El ministro de Hacienda argentino, Hernán Lacunza, pidió este lunes en el Parlamento un "consenso" político sobre la "trayectoria" que tendrán las cuentas públicas del país de manera de dar mayor "certidumbre" a los acreedores privados de deuda pública de Argentina.
"Nos parece importante consensuar con las distintas fuerzas políticas la necesidad de alcanzar un equilibrio fiscal", dijo el ministro al presentar en la Cámara de Diputados el proyecto del Presupuesto 2020.
La iniciativa prevé para el próximo año un superávit fiscal primario (no incluye el pago de intereses de deuda) equivalente al 1 % del Producto Interior Bruto (PIB), desde un déficit primario en 2019 del 0,5 % del PIB.
En tanto, el resultado financiero (incluye el pago de deudas) sería el próximo año deficitario en un 2,3 % del PIB.
Lacunza sostuvo que "a partir de que se consiga el equilibrio fiscal, ya va a dejar de crecer la deuda y eso es lo que le va a dar sustentabilidad en la trayectoria de mediano plazo".
El ministro señaló que la deuda pública argentina creció desde un 50 % en relación al PIB en 2016 hasta el actual 85 % del PIB "por la suma de los déficit de varios años".
En agosto pasado, en medio de severas turbulencias financieras tras las elecciones primarias, Argentina resolvió en forma unilateral extender entre tres y seis meses los vencimientos de letras del Tesoro en manos de inversores institucionales cuya tasa de renovación cayó en forma drástica por la incertidumbre política de cara a las presidenciales de octubre.
Lacunza dijo que, a su juicio, "no existe un problema de solvencia sino un problema de liquidez motivado por la incertidumbre electoral".
"No existe crédito voluntario para el sector público argentino, fundado en falta de certeza respecto a la trayectoria fiscal futura, o por lo menos esa es la percepción de los acreedores", observó.
Por eso, insistió, es importante "consensuar en todas las fuerzas partidarias, dar certidumbre sobre el perfil de deuda y sobre la trayectoria fiscal esperada como una forma de poder mostrar que la deuda argentina está en una trayectoria sustentable y poder encarar una negociación voluntaria con los acreedores".
Esto último se refiere a la intención del Gobierno de remitir al Parlamento un proyecto de ley para reprogramar los vencimientos de la deuda de mediano y largo plazo emitida bajo jurisdicción nacional, un envío que se ha demorado por la falta de acuerdo con la oposición.
El Ejecutivo también pretende iniciar un proceso de negociación de plazos con los tenedores de bonos emitidos bajo jurisdicción extranjera, al igual que con el Fondo Monetario Internacional.
