Bruselas fía a los 140.000 millones de los fondos europeos la corrección de los

"España está experimentando desequilibrios". Es una conclusión que arrastra la Comisión Europea desde hace tiempo, y que vuelve a recordar en el examen del semestre europeo de junio de 2021. Y añade: "Los Estados miembros con un elevado nivel de endeudamiento deberían utilizar el fondo de recuperación para financiar inversiones adicionales para respaldar la recuperación y, al mismo tiempo, aplicar una política fiscal prudente. Las vulnerabilidades tienen que ver con un elevado endeudamiento externo e interno, tanto público como privado, en un contexto de alto desempleo y tienen consecuencias hacia afuera".

La Comisión Europea constata que "tres Estados miembros continúan experimentando desequilibrios excesivos (Chipre, Grecia e Italia), y otros nueve están experimentando desequilibrios (Croacia, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Portugal, Rumanía, España y Suecia)". Eso sí, los fondos europeos, que comenzarán a llegar en unas semanas, son fundamentales: "La implementación del Instrumento de Recuperación y Resiliencia [los fondos de recuperación, 140.000 millones para España] será clave para reducir los desequilibrios macroeconómicos existentes, ya que apoyará reformas e inversiones que aborden los desafíos identificados en los ciclos semestrales anteriores". Para ello, además, deja abierta la barra libre del gasto público hasta 2023.

Así, "los Estados miembros con un elevado nivel de endeudamiento deberían utilizar el fondo de recuperación para financiar inversiones adicionales para respaldar la recuperación y, al mismo tiempo, aplicar una política fiscal prudente. Todos los Estados miembros deberían preservar las inversiones financiadas a nivel nacional. Al mismo tiempo, el crecimiento del gasto corriente financiado a nivel nacional debe mantenerse bajo control y limitarse para los Estados miembros con un elevado nivel de endeudamiento".

Según Bruselas, "los desequilibrios en Croacia, Irlanda, Portugal y España combinan altas deudas privadas, públicas y externas, mientras que en Francia los desequilibrios son producidos por las deudas públicas y privadas, que continúan aumentando". Y sentencia: "Garantizar el aumento de la productividad y la competitividad sigue siendo importante para estos Estados miembros".

"En el caso de España", sostiene la Comisión Europea, "si bien el coste fiscal ha sido considerable, las medidas adoptadas por las autoridades para apoyar a las empresas y los hogares han ayudado a mitigar el impacto de la crisis en el sector bancario, que había entrado en la crisis del COVID-19 en mucha mejor forma que en episodios de crisis anteriores, beneficiándose de una mejor calidad de los activos, capitalización y posición de liquidez".

Según los análisis del Ejecutivo comunitario sobre España, "la inversión internacional neta sigue siendo negativa, pero debería haber una mejora gradual en 2021". En este sentido, Bruselas cree que el "impacto negativo de la crisis del COVID-19 en el turismo ha sido significativo, y la cuenta corriente [operaciones reales y rentas que se producen entre los residentes de un país y el resto del mundo ] ha empeorado con la crisis, pero se espera que esté en equilibrio este año y el próximo".

Además, la Comisión Europea destaca que "la deuda pública aumentó sustancialmente en 2020 como resultado de la recesión y de las medidas de apoyo aplicadas para amortiguar el impacto de la crisis" y prevé que "disminuya de manera significativa el próximo año debido a los déficits públicos elevados pero en fase de mejora".

"El desapalancamiento [pago] de la deuda tanto del sector empresarial como del de los hogares se frenó por la crisis del COVID-19", dice la Comisión Europea, que también constata que "la tasa de desempleo aumentó en 2020 y se prevé que comience a caer en 2022".

Además, la Comisión Europea abunda: "En Rumania, las pérdidas de competitividad están disminuyendo, pero el gran déficit por cuenta corriente persiste y las tendencias fiscales deben revertirse firmemente después de años de deterioro. Alemania y los Países Bajos registran superávits por cuenta corriente persistentemente elevados, vinculados a un exceso de ahorro sobre las inversiones, agravado por la elevada deuda privada de los Países Bajos. En Suecia, los altos precios de la vivienda no se están moderando, y la elevada y creciente deuda de los hogares sigue siendo una preocupación".

"La activación de la cláusula de escape general del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en marzo de 2020 permitió a los Estados miembros reaccionar con rapidez y adoptar medidas de emergencia para mitigar el impacto económico y social de la pandemia", afirma la Comisión Europea, que recuerda que en marzo pasado dijo que "la decisión de desactivar la cláusula de escape general debe tomarse sobre la base de una evaluación global del estado de la economía basada en criterios cuantitativos, comparando el nivel de actividad económica en la UE a los niveles anteriores a la crisis como criterio clave. Sobre la base de las previsiones económicas de primavera de 2021 de la Comisión Europea, la cláusula de escape general seguirá aplicándose en 2022 y se espera que se desactive a partir de 2023".

Bruselas insiste en que "la política fiscal debe seguir siendo de apoyo en 2021 y 2022" y llama a los Estados "a evitar una retirada prematura del apoyo y hacer un uso completo de la financiación de los fondos europeos".

"La implementación de inversiones y reformas dentro del Instrumento de Recuperación y Resiliencia ayudará a apoyar la recuperación económica, fomentar un mayor crecimiento potencial y empleo, reducir los desequilibrios y mejorar las finanzas públicas", sostiene el Ejecutivo comunitario, que añade. "En 2022, las políticas fiscales nacionales deberían ir diferenciándose según la situación de cada Estado miembro, cambiando gradualmente, al tiempo que todos los Estados miembros deberían preservar las inversiones para apoyar la recuperación. Una vez que las condiciones lo permitan, los Estados miembros deberían aplicar políticas para garantizar la sostenibilidad fiscal a medio plazo".