El director general de Política Energética del Ministerio para la Transición Ecológica, Manuel García Hernández, ha defendido este martes el nuevo modelo de factura eléctrica que acaba de entrar en vigor y que ha provocado duras críticas de asociaciones de consumidores como Facua. "No hace falta ponerse el despertador para planchar", ha defendido, durante su participación en un debate en el Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama).

“No podemos pretender que la gente tenga que reducir su nivel de bienestar, pasar frío, no poder cocinar o planchar, que parece que es la actividad de moda”, sino ser eficientes, entendiéndolo como “conservar los niveles de bienestar que tenemos de una manera más sostenible”.

García Hernández ha recordado que “todo el fin de semana va a ser hora valle”, en alusión a los tres nuevos periodos horarios, punta (mucho más caro), llano (intermedio) y valle (mucho más barato) por los que desde este 1 de junio se aplica a todos los consumidores discriminación de precios para la parte regulada del recibo por la energía consumida.

“Más allá del debate en redes sociales” y de que “muchas veces se tiende a ridiculizar algunas situaciones” y a sacarlas “de contexto”, es “bueno que salga al debate público” la idea de que los consumidores pueden y deben desplazar su consumo a las horas más baratas del día y que “se familiaricen más con la estructura de la tarifa”, sabiendo “que no es lo mismo para el sistema” eléctrico consumir en determinadas horas y que "tampoco debe costar lo mismo el uso de las redes” cuando están más congestionadas.

El Gobierno justifica esta nueva factura como una medida para fomentar el ahorro, la eficiencia, el autoconsumo, el despliegue del vehículo eléctrico y nuevos usos como los sistemas de calefacción con bomba de calor.

Transición Ecológica está “intentando mejorar” la información sobre el nuevo modelo, según García Hernández, que ha recordado que con él se va a simplificar la factura. Esto permitirá al usuario “discernir si se tiene una potencia suficiente o excesiva” para, en su caso, ajustarla, o tener claro si está en el mercado regulado del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), el que más recomiendan los expertos, o el denominado mercado libre, mayoritario y más caro que el PVPC. El nuevo sistema, ha indicado, puede además incentivar la compra de electrodomésticos más eficientes.

El director de Política Energética ha señalado que el Gobierno presentará "próximamente" la Estrategia Nacional de Autoconsumo que contemplaba el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y ha explicado que la transición energética y la descarbonización de la economía es un proceso que no puede hacerse “al margen de los consumidores, que es como se ha regulado históricamente el sector”, ni “en contra” de ellos, sino a su lado.

Ha recordado que las directrices de la Comisión Europea son intensificar el peso de la electrificación y España está muy por detrás, con un peso del 24%: “Tenemos que electrificar la economía”. “La sociedad en su conjunto es consciente y está preparada para aprovechar el gran potencial” que España tiene para aprovechar las oportunidades que ofrece la transición energética. El país “nunca había estado en la élite ni en la primera línea de poder aprovechar esta reconversión industrial”.

García Hernández ha subrayado que su departamento tiene “muy presente” que “todas las medidas que vayan a mejorar los precios de la electricidad son redistributivas” porque los hogares con menos renta dependen más de la energía y dentro de su cesta de consumo energético la electricidad tiene más peso.

La nueva factura ha entrado en vigor este martes tras varios aplazamientos, con los precios del mercado mayorista de electricidad en su nivel más alto desde enero por el encarecimiento del CO2. El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes un anteproyecto para actuar contra los denominados "beneficios caídos del cielo" de hidráulica y nuclear y, con ello, abaratar la factura.

El anteproyecto, que ha provocado fuertes caídas de Endesa e Iberdrola en Bolsa, prevé usar una parte de los fondos detraídos al exceso de precio cobrado por esas tecnologías por el coste del carbono para sufragar la factura de consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social. Pero no será inmediato y su entrada en vigor se va a demorar como mínimo hasta 2022.

Tampoco será inmediata la aplicación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que el Gobierno prevé también remitir este martes al Congreso y que prevé sacar de la factura eléctrica el coste de las renovables más antiguas y abaratarla un 13% en cinco años.