Ribera rechaza intervenir la luz y admite que el recibo subirá un 25% este año

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha descartado este lunes en el Congreso adoptar medidas de intervención sobre el mercado mayorista de electricidad como las que le propuso la semana pasada Unidas Podemos, que ha pedido topar los precios que cobran las plantas hidroeléctricas y nucleares. Ribera ha reconocido que el recibo para un usuario medio se va a disparar este año un 25% con respecto a los bajos precios de 2020, en plena pandemia.

En una comparecencia en el Congreso, la vicepresidenta ha cargado contra la falta de "empatía social" de las compañías por la gestión de las presas hidroeléctricas.

Y ha propuesto reducir la vinculación de la tarifa semirregulada del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) del mercado mayorista, al que está directamente indexada y que en agosto ha batido ocho récords históricos en una escalada sin precedentes que ha disparado el IPC en agosto. El último y segundo consecutivo, este martes.

Ribera ha explicado que, con una proyección de los precios actuales, el recibo de la luz que pagan los 10 millones de hogares acogidos al PVPC se va a situar en 644 euros anuales, lo que supone un incremento aproximado del 25% con respecto al "récord de precios bajos" de 2020, cuando la factura fue de 512 euros anuales, con los precios del mercado mayorista hundidos por la pandemia.

Durante su comparecencia, en sesión extraordinaria, en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para informar sobre los precios de la electricidad y la reforma del sistema eléctrico, Ribera ha dado su respaldo a la petición, registrada la semana pasada por Más País, Compromís y Nueva Canarias, de varios grupos minoritarios de crear una comisión de investigación sobre el precio de la luz. Pero ha puesto pie en pared contra la última propuesta de Unidas Podemos para intervenir el mercado eléctrico.

Ha asegurado que el Gobierno “jamás va a impulsar la adopción de medidas que sabemos que son frontalmente contrarias al derecho comunitario” porque “no hay nada más perjudicial para los ciudadanos” y eso “acaba convirtiéndose en pérdida de confianza para el país” y se traduce en “sanciones más intereses”. 

A continuación, y en clara alusión a las propuestas de Unidas Podemos, se ha referido a “algunos elementos básicos del marco comunitario que no debemos olvidar”: la “prohibición expresa” de “establecer precios mayoristas regulados” desde “hace más de 25 años” y la “prohibición de establecer precios máximos o mínimos”, así como de “discriminar tecnologías en el mercado mayorista”, algo que es la "quintaesencia" de la política energética europea.

La vicepresidenta, que en su intervención inicial no ha hecho ninguna alusión a su propuesta de que una empresa pública asuma las concesiones hidroeléctricas, ha dicho que en el Gobierno son “sensibles a una demanda planteada por las asociaciones de consumidores” para “regular de nuevo esa tarifa PVPC reduciendo su dependencia de un mercado volátil como es el mercado mayorista” y vinculándola a “una cesta de indicadores más estables” que permitan precios “menos volátiles” que ahora.

Pero ha advertido de que “esta mayor seguridad” supone una mayor prima de riesgo, por lo que “hay que ser cautos respecto a cuales son los indicadores a los que indexa y en qué momento se produce”. 

Ribera, que ha avanzado que la suspensión del impuesto a la generación se va a prolongar también el último trimestre del año, también se ha referido a la “escandalosa reducción de algunos volúmenes de agua” en determinados embalses que “no es descartable que sea compatible con las cláusulas concesionales”, pero que “no es razonable” cuando esta fuente, que utiliza un bien público, “ha marcado el precio el 65% de las horas en junio, el 64% en julio y el 59% en agosto”, cuando “evidentemente no internaliza ni el coste por combustible fósil ni coste por CO2”. 

Aunque es “muy probable” que lo que han hecho sea legal, Ribera ha reprochado a las eléctricas que “en absoluto” hayan mostrado “empatía social”, un valor que también “cotiza en bolsa”. 

Según ha explicado, el Gobierno “está trabajando” ya en la aplicación del artículo 55 de la Ley de aguas, aunque no ha dado más detalles al respecto. Este artículo regula las facultades de los organismos de Cuenca y, llegado el caso, les permite “condicionar o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar su explotación racional”.