La inflación ha golpeado a los hogares con más dificultades económicas y se convierte en un factor que ahonda en la desigualdad. Golpea especialmente el gasto en vivienda y a quienes viven de alquiler, hasta el punto que España es el país europeo donde más inquilinos están en situación de riesgo de pobreza o de exclusión social. Esa persistente inflación ha hecho que casi una de cada tres personas jóvenes haya tenido que retrasar o suspender el pago de su alquiler, según un análisis de Oxfam Intermón.

En concreto, el 30,4% de los inquilinos menores de 25 años no ha podido cumplir con las fechas que marcan sus contratos, frente al casi 20% de media de la población general. 

Esta es una de las conclusiones de su informe 'Vivir la Desigualdad', que también pone el foco en cómo casi la mitad de la población (el 45,7%) ha tenido que rebajar sus gastos en alimentación, en electricidad, agua o calefacción a lo largo del último año. Una cifra que es mayor (más del 49%) entre las mujeres y entre las personas racializadas (58,4%). El análisis se basa en una encuesta realizada por 40dB, con más de 4.000 entrevistas, así como grupos focales para concretar aspectos ligados a brechas sociales y económicas.

La mitad de las personas con hipoteca y el 60% de las que viven de alquiler dedican más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, según este análisis. En concreto, entre quienes alquilan, uno de cada cinco hogares tiene que reservar más de la mitad de todos sus ingresos a pagar a los propietarios del inmueble donde viven. 

Oxfam Intermón ahonda en cómo la vivienda es un factor esencial a la hora de entender la percepción de la desigualdad. “A mayor nivel económico, menor grado de dedicación de ingresos al pago de la vivienda. Esto es algo especialmente significativo en el caso de las hipotecas y algo más matizado en el de los alquileres”, argumenta Oxfam Intermón. “Por poner un ejemplo, mientras que el 44,4% de las personas pertenecientes al nivel socioeconómico alto dicen dedicar menos del 30% a abonar los gastos de vivienda, solo el 32,3% de las situadas en el perfil más bajo afirman encontrarse en una coyuntura parecida”. Ahí no detalla los niveles concretos de renta.

En su análisis cualitativo, Oxfam Intermón afirma que “en situaciones de mayor vulnerabilidad” que pueden conllevar el desahucio, “la pérdida de la vivienda propia se asocia estrechamente con las redes de apoyo disponibles por parte de cada individuo”. Es decir, se tira de conocidos para encontrar una solución. “A mi edad, debido al bajo salario que tengo y lo alto que se ha puesto hoy en día el alquiler de una vivienda, he tenido que volver, con mis cincuenta y tantos, a casa de mi madre que es una señora jubilada de casi 80”, cita el informe, en referencia a un hombre de 54 años, de clase media, empleado y que vive en un ámbito urbano.

El análisis concluye que hay un porcentaje ligeramente mayor de hombres (más del 38%) que tiene que dedicar entre un 30% y un 50% de su renta al pago de hipotecas, frente al 35,3% de mujeres. “Lo mismo ocurre en el caso de los alquileres: un 51% de los hombres dicen dedicar entre un 30% y un 50% de sus ingresos a este tipo de pago, frente a un 41,6% de mujeres”, según la citada encuesta. En cambio, matiza, “la diferencia se invierte cuando pensamos en la dedicación de más de un 70%, donde encontramos un porcentaje de mujeres (19,8%) mayor que el de hombres (11,7%)”.

Por perfiles raciales, las personas racializadas han tenido que recortar más sus gastos ligados al hogar y al pago de los inmuebles, como se resume constata en el siguiente gráfico. 

Los grupos focales realizados por esta organización también señalan que la desigualdad de oportunidades entre lo urbano y lo rural. “Se señalan dificultades para residir en las áreas urbanas debido a la inaccesibilidad a viviendas adecuadas, impulsada por precios elevados que obligan a las personas residentes a mudarse a las periferias”, resume. “Además, resaltan disparidades de acceso a oportunidades y servicios en las áreas rurales, lo cual exacerba las desigualdades sociales. Específicamente, las comunidades rurales enfrentan desafíos en la atención médica y en la limitación del transporte público, que aumenta la dependencia del vehículo privado. Y cuando la falta de recursos económicos impide la posesión de un vehículo, se dificultan aún más los desplazamientos, las oportunidades de trabajo y otras necesidades”. 

El análisis también desglosa que más de la mitad de la población encuestada ha tenido que recortar gastos en la cesta de la compra, el ocio y el vestido y calzado. 

Además, un 40% de los 4.000 encuestados ha reducido la compra de carne o pescado y un 38,2% no podrían afrontar gastos imprevistos superiores a 600 euros. En el caso de las personas de nivel socioeconómico bajo, los recortes en fruta, verdura, carne, pescado, otros productos básicos (leche, huevos, patatas, aceite), ropa y calzado se disparan más de 10 puntos por encima de la media de la población.

Esta realidad lleva a que más de la mitad de la población esté insatisfecha con su situación económica, casi el 55%; y más del 40% no está contenta con su vida laboral. En ambos casos, las cifras son notablemente peores entre las mujeres, con más de 10 puntos de diferencia respecto a los hombres.