El presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, se ha mostrado este martes en contra de aumentar un 40% la 'tasa Enresa', como ha propuesto el Gobierno. Araluce ha pedido al Ejecutivo que se replantee el calendario de cierre de las centrales nucleares, pactado con sus titulares entre 2027 y 2035.
El Gobierno quiere elevar a 11,14 euros/MWh la llamada 'tasa Enresa' con la que los titulares de las centrales nucleares sufragan la gestión de los residuos radiactivos que lleva a cabo la empresa pública.
Así consta en el proyecto de Real Decreto por el que se modifica la tarifa fija unitaria relativa a la prestación patrimonial de carácter público no tributario mediante la que se financia el servicio de la empresa nacional de residuos radiactivos (Enresa) a las centrales nucleares en explotación.
Araluce ha explicado en un encuentro con los medios, que han solicitado la información económico-financiera a Enresa con la que apoya esta subida de un 40% y pedido una ampliación del plazo para hacer alegaciones al Real Decreto, que se encuentra en fase de consulta pública desde el pasado 13 de enero y, en principio, hasta el próximo 2 de febrero.
En el proyecto de Real Decreto, el Ejecutivo argumenta que durante la tramitación del 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) se pusieron de manifiesto "las dificultades" para lograr el necesario grado de consenso social, político e institucional para construir el Almacén Temporal Centralizado (ATC) previsto en el 6º PGRR y que iba a ubicarse en la localidad conquense de Villar de Cañas.
Por este motivo, el 7º PGRR, aprobado el pasado mes de diciembre, descarta esta opción y se opta por la construcción de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en cada una de las instalaciones atómicas y la construcción posterior de un Almacén Geológico Profundo (AGP), lo que incrementa el coste de la financiación de la gestión de los residuos. En total, el plan prevé unos costes futuros de 20.220 millones de euros a sufragar, de acuerdo con el principio de 'quien contamina, paga', con el fondo para la financiación del PGRR, que está dotado con las aportaciones económicas de los titulares de las instalaciones nucleares.
Además, el Ejecutivo añade que los cálculos de financiación también han variado por la inflación real de los años 2021 a 2023, "claramente superiores" a los que se calcularon en 2019.
Araluce lamenta que el Ejecutivo ha redactado el Real Decreto sin tener previamente ninguna comunicación con el sector y rechaza que el sector tenga que sufragar el sobrecoste que supone un cambio del modelo de gestión de residuos nucleares por falta de consenso social e institucional. Tampoco entiende que el Ejecutivo aplique la inflación de estos últimos años, que afecta a materias primas, a la construcción de contenedores o al hormigonado.
El presidente del Foro Nuclear señala que las titulares de las centrales ya destinan cada año 450 millones de euros al fondo Enresa para la gestión de residuos y critica que actualmente ese fondo "es menor" que el año pasado porque supone que han cambiado los criterios de inversión. "¿Por qué voy a tener que pagar yo esa gestión", se pregunta.
Además, asegura que los 'extracostes' del 7º PGRR podrían cubrirse si las centrales operaran cuatro o cinco años más porque aportan cada año 450 millones al fondo Enresa, y el sobrecoste asciende a unos 2.000 millones de euros. A su juicio, el coste de gestionar los residuos adicionales por extender la vida de las centrales sería mucho menor que esos 450 millones de euros.
Además, ha asegurado que las siete unidades que operan en España pueden funcionar hasta 60 años. En este sentido, ha señalado que cuando el Ejecutivo y el sector nuclear firmaron un acuerdo para el cierre ordenado de las centrales, entre 2027 y 2035, la idea por parte del sector no era el cierre sino la continuidad porque en ese momento había partidos políticos que reclamaban una clausura inmediata.
Igualmente, añade que desde 2019 han pasado muchas cosas que hacen que deba replantearse esa decisión, como la pandemia, problemas con las materias primas o la guerra de Ucrania y la correspondiente crisis energética. "Los países con energía nuclear han decidido seguir alargando la vida de sus centrales y construir nuevas", ha dicho para añadir que países que no tenían hasta ahora energía nuclear también han decidido empelarla.
Por ello, insiste que hay que replantearse el cierre y que lo que al sector le gustaría es llegar a un acuerdo con el Ejecutivo, sentarse con el Gobierno y hablar del futuro. No obstante, según ha apuntado, no se ha producido una petición formal de encuentro en estos últimos tiempos.
Los siete reactores nucleares españoles en operación generaron en 2023 el 20,34% de la electricidad consumida -54.275,01 GWh- y, según el sector, han conseguido evitar unos 20 millones de toneladas de CO2. A juicio de la industria nuclear, estas cifras reflejan el "esencial" papel de esta energía tanto en el proceso de descarbonización como en la estabilidad del sistema.
De este modo, con una potencia instalada neta de 7.117 MW, tan solo el 5,71% del total, es la segunda fuente de producción en España, según datos de Red Eléctrica analizados por Foro Nuclear. Además, añaden que la producción eléctrica nuclear ha supuesto en 2023 el 28,16% de la electricidad sin emisiones contaminantes generada en España.
"Estos datos demuestran la garantía de suministro que ofrece día a día y año tras año la energía nuclear --ha indicado Araluce--. El sistema eléctrico necesita contar con fuentes de base, estables y con una producción constante como la nuclear, que aporta estabilidad, robustez y potencia firme al sistema".
Además, el presidente del Foro Nuclear ha insistido en que la energía nuclear en España es muy competitiva y podría serlo incluso más "si la carga fiscal a la que está sometida se redujera". En cualquier caso, ha asegurado que sin la nuclear, los precios de la electricidad serían superiores.