El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles para presentar el octavo Real Decreto-Ley anti crisis, que se ha aprobado en el último Consejo de Ministros del año y para hacer balance de 2023. El nuevo paquete prorroga la rebaja del IVA de los alimentos básicos hasta junio y los descuentos al transporte público durante todo 2024, mantiene el impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca y de las energéticas (aunque con exenciones en este último caso) y elevará el IVA de la luz progresivamente en los próximos 6 meses, desde el 5% en el que lo dejó en 2021, entre otras medidas.

"Este Gobierno seguirá haciendo del acuerdo su razón de ser", ha recalcado Sánchez, quien ha incidido en que el nuevo Ejecutivo está dispuesto a negociar "hasta la extenuación", como ha ocurrido en las últimas horas. Sin duda, el debate del último Real Decreto-Ley con medidas para aliviar el daño de la inflación ha vuelto a forzar las costuras ideológicas del Gobierno de coalición.

Sobre algunas medidas en concreto, como los descuentos al transporte público o los impuestos a los beneficios extraordinarios de las energéticas y la banca, se ha producido una intensa discusión, evidenciando las diferentes visiones sobre la política económica que existen dentro del Ejecutivo. Las negociaciones entre el gabinete del presidente del Gobierno y los de las cuatro vicepresidentas económicas, Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Teresa Ribera y María Jesús Montero, se han alargado hasta el último minuto, según distintas fuentes de todas las partes implicadas.

El precio del transporte público ha sido una de las claves del nuevo paquete de medidas económicas, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurase en su discurso de investidura que la gratuidad se iba a centrar en determinados colectivos. En concreto, en menores, jóvenes y en personas desempleadas.

Finalmente, se mantiene una medida de más calado, que afecta a un mayor número de usuarios y durante todo el año 2024, como proponían desde Sumar y desde el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz.

Así, se prorroga la gratuidad para usuarios habituales de Cercanías, Rodalies y Renfe Media Distancia, además de los servicios públicos de transporte regular que son competencia del Estado. Al margen está el transporte que depende de las administraciones regionales y locales. En estas, el Estado mantendrá la subvención del 30%, siempre que los gobiernos autonómicos aporten un descuento del 20%, para rebajar el precio del transporte, en conjunto, en un 50%. 

A partir de ahora, se tienen que conocer los plazos y situaciones concretas, en función del territorio y se tendrán que abrir los procedimientos, como en ocasiones anteriores, para que los usuarios soliciten sus abonos gratuitos que dependen de Renfe. 

Otro de los principales desencuentros sobre el nuevo paquete saltó respecto a bonificar o no el impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas. En el acuerdo para formar Gobierno, PSOE y Sumar pactaron dar continuidad a este tributo que nació en 2022 como respuesta al exceso de ingresos obtenidos por las empresas de electricidad, gas o petróleo como consecuencia de la crisis energética exacerbada por la invasión rusa de Ucrania.

Este martes, fuentes de la formación que lidera Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, lamentaron que el PSOE pretendiera incluir, "a petición del PNV [uno de los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez]", bonificaciones a este impuesto según el porcentaje de ganancias que las empresas consiguieran dentro de España. "Era absurdo, porque se quedaban muchas compañías exentas de pagar el tributo", criticaron desde el Ministerio de Trabajo.

Lo que sí ha conseguido el PNV es que tanto el impuesto a las energéticas como el impuesto a la banca se integren en el sistema tributario y "serán concertados o convenidos, según corresponda, previa modificación del Concierto y Convenio en vigor, respectivamente, en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Nafarroa".

EAJ-PNV también ha arrancado al Gobierno de coalición, según defendió antes de la rueda de prensa de Pedro Sánchez, "un incentivo para el sector energético por las inversiones estratégicas que se realicen ante la posibilidad de una ralentización del gasto en transición ecológica".

Por último, el partido vasco ha pactado la prórroga en 2024 del contrato relevo la industria (especialmente relevante para el sector de la automoción), "para facilitar el rejuvenecimiento de las plantillas y la formación de las personas jóvenes".

Respecto a las medidas relacionadas con los precios de consumo de la energía, la pelea ha sido fuerte igualmente. Definitivamente, el Gobierno subirá el IVA de la electricidad "progresivamente", desde el 5% al que lo redujo en 2021. En el corto plazo, se mantendrá la reducción para evitar un salto de la inflación. Lo mismo ocurrirá con el impuesto especial de electricidad y el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, y con el IVA del gas (en este caso seguirá rebajado al 5% durante el primer trimestre).

Sánchez también ha destacado en su intervención las medidas previstas para el sector industrial. En estas se recoge una reducción al 80% de los peajes eléctricos que recaen sobre las empresas electrointensivas. También, dar "flexibilidad" a la hora de realizar cambios en los contratos de suministro eléctrico. Ambas medidas se mantienen durante un plazo de seis meses.

Una de las novedades que ha anunciado Sánchez es la cesión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a todas las comunidades autonómas, "si lo solicitan". Hasta ahora, solo Euskadi y Navarra habían conseguido esta transferencia, que "supone que los gobiernos autonómicos se encargan de la tramitación, del reconocimiento y del pago de esta presentación!".

Euskadi fue la primera comunidad autónoma que consiguió la cesión del IMV desde que esta prestación se creó en 2020 y se reguló por ley a finales de 2021. En la región, se complementa con la renta básica ya existente, la RGI, y los beneficiarios tienen una ventanilla única a la que acudir, la del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide). 

Hay que tener en cuenta que el contexto es diferente al de 2022 y al de este 2023. Por un lado, las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE), que se estrenan en 2024, obligan a dejar el déficit (el desequilibrio entre ingresos y gastos públicos) por debajo del 3% del PIB (Producto Interior Bruto). El coste de las medidas para aliviar el golpe de la inflación a las empresas, a las familias y a la economía en general se elevó a 22.000 millones de euros en 2022 (cuando el déficit fue del 4,7%) y se ha quedado en 15.000 millones en 2023 (con un déficit que rondará el 3,9%).

Para 2024, el objetivo es dejar el desequilibrio presupuestario en el 3%. Una meta que, según la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deja "margen para prorrogar o activar las medidas de apoyo si fuese necesario”. Pero la cifra concreta del paquete que se h aprobado este miércoles será inferior a las anteriores, que en conjunto superan los 3 puntos de PIB hasta ahora.

Por otra parte, las subidas de precios se han moderado en los últimos meses, aunque se espera que en 2024 la inflación siga de media en el 3,3% (según la última proyección del Banco de España). Es decir, que siga casi en el mismo nivel de este año que termina, precisamente por la retirada progresiva de la mayoría de las medidas de choque.

No todo fueron pugnas insalvables. A primera hora del martes, desde el propio Ejecutivo se aseguró que el Real Decreto-Ley mantendrá hasta junio la rebaja del IVA del 4% al 0% a alimentos de primera necesidad (como la leche, el pan, los huevos, las legumbres o las verduras) y del 10% al 5% para el aceite y las pastas. Sin duda, la inflación de los alimentos es uno de los principales focos de preocupación en esta última fase de la crisis de precios.

Una de las medidas sin impacto presupuestario, que se conoce desde este martes, es la prórroga a la prohibición de los desahucios de las personas vulnerables, que el Ejecutivo de coalición ha pactado con EH Bildu para que se mantenga a lo largo de todo 2024. Esta medida es la principal en materia de vivienda del plan anticrisis y se arrastra desde el plan de choque que se puso en marcha en 2020 para limitar el golpe de la pandemia. Otras, en cambio, se eliminaron hace meses, como la prórroga de los contratos de alquiler. 

Desde ese plan de choque inicial ya se indicaron los requisitos para que las personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad pudiesen pedir una prórroga al desahucio o lanzamiento, cuando les sea imposible encontrar una alternativa habitacional. El eje es demostrar su situación de vulnerabilidad, que debe ser acreditado por los Servicios Sociales y respaldado por una autoridad judicial. Los ingresos, como carácter general, no pueden superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM), aunque se modifica e incrementa en función de las personas a cargo o la situación de estas, si son menores o tienen declarada discapacidad. 

La Ley de Vivienda aprobada en mayo ya recoge medidas para evitar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad cuando no hay alternativa habitacional, pero los limita a situaciones donde el propietario del inmueble en cuestión sea un gran tenedor o un gran propietario. Es decir, tenga más de 10 viviendas. 

La semana pasada, Bildu ya informó que se había llegado a un acuerdo para la prohibición de los cortes de suministros básicos (luz, agua y gas) y la ampliación de la tarifa regulada TUR4 para calderas comunitarias, según recuerdan desde el partido vasco.

En otras cuestiones en disputa, como ocurre con el impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca por las subidas de los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo (BCE), el Gobierno de coalición se ha concedido a sí mismo una tregua y se quedará igual. "Mantenemos una evaluación y análisis permanente para asegurarnos de que nuestro sistema fiscal está en sintonía con el contexto y las necesidades económicas", defienden desde Hacienda.

Además, recientemente, se elevó de 29.000 euros a 38.000 el umbral de renta a partir del cual las familias pueden adherirse a los mecanismos diseñados para aliviar el encarecimiento de las hipotecas. Asimismo, se pactó con la banca ampliar durante una año más, durante todo 2024, la gratuidad que se contemplaba para los clientes con hipotecas variables para las amortizaciones anticipadas o el traspaso de créditos a tipos fijos. También a aquellos productos a tipos mixtos, que han ido ganando peso en los últimos meses y que es una novedad respecto al anterior código de buenas práctica firmado por el sector financiero y el Ejecutivo.