no pagar fines de semana y vacaciones. El secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, confirmó este miércoles que la medida está encima de la mesa y es una de las que se aplicarán en este paquete de reformas.

El Gobierno pretende además "establecer un mecanismo efectivo para eliminar el abuso de la contratación temporal, aislada o concatenada, sobre una misma persona trabajadora o un mismo puesto de trabajo". En el Ministerio de Trabajo no detallan por el momento a qué se refiere este nuevo "mecanismo".

También se quiere "reforzar" fórmulas ya conocidas y efectivas como las actuaciones de la Inspección de Trabajo contra este abuso, con la ayuda de los cruces masivos de datos y mediante el aumento de "la plantilla estable" el organismo de control de la legalidad laboral. "Es de destacar que en este último trimestre del año la Inspección de Trabajo prevé convertir 80.000 contratos temporales en contratos indefinidos".

En los cuatro últimos meses, la Inspección ha convertido 144.000 contratos temporales en fijos, según ha informado este miércoles el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. La efectividad de estas actuaciones es muy elevada. En una primera remesa de cartas informativas contra este abuso, las empresas convirtieron con los contratos del 73% de las personas sobre las que advirtió la Inspección.

Por último, quien infrinja pagará mayores sanciones. El plan recoge la "actualización de las sanciones, que se mantienen en niveles de 2006". El aumento de su cuantía es una reclamación de años tanto de los inspectores como de los sindicatos, que consideran que en muchos casos el fraude sale a cuenta.