La reforma del subsidio de desempleo vuelve a una mesa de negociación. Tras decaer el decreto en el Congreso por el voto en contra de Podemos, el Ministerio de Trabajo citará a los sindicatos y empresarios para reabrir el debate sobre la legislación e intentar sacarla adelante. Eso supone retomar las peticiones de las partes, más numerosas por parte de los sindicatos, como los subsidios que proceden del tiempo parcial, los beneficiarios menores de 45 años y las cuotas de los mayores de 52 años, entre otras.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que una vez que ha decaído la reforma, su departamento puede trabajar "con tiempo" la norma con los agentes sociales, con los que pretende alcanzar un "consenso". El decreto fue aprobado sin diálogo social, tras una intensa batalla entre Economía y Trabajo, con la premura de cumplir con el plazo de Bruselas del 31 de diciembre de 2023 para recibir el cuarto desembolso de fondos europeos. En total, 10.000 millones de euros para España.

Con plazos de tiempo aún sin concretar y negociaciones abiertas con Bruselas ante este revés, el Gobierno ha recurrido a los sindicatos y patronales para tratar de armar un respaldo social a la norma y que salga así adelante. Esto supone reabrir debates sobre múltiples materias, "como el tiempo parcial", ha reconocido este jueves Yolanda Díaz desde Bruselas. En Podemos, artífices de la derrota parlamentaria, insisten en un solo punto: que se retire la reducción de la cotización de los mayores de 52 años, tras lo que afirman que darían su apoyo a la norma.

Los sindicatos mayoritarios han subrayado que la reforma ya anulada tenía muchas mejoras que deben ser aprobadas, como el aumento de la cuantía del subsidio, la eliminación del mes de espera entre la prestación y esta ayuda, y la protección de amplios colectivos hasta ahora excluidos, como los eventuales agrarios. Sin embargo, CCOO y UGT también tienen quejas respecto a algunos puntos, que esperan abordar en la nueva mesa de diálogo.

A continuación, se recogen algunas de las reclamaciones más relevantes.

Se trata de una de las cuestiones prioritarias para los sindicatos, con un gran impacto de género. A día de hoy, las personas desempleadas que acceden al subsidio de paro tras haber trabajado a tiempo parcial perciben un subsidio también parcial, calculado en función de lo trabajado (salvo en el de mayores de 52 años).

Eso, teniendo en cuenta que el subsidio alcanza los 480 euros al mes, supone la percepción de una ayuda muy reducida para este colectivo de trabajadores, sobre todo mujeres.

CCOO y UGT han reclamado insistentemente que se elimine esa percepción parcial del subsidio. "Situación que afecta a los subsidios actuales más feminizados y que, sin un coste excesivo, permitiría acabar con esa injusta situación de discriminación que hoy afecta a un número comprendido entre 70.000 y 80.000 personas", advertían las centrales de trabajadores en diciembre. Este punto además es visto con buenos ojos por parte de la patronal, según fuentes del diálogo social.

El tema que ha centrado las miradas por el conflicto entre Podemos y el Gobierno. La reforma recién tumbada en el Congreso reducía progresivamente la cotización del subsidio para mayores de 52 años del actual 125% de la base mínima (que se establece por el salario mínimo) al 100% en 2028.

Podemos denunció el "recorte" en la aportación para la futura pensión de este colectivo y justificó por este motivo su voto en contra, que tumbó la reforma. Desde el Gobierno, que se había abierto a abordar la cuestión en el debate de un proyecto de ley, han justificado la medida ante el gran aumento del salario mínimo en los últimos años. Considera que ya no hace necesaria esta "sobrecotización" y que genera "disfunciones" respecto a un gran número de trabajadores en activo. En concreto, 2,5 millones de personas que cobran el SMI y cotizan menos.

CCOO y UGT habían rechazado esta merma de la cotización para los mayores de 52 años, aunque comparten que el aumento del salario mínimo ha cambiado la situación desde que se aprobó la cuota del 125%. Los sindicatos proponen una opción alternativa para evitar el posible desincentivo a aceptar un empleo por el que se cotizaría menos que con el subsidio, "sin perjudicar la pensión futura de las personas beneficiarias de esta prestación".

Se trata de que el Estado garantice la cobertura de la cotización del 125% cuando el empleo tenga un salario por debajo de este nivel. Por ejemplo, si se trata de un puesto con el salario mínimo, la empresa pagaría la cotización por la base mínima mientras que el Estado aportaría ese 25% adicional. En CCOO explican que la medida puede suponer una mejora para todas las partes: el trabajador accede a un empleo y mejora sus ingresos sin ver reducida la aportación a su pensión, mientras que el Estado pasa a pagar menos (solo una pequeña parte de la cotización frente a un subsidio más la cotización completa).

Los sindicatos celebraron el aumento de la cuantía del subsidio hasta los 570 euros al mes (95% del IPREM), aunque lo consideraban insuficiente. Ahora, ante esta nueva mesa de diálogo, el tema puede volver a resurgir.

Si bien parece complejo que la cuantía pueda aumentar más de ese 95% del IPREM tras alcanzarse un acuerdo entre Economía y Trabajo después de una dura batalla, CCOO y UGT han señalado dos aspectos que pueden derivar en algunas mejoras. Por un lado, han recordado al colectivo de parados mayores de 52 años, a los que no se mejoró la cuantía y se mantuvo en 480 euros. Por otro lado, han puesto el foco en la negociación del propio IPREM.

CCOO ha llamado la atención "sobre la importancia de abordar también la cuantía del IPREM para 2024", ahora en 600 euros al mes, pero cuyo aumento definiría también una subida de la cuantía de los subsidios. Tras años de congelación y limitados incrementos de este indicador clave para ayudas sociales, UGT por su parte reclama "la desaparición del IPREM" y la sustitución por otro indicador, ha explicado Pepe Álvarez este jueves, que garantice que se alcanza "el umbral de pobreza".

Las centrales de trabajadores valoraron positivamente que la reforma ampliara entre sus beneficiarios a las personas menores de 45 años sin cargas familiares, hasta el momento excluidas de la cobertura. "Actualmente, cerca de 475.000 personas desempleadas tienen reconocida una prestación contributiva y son menores de 45 años", recuerda CCOO, pero no tienen la opción del subsidio si carecen de responsabilidades familiares.

La ampliación del decreto sin embargo se consideró demasiado exigente por parte de CCOO y UGT, ya que requiere que estas personas hayan agotado una prestación contributiva de 360 días (frente a los 120 días en otros casos). "Esto exige tres años de cotización que puede resultar excesivo en muchos casos", criticaron los sindicatos.

Otra de las cuestiones del decreto que generaba inquietud en los sindicatos era la eliminación del subsidio para ciertos colectivos, que quedaban derivados al ingreso mínimo vital (IMV). Consideran que se ha eliminado el subsidio sin apenas claridad sobre esta pasarela y sin analizar posibles casos de desprotección social, ya que el IMV tiene unos criterios de acceso diferentes.

"Es preciso revisar la decisión de derivar al Ingreso Mínimo Vital a cerca de 120.000 personas titulares de determinadas prestaciones asistenciales de desempleo (Renta Activa de Inserción, subsidio extraordinario por desempleo, emigrantes retornados, etc.) sin que se garantice el mantenimiento de la protección ni las condiciones de la misma o su acceso a las medidas de activación para el empleo", ha reiterado este jueves CCOO.

Por su parte, desde la patronal CEOE insisten sobre todo en un aspecto: la necesidad de reforzar "la reactivación" de los desempleados. Para las empresas es muy relevante que, más allá de la cobertura social que supone la ayuda, el subsidio sea también "una palanca para la reactivación de las personas para que vuelvan a trabajar".

Para ello, insisten los empresarios, es importante tanto "el diseño" del subsidio, facilitar la atención a los ciudadanos con "una ventanilla única", así como el refuerzo de "las políticas activas de empleo" y una "mayor coordinación entre las administraciones: el Estado (a cargo del subsidio) y de las Comunidades Autónomas (de las políticas activas)", sostienen.