La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha vuelto a topar con la Audiencia Nacional en su ofensiva contra el conocido como 'cártel de la basura' y busca ahora la vía del Tribunal Supremo como último recurso.

La Audiencia ha tumbado recientemente el segundo intento de Competencia de castigar a las participantes de ese supuesto cártel. El organismo decidió volver a expedientar a las presuntas infractoras, entre ellas algunas de las mayores constructoras de España, tras anular la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia hace tres años las sanciones de un primer expediente incoado en julio de 2013.

Entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, la Audiencia Nacional anuló las históricas multas (más de 95 millones) que impuso la CNMC en enero de 2015 a 43 empresas y a tres asociaciones sectoriales por repartirse contratos de limpieza y gestión de residuos en toda España. La misma Sala que tumbó esas multas ha estimado recientemente los recursos de las empresas contra la decisión de la CNMC de reabrir en mayo de 2019, por primera vez en su historia, un expediente anulado por los tribunales.

En una serie de sentencias dictadas en abril, la Audiencia ha estimado los recursos presentados por Urbaser (antigua filial de ACS), Cespa (Ferrovial) o Valoriza (Sacyr), y es tajante. Señala que ya se pronunció en su momento sobre el fondo de este asunto y cada una de esas resoluciones carecía "de mandato alguno de retroacción de las actuaciones con el fin de subsanar algún vicio formal ni abría la posibilidad de iniciar un nuevo expediente por los mismos hechos, a los mismos responsables, calificándolos de forma distinta".

Una tesis que coincide con la del Ministerio Fiscal y las argumentaciones empresas, que expusieron en sus recursos que "una vez se ha anulado una resolución sancionadora por no concurrir alguno de los elementos del ilícito (por una razón de fondo) la Administración "no tiene una segunda oportunidad" para tratar de castigar al interesado", en aplicación del principio procesal de "non bis in ídem" de no procesar ni sancionar más de una vez a alguien por un mismo hecho.

Una tesis que intentó refutar la Abogacía del Estado al defender que, aun aceptando que las sanciones en materia de defensa de la competencia pueden ser equiparables a las penales a los efectos de la aplicación de las garantías del proceso penal al correspondiente procedimiento administrativo sancionador, "habría que tener en cuenta las diferencias entre el orden jurisdiccional penal y el contencioso-administrativo para que la aplicación de la prohibición del bis in idem procesal (el derecho a no ser enjuiciado dos veces por un mismo hecho punible) no hiciera imposible la protección del bien jurídico protegido por las normas de defensa de la competencia".

Para intentar volver a sancionar a las presuntas infractoras, la CNMC optó por reabrir el expediente sin considerar las conductas investigadas una infracción única y continuada de la Ley de Defensa de la Competencia (que es la tesis que echó por tierra la Audiencia Nacional), sino analizándolas de forma separada, ampliando la investigación a medio centenar de sujetos.

El organismo, que recientemente expresaba su preocupación por el efecto que las prácticas anticompetitivas tienen en las licitaciones públicas (el último caso es el del conocido como cártel de las consultoras), explica, a preguntas sobre este asunto, que no comparte el criterio de la Audiencia y que sus servicios jurídicos están estudiando las vías para tratar de recurrir ante el Tribunal Supremo.

Mientras, varias de esas empresas acaban de presentarse al concurso del millonario servicio de limpieza del Ayuntamiento de Madrid. Según contó el jueves El Español, tanto Sacyr como Ferrovial, OHL y FCC (todas ellas multadas en su momento por la CNMC) van a volver a pujar por los contratos de este servicio, que ya se adjudicaron este servicio durante la etapa de Ana Botella y para el que el Consistorio madrileño tiene previsto un gasto de 1.700 millones de euros para los próximos de limpieza.

Todavía no ha confirmado si se ha presentado a ese concurso Urbaser, la antigua filial de ACS vendida tras la sanción de la CNMC a un grupo chino, que recibió la mayor multa (luego anulada, como el resto), por un importe superior a 23,2 millones.