La reducción de la jornada máxima de trabajo a las 37 horas y media a la semana se estima que alcanzará a más de 12 millones de trabajadores del sector privado. La CEOE está rechazando que se legisle sobre esta cuestión, con el argumento de que ya se pactan en los convenios horarios por debajo de este máximo. La jornada pactada se ha ido reduciendo en la negociación colectiva, es cierto, pero no tanto. La meta del Ministerio de Trabajo supondría una rebaja del horario para el "94%" de los empleados cubiertos por convenios colectivos, unas 10,3 millones de personas, según cálculos de CCOO.

El sindicato ha difundido este martes un balance provisional sobre la negociación colectiva en 2023, en el que indican que la firma del gran acuerdo de salarios y negociación colectiva del pasado junio "ha dinamizado" la firma de convenios. Cifran en "un 24%" más los convenios suscritos el año pasado, respecto a 2022, y apuntan que el total con efectos económicos en 2023 ascendió un 14%, cubriendo a un 21% más de trabajadores, "casi 11 millones de personas". Los datos, no obstante, son provisionales y cambiarán con el paso de los meses, en los que se siguen registrando convenios y aumentará el total de 2023.

El informe de CCOO se ha detenido en uno de los debates del momento: la reducción de la jornada de trabajo. Este jueves, el Ministerio de Trabajo inicia el diálogo social sobre esta disminución del horario sin merma de salario, que los sindicatos también reivindican y en la patronal rechazan.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, está argumentando en los últimos días que este tema debe abordarse en la negociación colectiva, en los sectores y empresas entre las patronales y los sindicatos. El empresario vasco ha destacado que muchos trabajadores tienen ya horarios inferiores al máximo legal, de 40 horas a la semana.

Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha defendido este martes la necesidad de reducir por ley este máximo horario y que la negociación colectiva sea la encargada de "concretar" cómo se traslada esa merma al horario, con diferencias en función de los sectores y empresas.

Sordo ha defendido la reducción de la jornada como una manera de intervenir en "el reparto" de las mejoras de productividad entre el excedente empresarial y la parte trabajadora. En las últimas décadas, esta mejora ha quedado en manos "del capital", ha sostenido Sordo, que ha apostado por reequilibrar estos avances con aumentos salariales y la reducción horaria para que también beneficie a las plantillas.

CCOO ha puesto cifras a la situación de las jornadas pactadas en los convenios en la actualidad. La jornada media acordada se sitúa en las 1.748,57 horas anuales, mientras que la reducción a 38 horas y media del acuerdo del gobierno de coalición se "situaría en 1.758,16 horas para este año" y las 37 horas y media alcanzarían las "1.712,50 horas", ha explicado Maricruz Vicente, secretaria de Acción sindical y Empleo.

Así, la jornada media pactada en la actualidad del conjunto de convenios está por encima de la meta del Ejecutivo de coalición para 2024, pero eso no significa que no haya personas que se beneficiarían de la reducción, ha advertido Vicente. Lo harán aquellas que se sitúen por encima de esta media en sus convenios colectivos, así como quienes no tengan esta cobertura y se rijan por la jornada máxima del Estatuto de los Trabajadores (40 horas a la semana). Este máximo es el que sí se ha mantenido inamovible en las últimas cuatro décadas, desde 1983.

De cara a 2025, sí hay afectación en la jornada media pactada actual, que es más elevada que la que pretende implantar el Gobierno. En número de trabajadores, el sindicato calcula que, "globalmente, afectaría al 94% de las personas asalariadas que tienen un convenio de referencia, unas 10,3 millones de personas". Por sectores, los que se prevén más afectados son "el campo, el comercio y la hostelería", ha explicado Maricruz Vicente.

De nuevo, el alcance de la medida sería mayor, porque a estas personas hay que sumar las que no están bajo acuerdos en la negociación colectiva. El sindicato estima que puede afectar en total a casi trece millones de trabajadores del sector privado. En concreto, "12,9 millones de personas".