Nueva investigación penal sobre Ferrovial en Europa del Este, en este caso, en Eslovaquia, por presuntos delitos medioambientales en la construcción de una autopista de más de 1.000 millones de euros, uno de los mayores proyectos de la historia de ese país.

La constructora de la familia del Pino tiene abiertas dos investigaciones criminales allí por hechos que, según la concesionaria del proyecto, de confirmarse pueden comprometer la financiación de la infraestructura, para la que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) aportaron en 2016 más de la mitad de la inversión prevista, 576 millones.

El pasado 2 de junio, unas semanas después de que los accionistas de la constructora aprobaran por abrumadora mayoría el polémico traslado de la matriz del grupo a Países Bajos, llegó la última denuncia. La policía de Bratislava presentó nuevos cargos por un presunto delito de daño al medio ambiente contra D4R7 Construction SRO, filial eslovaca de Ferrovial (65%) encargada de construir la autopista junto a la austriaca PORR (35%).

A finales de 2015 se adjudicó la construcción y explotación, durante 30 años, de un anillo de circunvalación en la capital eslovaca por 1.010 millones, a un consorcio liderado por Ferrovial. Fue su primer proyecto en ese país y "una de las mayores obras llevadas a cabo en Europa mediante colaboración público-privada", como la definía en 2021, y utilizó la fórmula conocida como PPP, muy poco explotada hasta entonces en Eslovaquia.

Fue el tercer proyecto de estas características allí, tras dos experiencias fallidas. Actualmente, los accionistas de la concesionaria son Cintra, filial de Ferrovial, y la australiana Macquarie, con un 35% cada uno, el fondo escocés Abrdn (20%) y PORR (10%).

Ferrovial ha aportado algunas pinceladas de la última denuncia presentada en junio en documentos remitidos a la Bolsa de Irlanda, donde tiene registrada una emisión de bonos, y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española.

Según Ferrovial, "se alega que entre mayo y diciembre de 2018, en determinadas parcelas protegidas situadas en Blatná na Ostrove", al sureste de la capital eslovaca, "D4R7 causó daños medioambientales cuantificados en 6.594.188,76 euros, al extraer más de 200.000 toneladas de tierra sin permiso". 

"Dado que las acusaciones se presentaron recientemente, no se dispone de información adicional. D4R7 rechaza estas acusaciones". "No se ha dotado ninguna provisión por este concepto". Ferrovial ha presentado ya respuesta a los nuevos cargos, según fuentes del grupo.

Esta denuncia se suma a otra presentada en junio de 2019 por la Jefatura provincial de la Policía nacional en Bratislava contra la Joint Venture encargada de construir la autopista, por supuestos delitos de riesgo y daños al medio ambiente.

En este caso, según ha explicado Ferrovial a la CNMV, por excavar ilegalmente tierra en dos parcelas de Jánošíková, también al sureste de Bratislava. Los presuntos daños y perjuicios se cifran en 8,7 millones. Ferrovial considera "improbable que la investigación genere algún riesgo, por lo que no se ha reservado ninguna provisión con respecto a este litigio".

Menos optimista es la empresa que gestiona la concesión, la sociedad británica Zero Bypass Limited. Tanto esta firma como su auditor, Mazars, advierten en sus cuentas de 2022, formuladas en julio y recientemente remitidas al Registro Mercantil de Reino Unido, que estas investigaciones y la falta de licencia final para el proyecto suponen "una incertidumbre material que puede arrojar una duda significativa sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento". 

El proyecto, cuya inauguración anunció Ferrovial en 2021, acumula "retrasos considerables debido a que la autoridad contratante no ha facilitado permisos de construcción válidos". Esto ha impedido obtener "el permiso final de ocupación en una fecha aceptable para los prestamistas", se lee en esas cuentas.

Entre esos prestamistas sobresalen los dos grandes organismos multilaterales europeos de crédito. El más importante es el BEI, la entidad supranacional que aspira a presidir a partir de enero la actual vicepresidenta económica en funciones, Nadia Calviño. En 2016 este organismo se comprometió a financiar la infraestructura con 426 millones. El BERD aportó otros 150 millones.

La concesionaria afirma en sus cuentas que "el permiso final de ocupación del proyecto debería ser obtenido en noviembre de 2023, como muy tarde". Ferrovial, a preguntas sobre este asunto, reconoce que sigue sin tener ese permiso, pero sí cuenta con la aprobación provisional". Recuerda que entre el 19 de julio de 2020 y el 12 de noviembre de 2021 "se han abierto al tráfico todos los segmentos de la autopista". La infraestructura está en servicio y "únicamente falta completar trabajos menores que no impiden el uso de la misma".

Según Ferrovial, "la obtención del certificado final es fundamentalmente un conjunto de trámites burocráticos, y en su mayoría dependen de diferentes administraciones".

El principal escollo "es que la Administración concedente no quiere llevar a cabo determinadas obras que dependen de ella, ni realizar determinadas medidas medioambientales requeridas por el BEI, por eso ha decidido actuar como si se hubiera obtenido el certificado final de todas las obras y está pagando a la concesionaria íntegramente el pago por disponibilidad de la infraestructura".

La concesionaria explica en sus cuentas que en abril de 2019 el contratista de la obra, la joint venture de Ferrovial y PORR, fue acusado de "cargos de supuesta extracción ilegal en un pozo" y, en junio de 2021, "por cargos de supuestos vertidos ilegales de agua". De confirmarse esos delitos, reconoce, supondrían "un quebrantamiento de los acuerdos financieros" con esos dos organismos europeos.

Otro tanto ocurre con el nuevo procedimiento abierto en junio de 2023, que "podría constituir un delito penal y en consecuencia, un incumplimiento de los acuerdos financieros", admite en sus cuentas.

A la vista de estos retrasos y de las acusaciones sobre la contratista de las obras, la concesionaria advierte del "riesgo de que los bancos dejen de financiar el proyecto después del 29 de noviembre de 2023", un escenario eso sí "poco probable".

En esa fecha expira un waiver [dispensa] solicitado a los bancos para que no ejerzan su derecho a declarar el pago anticipado de la deuda por no haberse obtenido el certificado final.

Ferrovial explica por correo electrónico que "la deuda ya ha sido íntegramente dispuesta" y que ante la próxima expiración de ese plazo el próximo día 23, la concesionaria va a negociar otro waiver. Los bancos le han comunicado "verbalmente" que no tienen intención de exigir ese pago anticipado, pero "quieren presionar al concedente para que cumpla con sus obligaciones medioambientales".

Como no hay constancia "por escrito" de esa voluntad de los bancos, el auditor de esa sociedad británica ha decidido incluir esa advertencia, según Ferrovial, que subraya que "no hay un riesgo real de que los bancos declaren un incumplimiento".

La relación entre los socios de ese PPP tampoco está siendo pacífica. Las constructoras han reclamado una compensación de 6,4 millones en intereses de demora a la concesionaria y las partes han acordado designar un experto independiente para dirimir el conflicto.

Según fuentes de Ferrovial, la reclamación se basa en retrasos en el pago de certificaciones. "Este tipo de desavenencias pueden considerarse normales en este tipo de contratos".

En sus cuentas, Zero Bypass acusa al contratista de la obra (Ferrovial y la austriaca PORR) de incumplir "repetidamente" sus obligaciones sobre plazos y de violaciones de las leyes ambientales y sectoriales eslovacas que "llevaron a congelaciones temporales en la liberación de los fondos de los prestamistas" entre 2017 y 2022.

También está siendo tensa la relación con la Administración pública eslovaca, a la que la concesionaria denunció ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio en Viena (Austria), que el 25 de noviembre de 2021 dio la razón a Zero Bypass. El laudo reconocido a la concesionaria ascendió a 41,44 millones y fue satisfecho por las autoridades polacas en diciembre de 2021.

La disputa se basaba, según Ferrovial, "en una reclamación de plazo y precio al Ministerio de Transporte con motivo del incumplimiento, por su parte, de los plazos para poner a disposición del contratista los Permisos de construcción necesarios para la ejecución del proyecto".

El tribunal arbitral falló en favor de la concesionaria y de la constructora y reconoció que tenían derecho a mayor plazo y a una indemnización por sobrecostes.

La nueva investigación criminal contra Ferrovial está en manos del Presidium del Cuerpo de Policía de Eslovaquia para el Centro Nacional de Tipos Especiales de Delincuencia, División de Investigación de Sustancias Peligrosas y Delitos contra el Medio Ambiente en Bratislava. 

En 2019, al arrancar las pesquisas, el medio local Glob.sk aseguró que se investigaba si para construir esa autopista se habían utilizado residuos contaminados procedentes de vertederos, con el riesgo de que esos materiales tóxicos contaminaran el mayor depósito de agua potable del país, el de Žitný Ostrov.

En marzo de 2019, la policía de Bratislava llevó a cabo 11 registros y practicó cuatro detenciones. Entre ellas, la del español Javier H., manager de uno de los tramos del proyecto y "director de D4R7", informaron varios medios locales. Según Ferrovial, en junio de 2020 el Fiscal competente del caso dictó resolución por la que se retiraron los cargos contra él "por considerarle no responsable de los hechos".

Ferrovial explica que "en junio de 2021 D4R7 fue imputada por manejo desautorizado de materiales de excavación, no por vertidos ilegales de aguas. Tras la investigación, el fiscal General competente resolvió en marzo de 2022 que la imputación era ilegal y ordenó el archivo del procedimiento por considerar que no se daban los elementos para considerar la actuación como delictiva". "La autopista tiene los permisos y no hay ninguna investigación por uso de material contaminado en la actualidad".

El proyecto comprendió el diseño, construcción y explotación hasta 2050 del anillo de circunvalación al este de Bratislava, con una nueva autopista (D4) de 27 kilómetros alrededor de la capital, conectando las principales vías existentes, y una nueva radial (R7) de 32 kilómetros entre Bratislava (Prievoz) y Holice.

La infraestructura incluye un gran puente sobre el río Danubio para conectar los puntos de entrada más utilizados al condado de Bratislava, con el riesgo que suponía atravesar zonas protegidas por la Red Natura 2000 y un bosque fluvial.

Esta no es la única investigación criminal a Ferrovial en Europa del Este. Polonia investiga desde este año supuestos sobornos para la obtención de 128 millones en contratos de recogida de basura del Ayuntamiento de Varsovia para su filial de servicios en ese país, en lo que la Agencia polaca Anticorrupción ha bautizado como "el escándalo de la basura". 

La compañía despidió a tres directivos de su filial que fueron detenidos incluyendo al presidente de esa filial, Artur Pielech, al que pagó cerca de 384.000 euros en 2022, antes de estallar el escándalo. Tras su despido, Ferrovial nombró en su lugar al español Álvaro García Martínez. Por estos hechos también fue detenido un exministro del PP polaco.