El Banco de España ha dedicado un capítulo de su informe anual al mercado laboral. En él, el equipo de analistas de la institución monetaria recomienda “reconsiderar” las políticas actuales ante la tasa de paro “persistentemente más elevada que las de otros países de nuestro entorno, los cambios tecnológicos y el envejecimiento” de la población. Entre sus propuestas, el informe incluye “alargar la vida laboral” y “políticas” que favorezcan “la llegada de inmigrantes”, junto a otras recomendaciones.

Lo cierto es que el análisis del Banco de España arranca destacando que “la principal característica del comportamiento reciente del mercado de trabajo ha sido el considerable dinamismo del empleo [es decir, la importante creación de puestos de trabajo desde 2021]”. Asimismo, reconoce que, desde la aprobación de la reforma laboral de 2021, “la ratio de temporalidad se ha reducido con intensidad”.

En cambio, “la productividad del trabajo apenas ha aumentado desde el comienzo de la pandemia” y, “a pesar del vigor observado en la creación de empleo [nuestro país está cerca del récord de 21 millones de trabajadores afilados a la Seguridad Social], la tasa de paro [cercana al 12%] sigue siendo excesivamente elevada”, incide la institución.

“Mirando al futuro, los cambios tecnológicos y demográficos en curso podrían llegar a causar una profunda transformación del mercado laboral, con implicaciones muy relevantes para la demanda y la oferta de trabajo y para la empleabilidad y productividad de determinados colectivos”, añade.

Entre las recetas de la institución para resolver las problemas estructurales del “paro elevado” y “la baja productividad” y afrontar los cambios que vienen, se recoge que “se debería fomentar el alargamiento de la vida laboral”. La propuesta resalta por contradictoria.

Según se observa en el informe, “en lo que llevamos de siglo, la edad media de los ocupados asalariados en España ha aumentado aproximadamente en 6 años —de 37,5 a 43,5 años—, mientras que la de los ocupados no asalariados lo ha hecho en 4 años —de 44 a 48 años—”. Este “envejecimiento” de los trabajadores incide “negativamente sobre el ritmo de avance de la tasa agregada de empleo y de la productividad y, por tanto, sobre el crecimiento”, dice la misma institución.

Sin embargo, “el alargamiento de la vida laboral, que ya se está produciendo, también contribuye a reducir algunos de los efectos adversos del envejecimiento poblacional sobre el mercado laboral”, asegura el Banco de España.

Aunque después enumera una lista de problemas de esta tendencia. Por una parte, “aunque aún existe un cierto margen para seguir extendiendo en el tiempo la vida laboral de los trabajadores españoles, este proceso se enfrenta a algunas limitaciones, como las relacionadas con el estado de salud de los trabajadores de mayor edad”.

Por otro lado, “los trabajadores de mayor edad no son sustitutos perfectos de los trabajadores más jóvenes, dado que sus cualificaciones profesionales, sus aptitudes y sus facultades laborales son distintas”.

En la misma línea, el Banco de España apunta que la recuperación de los flujos migratorios, que se vieron afectados muy negativamente por la pandemia, ha contribuido de forma notable al vigor reciente del empleo en nuestro país. De cara al futuro, “sería deseable que las políticas migratorias anticiparan proactivamente las necesidades de contratación que se generarán en el mercado laboral español como consecuencia de las futuras jubilaciones y que favorecieran la llegada de inmigrantes que puedan satisfacer dichas demandas de trabajo”.

“En España, la edad media de los ocupados de nacionalidad extranjera es 3,4 años inferior a la de los nacionales. No obstante, no cabe esperar que la inmigración solucione completamente el problema del relevo generacional de los trabajadores en nuestro país”, explica.

El informe también entra en la propuesta de reducir la jornada laboral del Gobierno de coalición y la relaciona con la productividad del trabajo. La conclusión de la institución es que “sería deseable que las distintas empresas y sectores dispusieran de una amplia flexibilidad para acomodar dicho cambio normativo si se quieren evitar los posibles efectos negativos de esta medida sobre los costes laborales, la productividad y el nivel agregado de empleo y actividad”.

“En España, desde el año 1983, la jornada laboral legal se ha mantenido en una duración máxima de 40 horas semanales. Sin embargo, la jornada laboral media ha caído de forma apreciable. Así, según la EPA, entre 2005 y 2023 la reducción de las horas semanales pactadas en el empleo principal y a jornada completa fue de 48 minutos, hasta las 38,91 horas semanales. Por su parte, en el mismo período, las horas efectivas cayeron en 3,1 horas, hasta las 33,1 horas semanales”, recoge el Banco de España.

“La caída observada en la duración de la jornada laboral media ha sido muy heterogénea por sectores y empresas, lo que ha permitido que dicha jornada se adecuase a las características específicas de las empresas, a sus efectos desiguales sobre la productividad y los costes laborales y a las preferencias de los trabajadores. Esta heterogeneidad debe mantenerse de cara al futuro”, señala.

En el debate sobre la productividad, el informe repite el 'mantra' del estancamiento y de la brecha con el resto de economías avanzadas, si se miden como PIB (Producto Interior Bruto) en relación con las horas trabajadas (la forma más común de medir la eficiencia del trabajo, aunque en esta información se explicaron sus muchas deficiencias y en este otra se expuso un cálculo alternativo).

Osea, estamos hablando de la productividad del trabajo. “La evidencia internacional de las últimas décadas apunta a que los salarios reales crecen de forma más intensa en aquellas economías donde la productividad presenta un mayor dinamismo”, dice el informe. Aunque detecta que en España los salarios no han acompañado la mejora de la productividad al mismo ritmo que en el resto de grandes economías mundiales, sino quedándose más atrás, según se observa en el gráfico.

“Las razones que hay detrás de esta brecha han sido y siguen siendo objeto de un análisis exhaustivo por parte de la literatura económica, si bien esta aún no ofrece resultados concluyentes en cuanto a la importancia relativa de cada uno de los posibles factores explicativos”, confiesan los expertos del Banco de España.

“Entre los principales determinantes analizados destacan los cambios tecnológicos, que podrían haber mostrado en las últimas décadas un mayor grado de complementariedad con el factor capital que con el factor trabajo”. Es decir, “el capital” se ha quedado una mayor porción de la 'tarta' del aumento de eficiencia de los trabajadores.

“También ha recibido mucha atención por parte de los investigadores el proceso de globalización de la actividad económica, que habría generado una cierta deslocalización de las actividades más intensivas en empleo y reducido el poder de negociación de los trabajadores en las economías avanzadas”. Menos poder de los sindicatos.

“Otro de los aspectos que se ha resaltado en la literatura como posible causa de un menor crecimiento de los salarios en comparación con el avance de la productividad estaría relacionado con un mayor poder de monopsonio y de monopolio por parte de las empresas , en un contexto en el que, como se ha mencionado, el poder de negociación de los trabajadores podría haberse reducido”, prosiguen.

“Por último, también se ha puesto de relieve la importancia de los intensos cambios que se han venido produciendo en la composición de la oferta de empleo, por ejemplo, en términos del envejecimiento de los trabajadores, la incorporación de la mujer al mercado laboral y la inmigración”, subrayan los autores del informe.

Otras propuestas que hace el Banco de España son mejorar las políticas activas del mercado de trabajo (formación e intermediación laboral), ya que “son especialmente necesarias para acomodar los efectos disruptivos de los cambios tecnológicos sobre el empleo y para aumentar la empleabilidad de los trabajadores de mayor edad”.

Además aborda que “las prestaciones por desempleo deben ofrecer una adecuada protección a los parados, sin que ello perjudique los incentivos a la búsqueda de empleo y a la movilidad laboral”. Mientras que considera que “para favorecer la necesaria reasignación ocupacional del empleo, resultaría adecuado seguir avanzando en la definición de las causas objetivas de despido y en la reducción de la incertidumbre asociada a estos procesos”.