La última vez que se modificó la jornada de trabajo máxima en España fue hace 40 años. En 1982, Felipe González se hizo con la presidencia del Gobierno, el primer gobierno de izquierdas posterior a la dictadura franquista. Una de sus promesas electorales más populares era el recorte de la jornada a las 40 horas semanales, "reivindicación histórica del movimiento obrero y de la izquierda", recuerda Joaquín Almunia, el ministro de Trabajo en aquel momento. La ley levantó a los empresarios, que pusieron "el grito en el cielo", pero también acabó siendo motivo de "mucha bronca" con los sindicatos y "el inicio de la ruptura de UGT con el PSOE", coinciden varios actores de la época.

Al igual que Sumar incluyó el recorte de la jornada laboral como una de sus medidas estrellas en la pasada campaña electoral, el PSOE de Felipe González hizo lo propio hace cuatro décadas, de cara a los comicios generales de octubre de 1982, que dieron a los socialistas una amplísima mayoría absoluta, con 202 diputados.

Además de la creación de 800.000 puestos de trabajo, los socialistas enarbolaron la bandera sindical de la jornada de 40 horas semanales, sin reducción de salario, para ser aprobada en el primer año de mandato, y la ampliación de las vacaciones a 30 días naturales. Con el Estatuto de los Trabajadores recién aprobado dos años antes, en 1980, las vacaciones eran entonces de 23 días naturales y la jornada "de trabajo efectivo" podía alcanzar las 43 horas semanales si era partida (con una hora de descanso diaria como mínimo) y de 42 horas semanales si era continuada.

"Habíamos conocido las jornadas de 48 horas a la semana hacía poco, estuvo vigente hasta el año 1976", cuando se redujo a 44 horas semanales, destaca el catedrático de Derecho del Trabajo, Eduardo Rojo. Así, en apenas seis años las normas laborales habían reducido notablemente las horas legales de trabajo. "Fue muy relevante, algo histórico", recuerda Rojo.

A finales de diciembre de 1982, menos de un mes después de la toma de posesión del gobierno socialista, el Consejo de Ministros aprobó la jornada laboral de 40 horas semanales para que fuera tramitada en las Cortes y que entrara en vigor a mediados del año siguiente. El ministro Almunia presentó ante la prensa la reducción de la jornada máxima como una reivindicación "ampliamente sentida" por la sociedad, que alcanzaba a cuatro millones y medio de trabajadores, y subrayó que la medida acercaba a España "a los niveles europeos".

En la misma rueda de prensa de diciembre del 82, los ministros socialistas ya tuvieron que responder a las críticas de la patronal CEOE, y en concreto las de la banca, que se revolvieron en contra de la medida desde un inicio. Los empresarios defendieron que, en caso de reducirse la jornada, esta disminución tendría que tener una repercusión en los salarios. "La filosofía de la CEOE en este sentido es que si los asalariados trabajan menos, cobren menos, para que así colaboren en el sacrificio que se pide a todos para crear empleos", recogía ABC en esos días.

Con argumentos similares a las críticas actuales de la patronal al acuerdo de gobierno de PSOE y Sumar para reducir la jornada a las 37 horas y media, como el aumento de costes, la afectación al empleo y la vulneración de la negociación colectiva, entonces el tono de las organizaciones empresariales era "más duro", considera Joaquín Almunia en conversación con elDiario.es.

"La CEOE tuvo ya un tono intolerable en la campaña electoral y le costó digerir los resultados de las elecciones", apunta Almunia. Dado que tenían una mayoría muy holgada, el Ejecutivo de Felipe González inició su hoja de ruta en seguida, lo que "no sentó nada bien" a la patronal, dirigida por su presidente Carlos Ferrer Salat, "más dialogante", pero con José María Cuevas como secretario general, "que tenía un tono más agrio", valora el entonces ministro de Trabajo.

A días de aplicarse la medida, José María Cuevas declaró la insumisión a la nueva norma ante los medios: "La CEOE no acepta la entrada en vigor del decreto que fija en 40 horas semanales la jornada de trabajo", ya que consideraba que iba en contra del Acuerdo Interconfederal de 1983. La patronal anunció la denuncia de "la mayoría de los convenios firmados", que dio lugar a una batalla judicial sobre la interpretación y aplicación de la norma con "muchos conflictos colectivos", recuerda Enrique Lillo, abogado laboralista de CCOO.

Por un lado, los tribunales dieron la razón a los sindicatos en que la norma tenía una aplicación inmediata, ya desde julio de 1983, independientemente de que los convenios se hubiesen pactado previamente, algo que confirmó el Constitucional en 1990. Por otro lado, la justicia falló a favor de los empresarios en la posibilidad de la distribución irregular del horario dentro de la jornada anual, lo que permitía superar algunas semanas el límite de 40 horas en favor de otras más cortas, según la actividad de la empresa.

"De algo malo, la reducción de la jornada, conseguimos un efecto bueno, pactar la jornada anual, globalizar la jornada. Provocó una gran conmoción en Europa, recuerdo perfectamente la carta de la patronal alemana felicitándonos", explica Fabián Márquez, presidente de Arinsa y negociador durante años de la patronal. "Fueron meses de mucha tensión y negociación", recuerda, ya que muchas empresas mantenían jornadas que superaban el nuevo límite legal. "Entonces los bancos abrían los sábados", responde Márquez sobre el porqué de tanta hostilidad del sector financiero.

Joaquín Almunia relata una "anécdota" que da cuenta de la tensión en la tramitación parlamentaria de la medida. "Había una coma que se movía en el texto y cambiaba el sentido en contra de la voluntad del legislador. Cuando salió el texto de la ponencia, se lo dije a los letrados de las Cortes y se corrigió, pero después el texto volvía a tener la coma", sostiene el socialista. "Nunca lo pude probar, pero creo que había alguien de CEOE detrás", añade Almunia. ABC da cuenta en una información del 23 de julio de esta coma fantasma, con la que se indica que la patronal había hecho su interpretación sobre la aplicación de la ley.

Sin embargo, las discusiones no se limitaron al lado de los empresarios. Desde su anuncio en diciembre de 1982, "la tramitación de la norma estuvo marcada por las incidencias", explica Agustín Moreno, entonces secretario de Acción Sindical de CCOO, más tarde dedicado a la enseñanza y a la política (ex diputado regional de Unidas Podemos en Madrid).

Más allá de la coma fantasma que favorecía a la CEOE, los sindicatos mayoritarios lanzaron duras críticas contra el Gobierno cuando este publicó una instrucción sobre cómo debía aplicarse el límite de 40 horas a la semana en lo que quedaba de año, con un cómputo que reflejaba más horas que las que anotaban los sindicatos. Las centrales sindicales acusaron directamente al Ejecutivo de Felipe González de plegarse a la CEOE y desvirtuar "plenamente el contenido de la ley", apuntaba CCOO a los medios de la época.

La disputa fue especialmente relevante en el caso de UGT, por la unión histórica existente con el PSOE, que se rompería pocos años después. Nicolás Redondo, entonces líder del sindicato, tuvo un "enorme cabreo" con la actuación del Gobierno socialista sobre la aplicación de las 40 horas de jornada, sostiene Fernando Luján, actual vicesecretario general de Política Sindical de UGT. "Por aquel entonces, Nicolás ya acuñó la frase que luego repetiría 'no hay más radical que un moderado engañado'. Empezó ahí su divorcio con Felipe González", explica Luján.

Agustín Moreno coincide, de su amistad de años y conversaciones con Redondo (fallecido hace unos meses), en que el encontronazo sobre la jornada de 40 horas a la semana fue "el principio de la ruptura histórica del PSOE y UGT", cuando se "rompió una confianza" que se resquebrajaría después con más conflictos, como el proceso de reindustrialización, la reforma de pensiones y el plan de empleo juvenil que dio lugar a la gran huelga del 14-D de 1988, entre otros.

"Creo que muy rápidamente el PSOE tomó consciencia de que no quería enfrentarse tanto a la patronal", valora Moreno, que destaca que la flexibilidad permitida impedía el espíritu de reparto del trabajo que defendían los sindicatos con las 40 horas bajo el lema 'Trabajar menos para trabajar todos'.

Joaquín Almunia sigue defendiendo que "había que graduar" la aplicación de la medida, por lo que reconoce que discutió mucho con los sindicatos. El entonces responsable del Ministerio de Trabajo advierte de la difícil situación del mercado laboral de la época, con altos niveles de paro y una economía afectada por varias crisis, entre ellas inflacionistas, que los socialistas heredaron del anterior gobierno. "Había que ser cuidadosos con los efectos no deseados", considera.

Fabián Márquez, negociador con la patronal, cree que "Almunia fue consciente de la repercusión que iba a tener eso en las empresas, en el país". Advierte de que, aunque muchos sectores ya tenían jornadas pactadas en este sentido, otras actividades no y tenían que adaptarse al cambio. "Como ocurre ahora, no todas podrán hacerlo", sostiene Márquez, que señala en especial a los sectores de hostelería y comercio y a las pequeñas empresas.

En la parte trabajadora, consideran que la "sobreactuación" de los empresarios en los 80 se está replicando en el presente, indica Fernando Luján, que pone el acento en que los pronósticos fatalistas de las patronales no se cumplieron hace cuarenta años ni lo harán ahora, cuando considera que la reducción de la jornada mejorará la productividad.

"Siempre lanzan mensajes catastrofistas y esto no hunde nada, como no lo ha hundido la reforma laboral ni el salario mínimo", destaca también Enrique Lillo. Agustín Moreno defiende que el acuerdo de gobierno es "moderado" y recuerda que la reivindicación sindical se sitúa en las 35 horas a la semana, jornada que reguló Francia hace más de 20 años. "La jugada de la CEOE es poner pie en pared, impedir que se vaya a más, pero este debate debería seguir, no puede quedarse en las 37 horas y media", sostiene.