La Justicia europea da un portazo al que fue abogado del futbolista Diego Armando Maradona en sus intenciones de apropiarse de la marca Diego Maradona registrada oficialmente en la UE en 2008. El Tribunal General de la UE (TGUE) da la razón a los herederos del deportista argentino en la batalla legal por la cesión de dicha marca a través de la sociedad Sattvica, con domicilio social en Buenos Aires.

La muerte del deportista en noviembre de 2020 desencadenó una batalla legal entre sus hijas y el abogado, Matías Morla, por la explotación de la marca tanto en Argentina, como en Estados Unidos, que dio la razón al letrado, o en la UE.

El jugador argentino inició en julio de 2001 las gestiones para registrar Diego Maradona ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés) como una marca de ropa y calzado así como una amplia gama de servicios que iban desde la restauración y la hostelería hasta informática o gestión de derecho de autor. Siete años después el registro se hizo efectivo.

Tres meses después de la muerte del futbolista, la compañía Sattvica solicitó en la UE la cesión de la marca y presentó dos documentos que Maradona había expedido en su favor: una autorización para la explotación comercial de marcas, fechada el 26 de diciembre de 2015, y un convenio de autorización de uso de marca, sin fecha. La oficina de propiedad intelectual europea inscribió dicha cesión en el registro, pero un año después la canceló a instancias de los herederos del deportista.

Sattvica recurrió esa decisión de la EUIPO ante la Justicia europea para que la anulara, pero el Tribunal General ha rechazado su petición y ha dado la razón a la oficina de marcas al considerar que los documentos aportados por la sociedad "no justifican formalmente una cesión de la marca a su favor en el marco de un contrato firmado entre las dos partes (Sattvica y Maradona)", según explica en una nota.

"Debido a que Maradona falleció antes de que se presentara la solicitud de registro de la cesión, Sattvica no podía corregir las irregularidades detectadas. Tampoco podía presentar otros documentos", agrega el TGUE. La batalla legal puede continuar, no obstante, porque la resolución del TGUE se puede recurrir ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en un plazo de dos meses.