Rodrigo Rato y Figaredo, el todopoderoso vicepresidente económico de José María Aznar, se sentó este miércoles (de nuevo) en el banquillo de los acusados. Y, ante el tribunal que le juzga por la fortuna que amasó mientras estaba en el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), mantuvo por momentos una actitud desafiante. Primero, rechazó contestar a las preguntas de la fiscal anticorrupción, a la que acusó de haber montado una “fabulación”; y, después, cargó contra los funcionarios que han investigado su ingente patrimonio.

El hombre al que algunos sectores señalaron durante años como el artífice del milagro económico español se enfrenta a más de 70 años de cárcel por defraudar supuestamente más de 8,5 millones de euros y por los presuntos sobornos que cobró cuando era presidente de Bankia. Es la tercera vez que se sienta en el banquillo en menos de una década: ya fue condenado por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid y resultó absuelto del fiasco de la salida a bolsa de Bankia.

La actividad delictiva por la que se le juzga ahora se habría iniciado en 1999, cuando era ministro y vicepresidente del Gobierno, y habría seguido desarrollándose cuando fue presidente del FMI, de Caja Madrid y también cuando tocó la campana que anunció la ruinosa pero legal salida a bolsa de Bankia. Anticorrupción le acusa de 11 delitos fiscales y delitos de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Sin embargo, no hubo ocasión de escuchar el interrogatorio de la fiscal Elena Lorente porque Rato se negó a responder sus preguntas. Tampoco contestó a las del abogado del Estado. 

El acusado siguió la línea marcada por su abogada, María Massó, que en la primera sesión pidió la anulación de la causa porque, a su juicio, se basaba en un registro que vulneró su derecho a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio y que respondía a una denuncia “mendaz” de la Fiscalía. También acusó a Anticorrupción de decir “una cosa y la contraria”. Rato afeó al Ministerio Público haber utilizado correos electrónicos y documentos que, según su criterio, no deberían estar en la causa. Esta valoración propició el primer toque de atención de la presidenta del tribunal, la jueza Ángela Acevedo. 

Después, anunció que únicamente iba a responder a las preguntas de su defensa y las de los demás acusados. Se explayó especialmente su abogada, que le interrogó durante más de tres horas sobre todos los movimientos bancarios bajo sospecha. El exdirectivo defendió la legalidad de su patrimonio, que situó, en parte, en el dinero en Suiza que le dejó su padre tras su fallecimiento en 1998 y que no había repatriado. Aseguró que sus fondos son “perfectamente identificables” y tienen “una explicación razonable”. 

Ante el tribunal, relató que su padre murió en 1998 y su madre enfermó. En consecuencia, entre 2003 y 2004 él y sus hermanos decidieron que tenían que “tomar decisiones”. Él se ocupó del dinero que había en Suiza y se hizo cargo de Westcastle, la sociedad a través de la que padre gestionaba una cartera que definió como “muy conservadora”. “Nunca introduje ni retiré fondos, ni tuve una tarjeta de crédito”, afirmó. 

Rato mostró su lado más chulesco cuando cargó contra el abogado del Estado y los funcionarios de la Agencia Tributaria que sostienen que él era residente en España cuando era gerente del FMI. La cuestión es relevante porque la Fiscalía le atribuye sendos delitos fiscales en los ejercicios de 2005, 2006 y 2007, que declaró en España pero omitiendo parte de su patrimonio. Según Anticorrupción, Rato habría defraudado 346.853,29 euros en 2005, 948.148,40 euros en 2006 y 1.144.323,70 en 2007. En total, casi 2,5 millones de euros en durante sus años como director gerente de ese organismo. La tesis de las acusaciones es que aunque residía en Washington su domicilio fiscal estaba en España. 

Por contra, la defensa de Rato alega que su residencia estaba fuera y que presentó esas declaraciones por error. Con el objetivo de probarlo, relató que había aportado a la causa recibos y notas de los colegios de sus hijos, así como el documento que refleja que se dio de baja del padrón en Madrid. Ante el tribunal, Rato afirmó que la acusación de que no vivía en Washington “o es una falsedad o una tontería” y llegó a decir que “es increíble que funcionarios públicos españoles” pudieran sostener que era residente en España en esa época. “Tenía escolta, yo no me movía alegremente. Es increíble que puedan decir estas cosas, no sé de dónde sale esta gente”, dijo ante el tribunal. 

Especialmente duro fue contra el abogado del Estado, a cuyas preguntas tampoco respondió. “Este señor que está aquí, el primer día de juicio dijo que Luxemburgo es un territorio opaco para la agencia española. Es muy fuerte que un abogado del Estado diga que Luxemburgo es un territorio opaco. Nos toman por tontos. Es indignante”, aseveró. 

Previamente, durante el interrogatorio de la abogada del asesor fiscal Domingo Plazas asumió toda la responsabilidad sobre las decisiones adoptadas en relación con Kradonara, considerada la pieza principal de los negocios del exministro. La Fiscalía, por contra, sostiene que era Plazas quien la gestionaba y quien organizaba la “repatriación” de parte de las cantidades blanqueadas a través de cuentas ómnibus tituladas por trust en Gibraltar. 

La investigación que ha derivado en este tercer juicio para Rato se inició después de conocerse que se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. La Fiscalía afirma que “lejos de haber regularizado [fondos] ni administrativa ni, menos aún, penalmente” utilizó esa medida “como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años por su patrimonio exterior”. De hecho, el Ministerio Público afirma que declaró únicamente ser propietario de la empresa Red Rose Finantial, pero “omitió cualquier referencia a otras sociedades” y declaró un patrimonio en el exterior de sólo 115.334 euros, por el que abonó 11.533 euros a Hacienda.

Además, la Fiscalía subraya que todas las cantidades ocultas a Hacienda habrían sido, además, objeto de “mecánicas de blanqueo” a través de “cuentas opacas” y “trust” financieros no menos opacos. Entre ellos, el llamado “crédito lombardo”, que son líneas de financiación flexibles “con la garantía de su abultada cartera de valores”, según el escrito del Ministerio Público. Otras de las vías de blanqueo habrían sido la supuesta compra, rehabilitación y puesta en marcha de un hotel en Berlín o las “millonarias ampliaciones de capital” de algunas de sus empresas. 

Este caso también ha hecho aflorar supuestas irregularidades de su etapa en Bankia, a cuya presidencia llegó en 2010 en medio de una lucha de poder entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, que prefería para ese puesto a Ignacio González. Rato ocupó ese cargo hasta mayo de 2012. La Fiscalía sostiene que sabiendo que los gastos de publicidad con motivo de la expansión de la marca y su salida a bolsa iban a ser elevados, Rato trató de “sacar provecho económico personal”. Está previsto que Rato responda sobre esta parte de la investigación en una nueva jornada de juicio que se celebrará este jueves. Será la sesión número 42 de una vista oral que se inició en diciembre y en la que han comparecido desde entonces decenas de testigos y peritos.