Para comprender por qué los grandes partidos conservadores alemanes están cayendo de un tiempo a esta parte en los sondeos de intención de voto hay que saber de los negocios que hicieron varios de sus diputados en la pandemia. Algo turbio han de tener esos negocios cuando se les conocen en Alemania como 'Maskengate', algo así como "mascarillasgate".

Con ese nombre se alude al caso de los diputados conservadores que ganaron dinero cobrando comisiones al facilitar la venta de mascarillas a organismos públicos en plena pandemia.

Junto a otros tres hombres de negocios, Nüßlein, quien ha tenido que dimitir como vicepresidente del Grupo Parlamentario de la CDU/CSU en el Bundestag, y Sauter, habrían participado en la compra de mascarillas a una empresa de Hesse por parte de los ministerios de Salud e Interior. Ambos está en manos de responsables conservadores de la 'gran coalición' que dirige Merkel. A saber, el cristianodemócrata Jens Spanh, ministro de Salud, y el socialcristiano bávaro Horst Seehofer, ministro del Interior.

También compraron las "mascarillas de Nüßlein y Sauter" en el ministerio de Sanidad del estado federado de Baviera y en el de Economía del Land de Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Las filtraciones de la investigación publicadas en el diario Süddeutsche Zeitung y otros medios dan cuenta que el pago de las comisiones se hizo a través de varios países, incluidos el paraíso fiscal caribeño San Vicente y las Granadinas y el no menos paradisiaco fiscalmente Principado de Liechtenstein.

En la operación, Sauter habría ingresado a través de una empresa en su propiedad 1,2 millones de euros. A Nüßlein, le correspondía la misma cantidad pero el caso salió a la luz cuando había recibido 660.000 euros, según apuntan los medios alemanes.

Aunque son los únicos en el punto de mira de los investigadores en Fiscalía General de Múnich, no son una excepción Nüßlein y Sauter en la bancada conservadora del Bundestag. Al menos no lo son en la medida en que otros casos relacionados con negocios de políticos asociados a la lucha contra la pandemia ya ha costado a la Unión – como se conoce aquí a la suma de la CDU y la CSU – el abandono de la Cámara Baja de Mark Hauptmann y Nikolas Löbel.

De Löbel, objeto de una investigación relativa a varios delitos relacionados con el alquiler de instalaciones de la CDU en su circunscripción, en Mannheim (suroeste), y con la remuneración de personal allí, se sabe que una empresa suya llegó a ingresar un cuarto de millón de euros en comisiones por hacer de intermediario entre compañías que comerciaban con material de protección ante la COVID-19. A Hauptmann lo que parece que le cortó la carrera política, como a Tobias Zech, fueron sus tareas de asesoría para otros países. Hauptmann estuvo, siendo diputado, al servicio de Azerbaiyán y Zech, al de Macedonia del Norte.

De todos estos casos, el "mascarillasgate" aún colea, pese a que los partidos de la 'gran coalición', CDU/CSU y el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), ya han aprobado nuevas reglas de transparencia para los diputados, a los que se obliga desde hace escasas semanas a publicar cada euro que ganan al margen de su actividad fuera del Bundestag.

Consecuencias de los negocios de Nüßlein, Sauter y compañía es que el Grupo Parlamentario de los conservadores alemanes quedará "sacudido" por las revelaciones, según el término que ha utilizado el diario económico Handelsblatt para analizar la situación de la Unión. Para el periódico conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung, lo ocurrido con estos diputados díscolos está relacionado con el "hundimiento" de la intención de voto a la CDU/CSU.

De cara a las próximas elecciones generales, previstas para el 26 de septiembre, las encuestas atribuyen ahora a los conservadores germanos entre un 22% y un 31% de los votos. En muchos de esos sondeos Los Verdes ya superan a unos conservadores que perderán en la próxima gran cita con las urnas el que ha sido su principal argumento para ganar comicios. A saber, Angela Merkel. Ésta vive sus últimos meses en la Cancillería Federal.

No es ella, sino el aspirante a sustituirla al frente del Ejecutivo alemán, Armin Laschet, quien lidia ahora con unos diputados de la CDU que, en más de unos pocos casos, han estado haciendo más que política desde su escaño. De esto mismo da cuenta la lista dada a conocer estos días en la que figuran decenas de diputados que han asesorado al Ministerio de Sanidad durante la pandemia para la adquisición de mascarillas.

En esa lista de cuarenta representantes del Bundestag, la inmensa mayoría son de la Unión. Sólo hay dos del SPD y uno del partido de los liberales, el FDP. En la lista, según apuntaban la semana pasada los medios germanos, no hay representantes de Los Verdes, ni del partido izquierdista Die Linke ni de los ultraderechistas de Alternativa para Alemania (AfD).

Aparecer en esa relación de nombres no es sinónimo de haber caído en las prácticas hoy investigadas oficialmente por el "mascarillasgate". Al parecer, en la amplia mayoría de los casos, los diputados se limitaron, como ha defendido más de uno estos días, a hacer saber al Ministerio de Sanidad que en su circunscripción había una o más empresas capaces de producir las más que necesitadas mascarillas al inicio de la pandemia.

Pero que se hayan producido abundantes titulares a cuenta de políticos sacando réditos económicos en esta crisis ha generado costes que no se pagan con capital económico. Porque, según ha dicho al diario berlinés Der Tagesspiegel Lars Klingbeil, secretario general del SPD, el político que se enriquece en la pandemia "está destruyendo la confianza general en la política".

De ahí que desde el primer momento, el homólogo de Klingbeil en la CDU, Paul Zimiak, haya lamentado la acción de lo que presentaba el pasado mes de marzo como "casos aislados". Sean o no excepciones los Nüßlein, Sauter y compañía, a los conservadores alemanes también se les ha complicado el fin de la era Merkel por las acusaciones de corrupción del "mascarillasgate".