El Gobierno puede adelantar a las 10 de la noche la hora valle (la más barata) de la nueva factura de la luz, como han pedido dos ministros de Unidas Podemos, sin recurrir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El 'súperregulador', que diseñó esta nueva estructura, ha descartado actuar ahora sobre su parte de la factura, los llamados peajes de acceso, porque “sería precipitado” y solo lleva unos días en marcha, pero el Ejecutivo tiene la potestad de actuar sobre la parte regulada del recibo que fija, los llamados cargos.

Los cargos tienen un peso mucho más relevante en el recibo (cerca del 33% del total) que los peajes que fija la CNMC (22%). El Consejo de Ministros fijó en marzo por Real Decreto la metodología para calcularlos y en abril, una orden firmada por la ministra para Transición Ecológica, Teresa Ribera, definió los precios de los cargos en base a una estructura tarifaria por niveles de tensión equivalente a la establecida por la CNMC en una circular de enero de 2020.

La nueva factura ha entrado en vigor tras varios aplazamientos y con el mercado mayorista de electricidad, donde se negocia el coste de la energía, disparado por el encarecimiento de los derechos de emisión. Desde hace dos semanas el llamado pool está en niveles similares al pico de la borrasca Filomena. Sin visos de que la tendencia remita a corto plazo, la presión sobre el Ejecutivo crece. Y lo seguirá haciendo a medida que empiecen a llegar las facturas de un mes de junio que amenaza con ser el más caro de la historia, tras el mayo más caro desde que hay registros, con el consiguiente efecto en la inflación.

El asunto ha abierto ya un nuevo foco de fricción en el Gobierno de coalición. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que en diciembre ya chocó con la vicepresidenta Teresa Ribera por los cortes de suministros durante la pandemia, dijo el miércoles en su cuenta de Twitter que “sería buena idea adelantar la hora valle a las 22h de lunes a viernes como propone FACUA y se lo solicitaremos a la CNMC”.

Algo que el organismo descartó el jueves. Según la CNMC, cuya presidenta, Cani Fernández, pedía la víspera al Gobierno “ambición” para reformar la fiscalidad de la energía, “el diseño de peajes se ha llevado a cabo a partir de un riguroso trabajo de análisis de costes y perfiles de demanda de los colectivos de consumidores” y no es “arbitrario ni aleatorio”.

También el ministro de Consumo, Alberto Garzón, tuiteó el miércoles que “es necesario adelantar la hora valle”. El jueves, en una entrevista en la andaluza 7TV, aseguró que “la competencia exacta de esta tarifa es de la CNMC, ni siquiera es del Gobierno”. “El margen que tenemos en el Gobierno existe, pero no es el que la gente cree”, afirmó. Garzón defendió que el adelanto propuesto "va a ayudar", sin renunciar a otras opciones como la empresa pública de energía que figuraba en el programa de Unidas Podemos y Teresa Ribera rechaza.

El Ejecutivo no puede dar instrucciones a un organismo independiente como la CNMC (se arriesgaría a un expediente de la Comisión Europea), pero sí modificar los cargos. “La solución más fácil que tiene es no someterse a los periodos de la CNMC: repartir los cargos de otra forma y crear un cuarto periodo, de 10 a 12 de la noche, con cargos más baratos, a costa de subirlos en otro tramo”, resume el empresario de las renovables y experto en el sector eléctrico Jorge Morales de Labra. 

Esto “podría hacerlo de un día para otro”, si bien su entrada en vigor no sería inmediata: habría que reprogramar 27 millones de contadores de la luz “y eso lleva un año hacerlo”. 

Morales apunta que la subida de la luz que van a soportar los consumidores “no tiene nada que ver” con la nueva factura, cuyo efecto más claro desde su puesta en marcha ha sido un ligero desplazamiento de la demanda hacia la medianoche, momento en el que se aprecia un repunte en el consumo a esa hora en los días laborables.

El Gobierno justifica la nueva factura como una medida para fomentar el ahorro, la eficiencia, el autoconsumo, el despliegue del vehículo eléctrico y nuevos usos como los sistemas de calefacción con bomba de calor. También como forma de evitar nuevas inversiones en redes al promover el consumo cuando están menos congestionadas. El problema para el Ejecutivo es que entrado en vigor con el megavatio por encima de los 80 euros, un nivel desconocido para estas alturas del año que amenaza con prolongarse semanas. El jueves, los futuros del pool para julio llegaron a cotizar a 87 euros. 

El Ministerio para la Transición Ecológica no se pronuncia sobre la posibilidad de actuar sobre los cargos. Recuerda que se ha pedido a Competencia que siga “de cerca y evalúen el impacto del cambio de tarifa en consumidores domésticos, industriales y, sobre todo pymes”, valoren “si hay consumos cautivos y eventuales efectos regresivos” y “se mantengan vigilantes por si pudiera haber comportamientos contrarios al buen funcionamiento del mercado”.

En el ministerio señalan que son “respetuosos con las competencias de la CNMC”. “Hay que estar muy atentos y velar por el buen funcionamiento de algo que, en sus modelizaciones, daba buen resultado pero que es novedoso y que inicia su funcionamiento en un momento de precios de la luz altos”.

El 7 de junio, una semana después de la entrada en vigor de la nueva factura, Ribera pidió a la CNMC que "analice cualquier posible comportamiento irregular o mala práctica de mercado por parte de los operadores eléctricos coincidentes con la entrada en vigor de la nueva estructura tarifaria". Esa petición es un clásico entre los ministros de Energía. Lo hicieron los populares Álvaro Nadal en 2016 y José Manuel Soria en 2013. En ambos casos, el organismo acabó sancionando a las eléctricas por manipular el mercado.

La escalada actual se explica fundamentalmente por el encarecimiento del carbono, un aspecto al que se ha sumado que desde hace semanas hay dos reactores nucleares en parada por recarga: Vandellós II (desde abril) y Trillo (desde mayo), con cerca de 2.200 megavatios (MW) de potencia firme fuera de servicio. El jueves se sumó Ascó II (otros 1.027 MW), que notificó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) una parada no programada por un fallo técnico.

El miércoles, el precio medio de pool en 2021 superó por primera vez los 55 euros, por encima de la horquilla que, según ha dicho en varias ocasiones el consejero delegado de Endesa, José Bogas, necesitan las nucleares para tener una rentabilidad “adecuada”.

Una rentabilidad a la que quiere poner coto el Gobierno por considerar que es excesiva. El Ejecutivo ha aprobado un anteproyecto de ley para frenar los denominados beneficios caídos del cielo de hidroeléctrica y nuclear que, en el mejor de los casos, no estaría en vigor hasta final de año. El PP lo ha criticado pese a que propuso un mecanismo similar a finales de mayo. Según las eléctricas, la propuesta de recortar el denominado dividendo de carbono puede provocar el cierre anticipado de las nucleares, necesarias para la transición a las renovables.

Acciona, que también se vería afectada porque tiene hidroeléctricas y eólicas anteriores a 2005 que sufrirían el recorte propuesto, cree que podrá trasladar al menos parte al pool. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, negó el miércoles que esos llamados windfall profits existan y pidió “seguridad jurídica” al Gobierno.