El Parlamento Europeo echará el cierre este jueves antes de las elecciones del mes de junio y ha aprovechado su último Pleno para dar el visto bueno al catálogo de normativas que la UE acordó en el sprint final del mandato, entre ellas las nuevas reglas que regirán la disciplina fiscal a partir de ahora. El acuerdo alcanzado por los 27 y en el que la Eurocámara apenas metió mano más allá de introducir una cierta flexibilidad social ha salido adelante con amplio margen.

La aprobación de este martes era vital para que este año entren en vigor las nuevas reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que se recupera tras quedar suspendido por la pandemia y, posteriormente, por la guerra en Ucrania para permitir superar las crisis con expansión del gasto. El nuevo acuerdo supone recuperar la obligatoriedad de los estados miembros de tener unos máximos del 60% de deuda y del 3% del déficit respecto al PIB, pero da un mayor margen de maniobra que las anteriores normas. 

Aunque la intención inicial de Bruselas era dar flexibilidad a los estados miembros en su camino al saneamiento de sus finanzas, el acuerdo final llevó a una mayor constricción por las exigencias de Alemania y los frugales. Los gobiernos tendrán que diseñar sendas de ajuste para encaminarse a los umbrales exigidos, pero hay una serie de obligaciones comunes: una reducción del déficit del 0,5% al año para todos los que estén por encima del 3% -y los que estén por debajo deben trabajar por reducirlo al 1,5%- y, en cuanto a la deuda, los que la tengan disparada por encima del 90% tendrán que rebajar un mínimo del 1% cada año y los que la tengan entre el 60 y el 90%, como mínimo un 0,5%. 

A pesar de que la disciplina fiscal volverá a regir la economía de la UE, las reglas son más asequibles que las que aplicaban, por ejemplo, durante la crisis financiera. El anterior marco establecía que se tuviera que reducir una veinteava parte de la deuda al año, que supondría la asfixia financiera para los países más endeudados, como España. Además, el sistema sancionador era tan rígido que jamás se aplicó (con sanciones del 0,2% del PIB). Ahora será del 0,05% cada seis meses.

El nuevo sistema se basará en planes de ajuste relativos al gasto anual que cada país diseñará y pactará con la Comisión Europea de cuatro años de duración, pero que podrán ampliarse a siete si se justifica que hay reformas e inversiones importantes respecto a prioridades de la UE como la transición ecológica o la digital. Las medidas adoptadas en esas materias y defensa serán tenidas en cuenta a la hora de estudiar la apertura de expedientes de déficit excesivo a los incumplidores. Los planes podrán revisarse “si existen circunstancias objetivas que impidan su aplicación” y también si hay un cambio de gobierno.

El trabajo que tienen por delante los 27 es complicado dado que en los últimos doce meses apenas han saneado sus finanzas respecto al año anterior. En 2023, el déficit de la eurozona se situó en el 3,6% (una décima menos que el año anterior) y en la UE se incrementó al 3,5% (desde el 3,4% de 2022). Respecto a la deuda, los países del euro se encuentran en el 88,6% (desde el 90,8%) y la cifra se reduce al 81,7% en el caso de los 27, según los datos publicados el lunes por Eurostat. 

Trece estados miembros tienen la deuda por encima del umbral del 60%. España es el cuarto país con más deuda (107,7%), por detrás de Grecia (161,9%), Italia (137,3%) y Francia (110,6%). Once países están por encima del 3% de déficit -entre ellos España con un 3,6%- y se exponen a la apertura de expedientes sancionadores por desvío presupuestario en junio al retomarse el corsé fiscal. 

Los sindicatos de España, Francia, Italia y Bélgica han hecho sonar las alarmas en los últimos días por la aprobación del nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento y pidieron a los grupos de la Eurocámara que votaran en contra. “Este acuerdo, forzado por el enfoque de austeridad de algunas capitales europeas, exigirá a los Estados miembros que reduzcan su deuda rápidamente y de forma insostenible desde el punto de vista económico y social: esto supondrá una vuelta a la austeridad. Al mismo tiempo, las nuevas normas desincentivarán la inversión en los objetivos sociales y climáticos acordados por los Estados miembros, al limitar el margen de maniobra del déficit público”, denunciaron en una carta suscrita por los líderes de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo. 

El cálculo de los representantes de los trabajadores es que las nuevas reglas fiscales supondrían sólo en esos cuatro países unos recortes o subidas de impuestos por valor de 72.900 millones de euros. 

“La crítica de que iniciará una nueva era de austeridad es un sinsentido, una falacia, porque la austeridad se produce cuando el presupuesto no está controlado y aquí se están mezclando la causa y el efecto”, ha dicho el ponente parlamentario, Markus Ferber, del Partido Popular Europeo: “Se dice que no es el momento de una política fiscal responsable por los retos del clima y que no se puede invertir. Si alguien quiere tener sostenibilidad ambiental no puede renunciar a la sostenibilidad fiscal. Si no se respeta la sostenibilidad fiscal, a la larga no habrá recursos para invertir”.

“No es el acuerdo que habíamos soñado. Queríamos más ambición, flexibilidad, más margen para inversiones, menos salvaguardas y simplicidad; pero para que una reforma sea eficaz es preciso que todos la acepten y la vean como suya para que sea creíble para ciudadanos, gobiernos y mercados financieros. Las nuevas reglas son mucho mejores que las anteriores, más flexibles, transparentes, democráticas, progresistas y por primera vez con una fuerte dimensión social”, ha defendido la ponente socialdemócrata Margarida Marques.

También los liberales han apoyado la reforma. “Se trata de definir condiciones que puedan reducir los niveles de endeudamiento sin frenar las inversiones indispensables para responder a los desafíos del futuro”, ha dicho Stéphanie Yon-Courtin, de Renew. En el debate, la extrema derecha ha defendido la necesidad de la “disciplina presupuestaria”.

En contra se han posicionado Los Verdes: “Desgraciadamente, en el corazón de esta reforma subyace una obsesión ideológica que prioriza el dogma de la reducción de la deuda sobre la inversión y el gasto social”. “Estas nuevas normas presupuestarias impondrán una camisa de fuerza a todos los Estados miembros de la UE. Privará a los gobiernos de los recursos financieros necesarios para garantizar una economía próspera, los servicios sociales y la acción por el clima. Esta obsesión por la reducción de la deuda conducirá inevitablemente a una vuelta a la austeridad, en un momento en que la UE necesita urgentemente impulsar la inversión”, afirma el presidente del grupo, Philippe Lamberts.

En términos similares se ha pronunciado la portavoz de La Izquierda, Manon Aubry, que considera que supone “la austeridad para la perpetuidad”. “Sea cual sea el sacrificio, nunca será suficiente para ustedes”, le ha dicho a las bancadas del PPE, socialdemócratas y liberales. “Están comprometiendo nuestro futuro, la protección social y el medio ambiente. Si hay algo que se negocia es la deuda, no el planeta”.

La Eurocámara también ha dado el visto bueno a la normativa con la que la UE pretende impulsar y blindar el derecho a la reparación de los consumidores, que obligará a los fabricantes a su disposición piezas de recambio y herramientas a un precio razonable y tendrán prohibido recurrir a cláusulas contractuales y a técnicas relacionadas con los equipos o los programas informáticos que impidan la reparación de bienes. En concreto, no podrán impedir el uso de repuestos de segunda mano o impresos en 3D por talleres de reparación independientes, ni negarse a reparar un producto únicamente por razones económicas o porque anteriormente fue reparado por terceros.

“A fin de que las reparaciones sean más asequibles, cada Estado miembro tendrá que aplicar al menos una medida para promover la reparación, como vales y fondos de reparación, llevar a cabo campañas de información, ofrecer cursos de reparación o apoyar espacios de reparación comunitarios”, señala la Eurocámara en un comunicado sobre la nueva norma, que ha salido adelante prácticamente por unanimidad (584 votos a favor, 3 en contra y 14 abstenciones).

También con un amplio margen, la Eurocámara ha fijado su posición para la futura legislación con la que se pretenden reducir los riesgos de los vertidos de pellets de microplásticos como los que inundaron las costas gallegas en enero. Los eurodiputados quieren reforzar las medidas que los operadores que manipulan pélets de plástico tienen que tomar para evitar las pérdidas y que, de producirse, tengan que actuar de inmediato para contener y limpiar los vertidos. La negociación con la Comisión Europea y el Consejo de la UE se activará tras las elecciones de junio.