La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha escrito este lunes a la presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, para pedirle que "analice cualquier posible comportamiento irregular o mala práctica de mercado por parte de los operadores eléctricos coincidentes con la entrada en vigor de la nueva estructura tarifaria", según ha avanzado la cadena Ser y confirman fuentes del ministerio.
La iniciativa de Ribera llega en un momento de precios récord en el mercado mayorista de electricidad para un mes de junio y unos días después de la entrada en vigor, el 1 de junio, de un polémico nuevo modelo de factura de la luz que penaliza el consumo en las horas más caras del día.
En enero, durante la escalada del recibo durante la borrasca Filomena, fue el ministro de Consumo, Alberto Garzón, el que se dirigió a la CNMC para que se investigase si había habido irregularidades.
La presidenta del organismo lo descartó unas semanas después. “Hemos estado investigando y analizando desde el primer día la situación para poder descartar que no hubiera ningún elemento de cartelización, distorsión de precios, etcétera, y la verdad es que los factores que he mencionado son los que realmente explican la situación. Aun así, seguimos vigilantes, y vamos a seguir siéndolo siempre, porque es nuestra función, desde luego”, afirmó Fernández en el Congreso a principios de febrero.
El Gobierno aprobó la semana pasada un anteproyecto de ley para tratar de rebajar los ingresos de las eléctricas en más de 1.000 millones de euros recortando a las tecnologías no emisoras anteriores a 2005 (principalmente hidráulica y nuclear) los ingresos del CO2, cuya cotización se ha disparado este año hasta máximos históricos.
La iniciativa ha provocado fuertes caídas de las compañías en Bolsa y en especial, de Endesa e Iberdrola, y ha llevado a las eléctricas a amenazar con la clausura anticipada de centrales nucleares porque les lleva a “la asfixia financiera” y “abocan al cierre” a esas instalaciones.
Acciona, otra de las empresas afectadas por el recorte propuesto, ha asegurado este lunes que las generadoras de electricidad van a poder repercutir al menos parte del recorte al precio del mercado eléctrico, con lo que el impacto de la medida sería inferior de lo anunciado.
“El Gobierno español ha adoptado en el pasado medidas similares que introdujeron nuevos costes a los generadores y estos costes podrían potencialmente ser internalizados y trasladados a los precios de mercado en su totalidad o en parte”, afirma en el documento de registro para la salida a Bolsa de su filial Acciona Energía. El grupo de la familia Entrecanales cifra el impacto bruto del anteproyecto del Gobierno en 29,4 millones, aunque en términos netos se quedaría en 12,1 millones; estima que afectaría al 13% de su potencia instalada, 1.125 MW.
