Las denuncias de corrupción y posibles fraudes en la contratación pública crecieron en 2022 un 19% y marcaron un nuevo récord, el cuarto consecutivo, con 187 comunicaciones de este tipo, según los datos que ha recopilado la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), encargada de velar por el buen funcionamiento de la contratación pública en España.

Esas 187 denuncias equivalen a una media de una comunicación de este tipo cada dos días. La cifra está recogida en el informe sobre ‘La prevención y lucha contra la corrupción en la contratación pública’ que esa oficina acaba de publicar.

En ese documento el organismo recopila la información remitida por las agencias y oficinas antifraude con competencia en prevención y lucha contra la corrupción de ámbito nacional, autonómico y local.

De las 187 denuncias contabilizadas en 2022, "tan solo 2", el 1% del total, afectan a los fondos europeos, los conocidos como Fondos Next Generation, según el informe.

De esas cerca de 190 comunicaciones, la mayoría, 124, fueron desestimadas. Otras 47 dieron origen a un expediente de investigación durante el ejercicio, pero solo dos habían sido remitidas por ahora a la Fiscalía para su oportuna investigación en el ámbito judicial. 

En otras 16 denuncias, las agencias competentes todavía estaban pendientes de realizar un análisis sobre su verosimilitud de cara a la eventual presentación de una denuncia. Casi el 68% de las comunicaciones se remitieron a través de buzones específicos habilitados para ello. 

La oficina de supervisión destaca que "el plazo de la tramitación de los expedientes de investigación es considerable" y lo atribuye, un año más, a "la carencia de medios humanos y materiales de estas unidades", "pese a la enorme dedicación, esfuerzo y vocación de servicio de los miembros de estos equipos".

Como recomendación a las autoridades competentes, la entidad pide "medidas para evitar que el plazo de duración del procedimiento de investigación se dilate de manera desproporcionada o indebida".

Por origen de las denuncias recibidas, destaca especialmente Catalunya, que concentra casi la mitad del total. Sobresale la Oficina Antifraude catalana, con 79 comunicaciones en 2022, que suponen el 42% del total. También la AVAF valenciana, con el 34,2%.

El informe recopila asimismo datos del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude para la protección de los intereses financieros de la UE (SNAC PIF), adscrito a la Intervención General del Estado (IGAE) y encargado de vigilar el reparto de fondos europeos. De esta unidad solo constan siete denuncias presentadas en 2022.

Otros organismos de los que OIReScon recopila datos son la OAAF andaluza, las oficinas antifraude municipales de Madrid y Barcelona, y la entidad antifraude de Balears, a la que el nuevo gobierno de PP y Vox han decidido poner fin por considerarla "parcial" e "irrelevante". En este organismo se recibieron 16 denuncias el pasado ejercicio.

Pilar Canedo, ex consejera de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC), considera que el repunte de las denuncias contabilizadas en 2022 puede ser un buen síntoma, a diferencia de otro dato que acaba de constatar la OIResCon, la baja concurrencia en las licitaciones públicas, que está en mínimos históricos. 

La evolución creciente de las comunicaciones de posibles irregularidades en los concursos públicos indicaría, según esta experta en competencia, que "la gente empieza a tener conciencia de que las denuncias pueden servir", en un campo en el que "tradicionalmente" destapar estos hechos podía ser sinónimo de problemas para la persona que daba la voz de alerta. "El récord casi lo veo positivo", apunta al teléfono Canedo.

El informe de la OIResCon recopila los datos previos a la entrada en vigor, en 2023, de la nueva ley de protección de denunciantes de corrupción con la que España asumió por fin una directiva europea sobre esta materia. El retraso llevó a Bruselas a presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber incorporado a tiempo esa normativa comunitaria.

La norma obliga, entre otras cosas, a contar con sistemas internos de recepción de denuncias de corrupción en empresas de más de cincuenta trabajadores, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que dependan de estos; universidades, sociedades y fundaciones que integran el sector público, corporaciones públicas y todos los órganos constitucionales.

En otro informe que OIResCon también acaba de publicar se refleja que en 2022 hubo 98 comunicaciones o denuncias de prácticas colusorias en materia de contratación pública. De esa cifra, el 56,12% se han presentado ante la CNMC.

Supone un ligero descenso respecto a las 103 denuncias de posibles amaños en licitaciones que se registraron en 2021, cuando prácticamente se duplicaron, al dispararse un 80% y pasar de 57 a 103 en un solo año.

La OIResCon señala que en 2022 un 10,73% de las denuncias recibidas por las agencias y oficinas antifraude de todo el Estado afectaba o se refería a posibles irregularidades en la contratación pública. En la Agencia Antifraude catalana y en la valenciana ese porcentaje superó el 14%. 

En 2021, el porcentaje fue del 11,13%, por lo que la tendencia en los últimos años es a la baja. De esto "podrían inferirse múltiples conclusiones que varían desde una minoración porcentual de las denuncias en materia de contratación pública hasta la consideración de que la corrupción en otros campos se haya incrementado mucho más que en los contratos públicos", indica la OIResCon.

De esas 187 denuncias de posibles corruptelas en contratos públicos, los contratos de servicios volvieron a copar la mayoría, con más del 53% del total, en línea con el peso que tuvieron en 2021.

En un 19,25% de las comunicaciones se advertía de posibles conflictos de interés, que es el porcentaje más bajo de la serie.

En 69 denuncias se advertía de posibles irregularidades en la adjudicación del contrato; en 30, de fraccionamientos; en 27, de fraude en la ejecución del contrato; en 15, de trato de favor a una empresa. En seis casos se advertía de posible tráfico de influencias; en cinco, de sobrecostes; en cuatro, de ausencia de contrato; y en dos, de irregularidades en el pliego.

La propia OIResCon recibió 17 comunicaciones de irregularidades diversas, conflictos de interés o corrupción, frente a las 22 de 2021.

Como consecuencia de uno de esos avisos, la oficina decidió presentar una denuncia, en cumplimiento de la ley de contratos públicos. Esta norma señala que en el caso de que la entidad tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito o infracción a nivel estatal, autonómico o local, dará traslado inmediato, en función de su naturaleza, a la fiscalía u órganos judiciales competentes, o a las entidades u órganos administrativos competentes, incluidos el Tribunal de Cuentas y la CNMC.

La OIResCon no da detalles sobre esa denuncia ni el organismo ante que se ha presentado.

La entidad explica en un correo electrónico que "tras recibirse una comunicación en esta Oficina, siendo apreciada una actuación con indicios de irregularidad, fue trasladada al órgano correspondiente sin que sea posible ampliar la información en la medida en que es imprescindible salvaguardar la confidencialidad en asuntos de esta naturaleza, especialmente en orden a garantizar la investigación que se esté llevando a cabo por parte del órgano competente".

La entidad destaca en su informe que se han duplicado en un año las actuaciones de prevención de la corrupción a través de cursos, informes, jornadas o publicaciones. E insiste en la necesidad de elaborar y aprobar la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra el Fraude a los intereses financieros de la UE, incluyendo un apartado o sección específica relativa a los contratos con financiación de la UE. 

Hasta hace un año, España no aprobó la estrategia nacional para mejorar la contratación pública que Bruselas llevaba años exigiendo y cuyo primer objetivo es "combatir la corrupción y las irregularidades en la aplicación de la legislación sobre contratación pública".

En España, el nivel de gasto en contratación pública de 2022 alcanzó el 11,52% del Producto Interior Bruto (PIB) y el 24,11% del total del gasto público, según las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En 2022 el volumen licitado por todas las Administraciones en España rompió todos los récords, al superar por primera vez la barrera de los 100.000 millones de euros, un 5% más. De ese importe, el 40,39% correspondió al sector autonómico, el 33,15% al local y el 26,45% al estatal.

La oficina que vigila la contratación, que hace un año contaba con apenas la mitad de la plantilla que tiene asignada, ha constatado que la competencia en estos procedimientos está en mínimos históricos, con un nuevo récord de licitaciones en las que hay una única oferta, hasta suponer cerca del 40% del total. Este es uno de los indicadores que tiene en cuenta Bruselas para evaluar la salud de la contratación pública en los países miembros.