El gigante de la restauración Áreas, principal operador de restaurantes en los aeropuertos españoles y uno de los grandes inquilinos de Aena que rechaza su propuesta de rebaja de rentas, asegura que el grupo aeroportuario le aboca a la "insolvencia" tras repartir su filial española un dividendo de más de 182 millones de euros en diciembre de 2019, poco antes de la llegada de la COVID-19 y meses después de ser adquirida por el fondo de capital riesgo PAI.

Tras esa operación, que según Áreas es un mero "asiento contable", la matriz luxemburguesa del grupo pagó en el ejercicio 2020 a "personal clave de la dirección" 5,3 millones en concepto de salarios, bonus y otros beneficios, según sus cuentas.

Áreas, un gigante con más de 16.000 empleados, explota en España establecimientos bajo marcas propias como La Pausa, Eating Point o Caffriccio, y en franquicia otras como Starbucks, Rodilla, Subway o La Tagliatella. Es uno de los grandes operadores comerciales internacionales que se han enfrentado a Aena, junto a otros como Dufry, SSP o Ibersol, por los alquileres de sus locales ante el desplome del tráfico aeroportuario.

Esos grupos, dijo en febrero Maurici Lucena, presidente del grupo semipúblico (51% propiedad del Estado), "tienen detrás a grandes fondos de inversión, cotizan en Bolsa o han hecho recientemente operaciones de M&A, por lo que entiendo que tienen recursos financieros de sobra para afrontar las obligaciones contractuales".

En las cuentas provisionales del ejercicio 2020 (cerrado el pasado 30 de septiembre) que Áreas España ha entregado al Juzgado de Primera Instancia 50, en el marco de uno de los contenciosos que tiene abiertos con Aena, se recoge el reparto de un dividendo extraordinario de 182,1 millones. Según fuentes de Áreas, se distribuyó en diciembre de 2019, justo antes de la crisis del coronavirus.

Se trata de la típica operación de endeudamiento de una compañía que pasa a manos del capital riesgo. La firma francesa PAI, también accionista en España de Angulas Aguinaga y Tendam (Cortefiel), cerró la compra de Áreas en julio de 2019 (el mejor año de la historia del turismo en España) por 1.542 millones al grupo francés Elior. Para financiarla, endeudó a Áreas con un préstamo sindicado de 1.050 millones, más financiación adicional por otros 275 millones.

Tras esa compra, en noviembre de 2019, Áreas anunció la adquisición a la familia Benetton de otra empresa del sector, Autogrill Iberia, por la que asumió una plantilla de 1.000 trabajadores, 60 establecimientos y una facturación de unos 80 millones. Esta operación se cerró el pasado 14 de enero.

Según fuentes de Áreas, el citado dividendo de Áreas España es "un asiento contable con cargo a Reservas" mediante "la asunción o subrogación por parte de la Sociedad del crédito sindicado de su accionista único (Areas Worldwide)". "La distribución antes mencionada no implica una salida de caja de la Sociedad sino un mero asiento contable entre Fondos Propios y Deuda Bancaria que sirvió para financiar la operativa y los compromisos de la Sociedad".

Esas fuentes aseguran que "no hubo reparto de dividendos" porque posteriormente Áreas cerró el ejercicio 2020 en pérdidas. "Por tanto sin generar caja, por lo que ningún reparto es posible", sostienen.

Con 182 locales en aeropuertos españoles y 2.200 empleados, Áreas España registró en el ejercicio 2020 (cerrado en septiembre) unas pérdidas de 134,7 millones, tras desplomarse un 50% su facturación, hasta 214 millones. La caída en el área de aeropuertos fue de hasta un 91% desde el inicio de la pandemia. En el resultado negativo se incluyó un gasto de 109,9 millones correspondiente al 100% de la Renta Mínima Anual Garantizada (RMGA) facturada por Aena, "sin la adecuación proporcional a la caída del tráfico", según Áreas.

Tras distribuir ese dividendo, las reservas de la filial se quedaron casi a cero, al pasar de 171,8 millones a 1,71 millones. Las deudas a largo plazo se dispararon un 53%, hasta más de 204 millones. Un riesgo del que participa el Estado, a su vez principal accionista de Aena.

En las cuentas de Pax Equityco, la matriz luxemburguesa de Áreas (que tiene su cuartel general en España), se señala que a septiembre de 2020, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) le había avalado préstamos por importe de 24,1 millones, con un periodo de vencimiento de 3 años y un interés mínimo de 1,9%. La cifra actual, según datos del Ministerio de Hacienda, es de casi el doble y Áreas tiene 47,13 millones en deuda garantizada por el Estado ante la pandemia.

En las cuentas de la matriz luxemburguesa se recoge que "la compensación total del personal clave de la dirección del grupo alcanzó los 5,298 millones", incluyendo "salarios, bonus a corto plazo, beneficios en especie" y contribuciones a planes de pensiones. En 2019, la cifra fue de poco más de un millón, pero estas magnitudes no son comparables porque en ese ejercicio la firma solo tuvo actividad durante un trimestre. Fuentes de Áreas señalan que durante el ejercicio 2020 "el equipo corporativo de Áreas se refuerza con la incorporación de 3 personas adicionales".

"De ahí la variación de costes". "No se trata por tanto de ningún incremento. Por otro lado, tampoco se ha producido ningún pago de bonus o retribución variable alguna a dicho equipo en el ejercicio 2020", afirman. Ese equipo está compuesto por los equipos de dirección globales y por los correspondiente cargos directivos de los doce países en los que opera, explica Áreas.

Esas cuentas recogen unas pérdidas a nivel global de casi 609 millones en el ejercicio 2020 y explican que a 28 de febrero de este año la multinacional, cuyo consejero delegado es el español Óscar Vela, tenía una liquidez de 311 millones, tras facturar poco más de 1.000 millones en el ejercicio completo, frente a 581 millones de solo un trimestre de 2019. En ellas el auditor, KPMG destaca "la incertidumbre" sobre la capacidad del grupo para seguir en funcionamiento. Una preocupación que comparte la misma firma en la revisión de las cuentas provisionales de la filial española aportadas al juzgado, al presentar un fondo de maniobra negativo a 30 de septiembre, un patrimonio neto negativo en 81,7 millones e "importantes vencimientos de deuda en los próximos meses".

En ese procedimiento, en el que según fuentes conocedoras del proceso se dirime una reclamación de rentas impagadas por importe de unos 74 millones, Áreas ha incorporado un informe pericial de EY en el que alega que el pago de las RMGA que le exige Aena "puede abocar a la compañía a un concurso de acreedores, con las graves consecuencias que ello conllevaría para su plantilla y demás proveedores". Tendría un "grave impacto" en la situación financiera de Áreas 21, la sociedad que se quedó los activos de Autogrill, hasta el punto de "provocar su insolvencia", y haría que "no pudiera hacer frente a sus inmediatas obligaciones de pago con sus trabajadores y proveedores".

Aena propuso a sus inquilinos un acuerdo que suponía una quita del 100% para los alquileres de los meses del primer estado de alarma (del 15 de marzo al 20 de junio de 2020) en la RMGA que recibe, y del 50% en los meses siguientes, que incluía el compromiso de no recurrir a la justicia a partir de septiembre, cuando ya no habría rebajas de rentas, pese a la incertidumbre sobre cuándo se recuperará el tráfico aéreo. Los que se han negado a aceptar lo consideran insuficiente porque el pasado ejercicio el tráfico en los aeropuertos españoles se desplomó un 75%.

De momento, Aena está perdiendo esa batalla en los tribunales, que están impidiendo el cobro de las rentas pendientes y la ejecución de los avales del 100% de la RMGA que reclama Aena por impago. La última sentencia, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 39 de Madrid, ha mantenido la paralización cautelar de unos 320 millones reclamados a la suiza Dufry, dueña de las tiendas Duty Free, Duty Pay y Retail. Entre este operador, Áreas y SSP, los jueces han paralizado el ingreso de unos 474 millones que Aena se había apuntado en sus cuentas.

El grupo aeroportuario sostiene que una reciente sentencia del Tribunal Supremo por un antiguo conflicto en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, que abriría la puerta a que la actividad comercial y de restauración en sus instalaciones no sean contratos privados, sino concesiones, no afecta a este contencioso.

Aena también está perdiendo la batalla en el flanco político. La semana pasada, la Comisión de Hacienda del Congreso aprobó por unanimidad una proposición no de Ley para permitir una bajada de sus alquileres proporcional al desplome del tráfico de pasajeros. La proposición partió de ERC. Su portavoz, Joan Capdevila, pidió a Aena que "se comporte como un casero sensato y no como un fondo buitre" y sea "razonable" con sus inquilinos, porque la reducción que ha propuesto es "claramente insuficiente para evitar quiebras y despidos en los comercios y restaurantes sitos en los aeropuertos". Durante el debate, el portavoz del PP llegó a afirmar que Aena recurre al "chantaje y la extorsión" con sus inquilinos.