Importante reunión con sindicatos y empresarios para negociar la subida del salario mínimo con aviso del Ministerio de Trabajo. El departamento que dirige Yolanda Díaz ha advertido este lunes a los empresarios de que, si no entran a un acuerdo, el Gobierno subirá el SMI más del 4% (hasta los 1.123 euros al mes), la cifra que había planteado el ministerio para lograr un consenso tripartido. "Quien no entra a un acuerdo, paga las consecuencias", ha afirmado Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, antes de entrar en la reunión.

Los agentes sociales se han reunido esta mañana en el Ministerio de Trabajo en un breve encuentro en el que el Gobierno ha insistido en su propuesta, que las patronales de CEOE y Cepyme someterán a votación interna dentro de sus organizaciones. Las partes se citarán de nuevo el "jueves o viernes" de esta misma semana para ver si finalmente hay posibilidad de un acuerdo tripartito o no, han explicado los sindicatos CCOO y UGT.

El 'número dos' de Yolanda Díaz ha explicado que la intención y preferencia de Trabajo es lograr un acuerdo a tres bandas, con empresarios y también sindicatos. "El 4% es una cifra que genera incentivos para todas las partes", ha reiterado Pérez Rey, ya que se encuentra a medio camino entre el 3% que plantearon los empresarios y al menos el 5% que reclaman los sindicatos.

Joaquín Pérez Rey ha destacado que se trata de un incremento "razonable" para las empresas, pero que a la vez cumple con dos requisitos para el ministerio indispensables: garantiza la protección del poder adquisitivo (dado un IPC medio del 3,8% en el último año) y "mantiene el compromiso" de un SMI del 60% del salario medio.

Sin embargo, "si la patronal española considera que no va a prestar su apoyo" a esa subida del 4%, "el Gobierno se desvinculará de esa cifra", ha avisado con contundencia Pérez Rey.

En tal caso, Trabajo avisa de que buscará "un acuerdo bipartito" con las organizaciones sindicales (CCOO y UGT), que "no podrá estar ya en el 4%". "Estamos dispuestos a hacer una subida más ambiciosa", ha afirmado el secretario de Estado de Trabajo.

CCOO y UGT también se inclinan por que haya un acuerdo con la patronal, lo que dota de más implantación y aceptación a las medidas laborales. Pero, en caso de que la CEOE y Cepyme se descolgaran de un pacto, las centrales sindicales han avisado al Ejecutivo de que no aceptarían un alza solo del 4%.

Mientras que CCOO ha insistido en la subida de "en torno al 5%" que venían reclamando en las últimas semanas, en UGT han movido ficha con nueva postura este lunes. En el sindicato que dirige Pepe Álvarez han sostenido que, dado que las pensiones mínimas y las no contributivas, así como el IMV, han aumentado este 2024 "entre un 5% y un 7%", estos parámetros deberían marcar también el alza del SMI. "Pedimos coherencia al Gobierno", ha afirmado Fernando Luján, vicesecretario de Política Sindical de UGT.

Otra de las claves de la reunión de este lunes pasa por la confirmación de que el Gobierno no vinculará el alza del salario mínimo a los contratos públicos, ha anunciado también Joaquín Pérez Rey. Se trata de un elemento determinante, porque los empresarios habían reclamado esta medida como “condición sine qua non” para alcanzar un acuerdo.

Trabajo se comprometió con la CEOE para trasladar esta petición a "los ministerios competentes": Hacienda y Economía. Sin embargo, la responsable del ministerio del ramo y nueva vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se opuso a la medida desde un primer momento, postura que recibió el aval de Economía.

En estas últimas semanas, Trabajo ha estado analizando "con un estudio riguroso" las posibilidades de una vinculación del aumento del SMI "a algunas concesiones públicas", pero este punto no se incluirá finalmente. "En esta mesa, no se tomarán medidas de repercusión del SMI a contratos públicos", ha sostenido Pérez Rey.

El secretario de Estado de Trabajo ha explicado que la subida del SMI "no puede suponer una sorpresa" para las empresas, ya que es un compromiso anunciado por el Gobierno desde 2019, por lo que el Ejecutivo entiende que las compañías deben tener en cuenta esta previsión a la hora de licitar con la administración pública.

Dado que esta exigencia empresarial estaba incluida en el acuerdo de negociación colectiva entre patronal y sindicatos del pasado mayo, CCOO y UGT han pedido a Trabajo que promueva una mesa de diálogo social para abordar este asunto con los ministerios competentes una vez concluya la negociación del salario mínimo de 2024.