Los planes del Ministerio de Trabajo para la nueva legislatura ya están en marcha. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, los ha detallado este lunes en una comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados. Entre ellos, Díaz ha mencionado "tres elementos esenciales" de la reforma del despido que pretende acometer en este mandato, que abordará tanto sus causas como los costes. La responsable de Trabajo ha anunciado también que convocará próximamente la mesa de personas expertas para el futuro Estatuto del Trabajo del siglo XXI.

La vicepresidenta segunda ha recordado en primer lugar que el "siguiente paso" de Trabajo, la reducción de la jornada laboral que se empieza a negociar esta semana con los agentes sociales, es ampliamente "apoyada por la ciudadanía", como ha reflejado una reciente encuesta de 40dB, publicada por El País. "También por los votantes de la derecha, incluso los de extrema derecha, es la medida que mejora la vida de la gente", ha destacado Yolanda Díaz con los resultados del cuestionario.

Entre las reformas pendientes de Yolanda Díaz, otra de las más destacadas es la que afecta al despido, que tras una dura negociación se añadió en el acuerdo de coalición del PSOE y Sumar. La responsable de Trabajo ha mencionado "tres elementos esenciales" de los cambios que pretende aprobar al respecto, que se negociarán en el diálogo social con los sindicatos y los empresarios, así como con el resto de formaciones políticas.

La vicepresidenta segunda ha destacado que el despido deberá adaptarse "a las exigencias de la Carta Social Europea", lo que sitúa dos metas que deben garantizarse de cara a la indemnización por despido. Por un lado, que "repare adecuadamente los daños causados cuando alguien es despedido injustificadamente" y, por otro, que el coste "sea suficientemente disuasorio", ha recordado la ministra de Trabajo, algo que a día de hoy no se cumple en su opinión.

Díaz ha sostenido que España es una "anomalía" al permitir a las empresas que puedan prever con antelación el coste de despedir a alguien de manera improcedente, con una indemnización ya tasada en función del tiempo de antigüedad en la compañía (33 días por año trabajado).

Esta reforma está marcada por la demanda que presentó UGT, y luego CCOO, ante Europa en contra del coste de despido del despido improcedente en España y que aún está pendiente de veredicto. Tras la denuncia, a finales del pasado mandato, Yolanda Díaz empezó a apostar por avanzar hacia un "despido reparativo", que permitirá reconocer compensaciones distintas en función de la situación de los trabajadores.

Algunos socios del Gobierno en la legislatura, como EH Bildu y ERC, han apostado por medidas como "recuperar los salarios de tramitación", que se eliminaron en la pasada reforma laboral del PP, así como encarecer las indemnizaciones. Los sindicatos mayoritarios han propuesto también alternativas como imponer una indemnización mínima sea cual sea la antigüedad de los trabajadores, para evitar que las extinciones de los empleados más recientes sea tan "barata".

La intención de Yolanda Díaz pasa no solo por tocar la indemnización de los despidos, sino también por endurecer las causas por las que se permite despedir a las empresas. "Que refuercen los motivos para amortizar puestos de trabajo", ha sostenido.

La ministra de Trabajo ha recordado que la reforma del PP de 2012 facilitó las posibilidades por las que se puede despedir, algo que en su opinión debe ser "una excepción", por lo que se intuye que los cambios que promoverá el Ministerio pretenden endurecer algunas de estas puertas al despido.

De nuevo, EH Bildu y ERC, socios indispensables del Ejecutivo de coalición, han apostado por recuperar la autorización administrativa previa en los despidos colectivos (ERE). El depasado mandato, gracias a un pacto con EH Bildu, se reforzó el control previo de la Inspección de Trabajo en estos casos, pero no se trata de una autorización administrativa como la existente en el pasado. Yolanda Díaz ha defendido esta regulación como "mejor" que la anterior autorización administrativa.

Por último, Yolanda Díaz ha situado como tercer elemento la eliminación del despido "automático" de trabajadores con invalidez permanente, con "discapacidad sobrevenida", como anunció la semana pasada tras el veredicto del Tribunal de Justicia de la UE en contra de la legislación española.

Aunque no lo ha apuntado este lunes, la ministra de Trabajo afirmó la semana pasada que este cambio se abordará de manera "inminente", antes que el resto de la reforma del despido, que se prevé que se demore en el tiempo, tras negociarse en el diálogo social y con el resto de formaciones políticas.