Primero fueron los represores franquistas y ahora van los corruptos. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha anunciado que el Ministerio de Trabajo retira "desde ya" la Medalla al Mérito ha aquellas personas "vinculadas con la corrupción", una decisión que, pese a no ser nueva, es ya inminente. "En absoluto son ejemplares para nuestro país", ha insistido Díaz durante una comparecencia en la comisión de trabajo y economía social del Senado.
Entre lo ejemplos que ha puesto la titular de Trabajo, cuyo departamento tiene preparados ya los informes para revocar esta distinción, están el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán o el expresidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso.
La vicepresidenta ha recordado que Díaz Ferrán fue "condenado por delitos como desvío de fondos, evasión fiscal o apropiación indebida". Y que Fernández Gayoso "se adueñó de 22 millones de euros en las prejubilaciones para la cúpula de Novacaixagalicia (NVG)", que se concedieron poco antes de la quiebra de la entidad. "Con carácter inmediato, están preparados todos los expedientes. Lo hicimos con el franquismo y ahora lo hacemos con las personas que merecen que se retiren estas Medallas al Mérito en el trabajo, que están lejos de tener la ejemplaridad sobre la que se basa una distinción de este calado", ha explicado para reclamar que no se tenga "ninguna complicidad con quienes han tenido prácticas corruptas".
El Consejo de Ministros ya aprobó en 2022 un reglamento para modificar los criterios en la concesión de esta distinción, que es el mayor reconocimiento que concede el Ministerio de Trabajo. El cambio habilitaba también a este departamento a retirar la medalla en dos casos: que quienes la recibieron hubiesen formado parte "del aparato de represión de la dictadura franquista" o que no hubieran tenido un comportamiento "ejemplar".
Y este segundo punto es el que viene señalando desde entonces a los condenados por corrupción, como los casos mencionados este viernes por Yolanda Díaz en el Senado. Porque el decreto señala directamente a aquellas personas o entidades cuya "conducta y trayectoria" sea "incompatible con la ejemplaridad cívica y profesional exigida para la obtención del galardón y, particularmente, cuando quede acreditado que el beneficiario, antes o después de la concesión, hubiera sido declarado responsable de actos constitutivos de delito o infracción administrativa que, por su naturaleza y gravedad, resulten incompatibles con la citada ejemplaridad cívica y profesional".
