La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha confirmado este jueves en el Congreso que el organismo va a aplicar "directamente" la prohibición de contratar para empresas multadas por falsear la competencia. "En la actualidad estamos trabajando en una guía, en unas directrices, que establecerá los criterios que vamos a adoptar en su imposición, que vamos a adoptar nosotros directamente", ha dicho Fernández.

El anuncio llega después de que en noviembre el organismo sacara a audiencia pública su propuesta para fijar directamente la duración y el alcance del veto a empresas multadas por incurrir en infracciones graves de la normativa de competencia, en lugar de remitir sus resoluciones a la Junta de Contratación del Estado, como ha hecho hasta ahora.

Lo que plantea la CNMC es ser el organismo que determine el alcance y la duración de esa prohibición de presentarse a concursos públicos: a qué empresas y mercados afectaría y durante cuánto tiempo. Eso sí, las infractoras podrán seguir pleiteando para desactivar el veto en la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, que podrá suspenderlo cautelarmente, como suele ocurrir con las sanciones que impone la CNMC.

Durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso para exponer las líneas básicas de su actuación y sus planes y prioridades para el futuro, la presidenta de la CNMC ha recordado que las Administraciones pueden pedir el resarcimiento de daños a cárteles que han perjudicado a las arcas públicas.

Y ha puesto el ejemplo de la Generalitat de Catalunya, que va a reclamar 526 millones de euros de indemnización al conocido como cártel de los pañales para adultos, tras declarar firme el Tribunal Supremo la sanción que impuso la CNMC a las infractoras. "Animaría a todos los servicios de salud que hayan podido ser víctimas" a pedir ese resarcimiento, ha dicho Fernández.

La presidenta de la CNMC, cuyo mandato de seis años va a llegar a su ecuador en junio, ha puesto el foco en cómo han crecido "de forma inopinada" las competencias para el organismo, de cuya puesta en marcha se cumplirán diez años en octubre.

Como ejemplo, ha señalado que en 2022 la CNMC ha recibido 24 nuevas funciones en materia de energía mediante siete Reales Decretos-Ley y tres nuevas leyes: de vigilar el margen de las estaciones de servicio al análisis de los requisitos para subvenciones en digitalización de redes de energía o la supervisión de la repercusión de los nuevos impuestos al sector. Esto "no nos preocupa, siempre y cuando vaya acompañada de recursos".

En materia de energía, el organismo ha supervisado el pasado ejercicio las obligaciones de pago del mecanismo del tope al gas y ha tenido que responder a decenas de reclamaciones y consultas de las empresas sobre este asunto. O supervisar la declaración de unas 250 instalaciones de generación sobre los beneficios excesivos de las tecnologías inframarginales por el tope a sus ingresos por la subida del gas.

Sí "preocupa" a la entidad que se les atribuyan funciones "ajenas" a su función, que suponen un "esfuerzo sobrevenido que implica asumir una función desconocida en la que hay que empezar desde cero" y "desvía de los problemas de medio y largo plazo" que debe afrontar el organismo y a su organización interna.

La asunción de esas nuevas funciones hace "aún más urgente la necesaria reforma" de la ley de Defensa de la Competencia, ha dicho Fernández, que se ha felicitado porque varias enmiendas al anteproyecto de Ley de la Autoridad de Defensa del Cliente financiero van a satisfacer algunas de las demandas del organismo.

La presidenta de la CNMC ha pedido a los diputados que "miren con mucho cariño" esas enmiendas, que entre otras cosas plantear ampliar el plazo de instrucción de los expedientes de la CNMC hasta 24 meses, frente a los 18 actuales. "Seguiremos siendo uno de los estados miembros con un plazo tan corto", ha subrayado.

En otra de las enmiendas a esa norma, registrada por el PSOE, se plantea dar más independencia al organismo en la gestión de sus puestos de mayor responsabilidad, de modo que estos puedan ser asumidos por trabajadores del organismo y no solo por funcionarios del subgrupo A1, informa Europa Press.

Fernández ha destacado en su comparecencia que España tiene un “elevado nivel de resiliencia frente a los cortes de suministro” por su tupida red de regasificadoras. Y ha señalado que la apertura de la planta de El Musel (Gijón) como almacén de gas para Europa va a suponer un "ahorro" para los consumidores respecto a la situación de hibernación en la que se encontraba.