El primer juicio contra una compañía eléctrica celebrado en España por presunta manipulación del precio de la luz avista ya el final. Tras la exposición de las conclusiones de las acusaciones, este miércoles se inició en la Audiencia Nacional el turno de las defensas de los acusados: Iberdrola Generación y cuatro de sus altos cargos, que se exponen a una petición de dos años de cárcel por parte de la Fiscalía. Intervinieron los abogados de dos de los directivos, que pidieron su absolución y trataron de desacreditar las conclusiones del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que señaló que la compañía manipuló el precio de la luz y que es la principal arma de las acusaciones.

El primero en intervenir fue Gonzalo Rodríguez-Mourullo, abogado de Ángel Chiarri, el directivo de más rango que se sienta en el banquillo. “Hay un clamoroso vacío probatorio”, se quejó el letrado en los primeros minutos de su alegato, en el que pidió la absolución de su cliente. El letrado afirmó que el “núcleo” del planteamiento del fiscal “no está en absoluto acreditado” y lamentó que se hubieran trasladado al ámbito penal “de manera artificiosa” hechos con “rasgos administrativos”. “Las acusaciones tienen una situación dramáticamente precaria en cuanto a la prueba practicada. No hubo estratagema”, dijo después la defensa de otro de los directivos, Gregorio Relaño. 

Ambos abogados cargaron contra la postura de las acusaciones y, especialmente, del fiscal Antonio Romeral, que había dejado claro un día antes que no admitía las alegaciones exculpatorias de Iberdrola y los directivos acusados y mantuvo la petición de condena que figura en el escrito de acusación que presentó en 2021: dos años de cárcel para los altos cargos y una multa para la compañía. No obstante, esa petición de multa sí quedó rebajada de 84,9 millones de euros a 5,4 para adecuarla a la regulación que estaba en vigor en el momento de los hechos. 

Según Romeral, Iberdrola “ideó” y “puso en funcionamiento” un sistema para incrementar el precio de la energía de manera “no justificada” entre el 29 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013 y los directivos implicados fueron los encargados de su “ejecución”. Esa maniobra consistió supuestamente en subir de manera artificial los precios ofertados por las centrales hidroeléctricas de Duero, Sil y Tajo, propiedad de Iberdrola, para que buena parte de su energía se quedase fuera de la casación del mercado diario en favor de otras centrales más caras, como el gas. 

Es un planteamiento que rechazan las defensas. Para ello, tanto el abogado de Chiarri, el que fuera director de Gestión de la Energía —ya jubilado—; como el de Relaño, que durante el período de los hechos era responsable de Optimización, se esforzaron en desacreditar las conclusiones del informe de la CNMC sobre el que se ha basado la acusación de la Fiscalía. Ese informe determinó que la eléctrica manipuló el mercado y le impuso por ello una multa de 25 millones de euros que está suspendida a la espera de cómo acabe este juicio. 

El regulador calculó que la “conducta” de Iberdrola Generación provocó un incremento del precio del mercado diario estimado en 7,2 euros el megavatio hora. En contraposición, Rodríguez-Mourullo calificó de “inédito” el método por el regulador para calcular el “precio razonable” al que Iberdrola debía haber ofertado su energía e imputarle una manipulación del mercado. Y justificó que el modelo utilizado por la compañía fue consistente con el utilizado en periodos anteriores y similar al que habitualmente emplean el resto de los productores en el mercado diario. 

Por su parte, el abogado de Relaño dijo que el sistema utilizado por la CNMC era “una simplificación”. “No se puede hacer un informe pericial que determine la oferta más razonable en cada una de las horas del día”, afirmó este abogado, que tiró de sarcasmo para referirse como “seres de luz” a las funcionarias del regulador que participaron en el expediente contra Iberdrola y también actuaron como peritos a petición del juez que instruyó la causa penal contra la compañía en la Audiencia Nacional. Ambas también comparecieron como testigos y afirmaron que no encontraron “justificación lógica” a la conducta de Iberdrola en 2013.

Rodríguez-Mourullo también dijo que el informe del regulador partía de una “distorsión inevitable”, pues no tuvo en cuenta que hubo una ciclogénesis explosiva [fuerte borrasca con rachas de viento de hasta 140 kilómetros por hora y lluvias de hasta 80 litros por metro cuadrado] que no estaba prevista y “lo cambió todo”. 

El martes, el fiscal había tratado el martes de revertir una de las principales líneas de defensa de los acusados, que argumentaron —entre otras cuestiones— que fue la “sequía persistente” y la previsión de falta de lluvias lo que les aconsejó “guardar” el agua de sus embalses y no sacarla al mercado. Es una tesis que el fiscal considera “injustificada”, pues al empezar diciembre las reservas de agua acumuladas en esos embalses eran “superiores” a las del mismo período de 2012 y “parejas” a las de 2011.

A este respecto, el abogado de Chiarri reconoció que las reservas “estuvieron en máximos históricos”, pero aseguró que en diciembre sufrieron un “descenso vertiginoso”. Y dijo que, de haber mantenido el ritmo de producción, podría haber habido problemas de suministro. También otorgó total relevancia al hecho de que en los registros en las sedes de la compañía que realizó la Guardia Civil durante la fase de instrucción no se encontró "ningún documento" en el que se pusiera de manifiesto cómo se habían gestado esas decisiones sobre "el supuesto cambio irregular de producción". 

El incremento de los precios objeto de investigación se produjo después de que las empresas del sector constataran que el Estado finalmente no pondría los 3.600 millones de euros del déficit de tarifa que habría de cubrirse antes del siguiente 1 de enero. También coincidió con las semanas previas a la subasta de electricidad con la que hasta entonces se fijaba la tarifa doméstica (actualmente conocida como PVPC). Esa subasta fue finalmente suspendida por la CNMC “ante la concurrencia de circunstancias atípicas”.  

Es una circunstancia por la que el fiscal pasó de puntillas en su exposición del martes. Romeral recordó que, durante el procedimiento, se enmarcó la subida de los precios “en un posible enfrentamiento con el Gobierno” e incluso como una suerte de “venganza” ante la decisión del Ejecutivo que entonces dirigía Mariano Rajoy en relación al déficit de tarifa. El fiscal, no obstante, se limitó a afirmar que considera “posible” que Iberdrola actuara en este caso con el objetivo de “influir en la economía y presionar al Gobierno”, aunque evitó establecer una relación directa entre ambos acontecimientos. 

El asunto, sin embargo, no pasó desapercibido para las defensas. “Es una mera conjetura huérfana de toda prueba, ni siquiera corroborada por quien pudiera haberlo hecho”, dijo el abogado de Chiarri en alusión al exministro José Manuel Soria y su entonces ‘número dos’, Álvaro Nadal. En sus declaraciones como testigos, ambos reconocieron que la retirada del déficit de tarifa “no gustó al sector y dio lugar a controversia” con las principales eléctricas pero desvincularon esa decisión de la escalada de precios. 

“El representante del Ministerio Fiscal nos habló de la subasta CESUR, de la polémica sobre el déficit de tarifa, del agua desaguada en 2021… Hay más cuestiones fácticas fuera de su escrito de acusación que dentro”, dijo el letrado de Relaño, que también muy crítico con la acusación ejercida por Facua, que calificó de “frívola”. La organización de consumidores mantuvo la petición de tres años de cárcel para cada uno de los directivos y aseguró en su informe que las “pruebas” expuestas durante la vista oral acreditan que la conducta de los acusados “no se sustenta en causa, legal o ambiental que la justifique o ampare”. No acudió a la sesión de este miércoles. 

Está previsto que este jueves realicen sus informes las defensas de los otros dos directivos que se sientan en el banquillo y de Iberdla como persona jurídica. Durante su interrogatorio, el representante legal de la compañía defendió que la eléctrica actuó “de forma consistente” en un sistema “liberalizado” y negó que urdiera una estrategia para elevar el coste de la energía. Tras sus intervenciones los acusados podrán ejercer su derecho a la última palabra y el juicio quedará visto para sentencia.