La Inspección de Trabajo convirtió "más de 55.000 contratos fijos discontinuos" en indefinidos ordinarios hasta octubre, anunció hace unos días el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. De estos, gran parte fueron objeto del Plan de Choque lanzado por el organismo público este año, consistente en el envío masivo de cartas a empresas ante presuntos incumplimientos detectados por el cruce masivo de datos. Presuntos que se confirmaron en muchos casos: la mitad de los contratos investigados se saldaron con regularizaciones, "44.284 contratos".

La detección de fraude a través de estas campañas masivas de cartas sigue obteniendo altos ratios de detección de irregularidades, como ha ocurrido con las que se han centrado en la contratación temporal fraudulenta, iniciadas en 2018. "En este Plan de Choque se enviaron 26.667 cartas que afectan a casi 90.200 relaciones laborales", responden en el Ministerio de Trabajo. "Por esa vía se han regularizado 44.284 contratos", añaden, es decir, el 49% del total analizados.

Además, por la actuación ordinaria de la Inspección se han convertido en indefinidos ordinarios "otros 11.149 contratos" fijos discontinuos, añaden en el departamento de Yolanda Díaz. En total, esas más de 55.000 conversiones entre enero y octubre.

Las multas a las empresas por estos contratos fijos discontinuos irregulares alcanzan "cerca de 469.000 euros" en 2023, responden en Trabajo, "que se enmarcan dentro de la actuación ordinaria". En el Plan de Choque, las empresas no son multadas de inicio, sino que la Inspección da una oportunidad a las empresas de regularizar "de manera voluntaria" a través de este primer aviso con cartas informativas.

"No podemos hablar de un fraude generalizado", precisó no obstante el secretario de Estado de Empleo, que afirmó que "en términos generales este contrato se está usando para lo que se tenía que usar". Se trata de un contrato que hasta hace un año era bastante desconocido, utilizado principalmente en actividades turísticas muy estacionales, pero que se ha extendido fruto de la reforma laboral de la pasada legislatura.

De los 16,4 millones de personas asalariadas de alta en el Régimen General el pasado mes de octubre, unos 9,4 millones tenían contratos indefinidos ordinarios a tiempo completo, otros 2,4 millones eran indefinidos a tiempo parcial y algo más de un millón estaban activos con contratos fijos discontinuos.

La reforma laboral fomentó el uso de los contratos fijos discontinuos con el objetivo de que se desplegaran en los puestos estacionales y de temporada, hasta entonces ocupados con temporales y con una alta rotación de personal. Se trata de una modalidad de contrato indefinido, aunque intermitente: está pensada para sectores en las que no hay trabajo de manera continuada durante todo el año, pero en el momento que hay actividad, la empresa debe 'activar' a estos empleados.

Además, la reforma laboral abrió dos puertas más a la firma de contratos fijos discontinuos. En primer lugar, a las subcontratas: "Podrá concertarse para el desarrollo de trabajos consistentes en la prestación de servicios en el marco de la ejecución de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa", recoge el Estatuto de los Trabajadores.

Y, en segundo lugar, también habilitó su firma a las empresas de trabajo temporal (ETT) "para la cobertura de contratos de puesta a disposición vinculados a necesidades temporales" de sus empresas usuarias. De hecho, con la restricción de los contratos temporales, los fijos discontinuos han pasado a ocupar gran parte del negocio de las ETT. En lo que va de año, suponen más de un tercio (37%) de los contratos de puesta a disposición suscritos.

Dentro del Plan de Choque que se ha saldado con la conversión de "44.284 contratos", en Trabajo confirman que se encuadran las cartas mandadas a ETT, que anunció el departamento de Yolanda Díaz el pasado marzo, "pero no únicamente". Fuentes del Ministerio apuntan que aún no han desglosado los datos con más detalle, por lo que no pueden ofrecer datos sobre cuántas regularizaciones corresponden a estas empresas o qué sectores de actividad se han visto más afectados por las irregularidades.