El aumento vertiginoso en los alquileres y el precio por las nubes de las propiedades podrían convertirse en el próximo campo de batalla de la política europea, dicen los expertos, a medida que los partidos populistas y de extrema derecha sacan ventaja del enfado creciente de los ciudadanos por la crisis inmobiliaria del continente.

A pocas semanas de las elecciones al Parlamento Europeo, la vivienda tiene todas las características para convertirse en un condicionante, tan potente como la inmigración, del voto a la extrema derecha.

“Los partidos de extrema derecha crecen cuando pueden sacar ventaja de las brechas sociales que surgen por falta de inversión y por una planificación inadecuada del gobierno; y cuando pueden culpar a los de fuera”, dijo al periódico The Guardian Balakrishnan Rajagopal, relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada. “En esa situación se encuentran ahora muchos países de la UE”, añadió. “La crisis de la vivienda ya no afecta solo a los que ganan poco, a los inmigrantes, y a las familias monoparentales, sino a las clases medias; es el problema social del siglo XXI”.

La escasez de viviendas asequibles ha desatado protestas en Lisboa, Ámsterdam, Praga y en Milán, así como en Londres, fuera de la UE. Los jóvenes están especialmente enfadados por hipotecas que multiplican por diez el salario anual promedio y alquileres que consumen la mitad de sus ingresos.

La crisis de la vivienda fue una de las preocupaciones principales de los votantes en las elecciones neerlandesas de 2023, ganadas por el antiislamista Geert Wilders con su formación de extrema derecha Partido de la Libertad (PVV). También ha sido clave para el aumento en Portugal del apoyo a Chega, el partido de extrema derecha que en las elecciones de marzo casi multiplicó por tres su porcentaje de votos.

En palabras de Catherine Fieschi, del Instituto Universitario Europeo, “se trata de un tema que encaja en muchas de las tendencias actuales” de los partidos de extrema derecha. “Resulta fácil presentarlo como una cuestión de las élites contra el pueblo, y decir que los inmigrantes reciben mejor trato que los nacionales”, dijo.

De acuerdo con los datos de Eurostat, entre 2010 y 2022 el precio de la vivienda se ha disparado un 47% en los 27 Estados miembro, con una subida del 18% para los alquileres durante el mismo período. En varios países de la UE, al menos uno de cada cinco hogares destina a vivienda el 40% de sus ingresos netos, o más.

Investigaciones académicas recientes han demostrado una relación directa entre el aumento de los alquileres y el voto a la extrema derecha, incluso cuando no hay consignas duras contra los inmigrantes. Según Tarik Abou-Chadi, especialista en política de la UE y coautor de un estudio que vincula el aumento en los alquileres al apoyo creciente del partido de extrema derecha Alternativa por Alemania (AfD), el “miedo a la pérdida de estatus” es un factor clave.

“Los datos demuestran que la vivienda se integra en un conjunto mayor de inseguridades y amenazas socioeconómicas que están alimentando la ansiedad”, dijo Abou-Chadi. “El miedo a tener que mudarse por no poder permitírselo está aumentando los apoyos a la derecha radical”.

Para su investigación contrastó datos detallados sobre el aumento en el precio de los alquileres con las respuestas de los ciudadanos en la encuesta anual de opinión del Panel Socioeconómico de Alemania. Encontró que el encarecimiento en el coste de la vivienda estaba correlacionado con un apoyo mayor a la AfD, especialmente entre los inquilinos de ingresos bajos.

En las zonas urbanas esta correlación fue aun más evidente que en las rezagadas regiones rurales, donde la AfD tiene gran parte de su base electoral y los alquileres se han mantenido relativamente bajos. Según Abou-Chadi, el crecimiento del partido en las ciudades podría explicarse por el factor vivienda. “Lo interesante es que la correlación se mantiene incluso cuando los alquileres no han aumentado”, dijo. “No son solo las dificultades reales, sino la preocupación, la amenaza al estatus socioeconómico”.

Hasta ahora, la AfD no ha hecho mucho por jugar la baza de la vivienda. En Portugal, el partido Chega se ha centrado más en la corrupción que en la crisis de vivienda, agravada en Lisboa y en Oporto con la llegada de nómadas digitales de altos ingresos y el crecimiento gigantesco de los alquileres vacacionales. Pero según Vicente Valentim, especialista de la Universidad de Oxford en extrema derecha europea, “la posibilidad de que la vivienda se convierta en un factor muy relevante dentro del voto a la extrema derecha es muy clara, y no hará sino aumentar en el futuro”.

En España, Vox también se ha apuntado a esta tendencia. De hecho, la formación ultraderechista ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que propone dar prioridad a los ciudadanos españoles en los programas de acceso a la vivienda y las ayudas sociales. Vox asegura que en comunidades como el País Vasco se destinan 182 millones de euros a personas extranjeras por estos conceptos.

La formación de Santiago Abascal se queja del impacto económico negativo que tiene la inmigración “debido a la baja contribución de los inmigrantes a las arcas públicas”. “La inmigración en España aporta actualmente un porcentaje muy pequeño del total recaudado, siendo la contribución fiscal de estos inmigrantes muy inferior a la del español medio, que aporta de media casi tres veces más que los extranjeros”, dice Vox.

El grupo parlamentario de la formación de ultraderecha critica también la “escasa voluntad de integración” de estas personas, las “elevadas tasas de paro” que registran y el “auge de la violencia que trae acompañada cierto tipo de inmigración”. Vox justifica su iniciativa para dar prioridad a los españoles en las ayudas sociales y los programas de vivienda, que se debatirá en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo de la Cámara Baja.

Los partidos principales han empezado a darse cuenta de la amenaza. En enero, los alcaldes de las grandes ciudades hicieron una llamada de atención urgente por la necesidad de viviendas de mejor precio, calidad y condiciones de sostenibilidad. Eurodiputados y ministros de Vivienda de todo el bloque han pedido prioridad máxima para la vivienda, un tema que no entra dentro de las competencias de la UE.

Según Rajagopal, que hace poco publicó un informe sobre la crisis de vivienda en Países Bajos, el primer paso debería ser consagrar como derecho legal el acceso a una vivienda asequible, segura y adecuada. “Los países de la UE tienen una larga y admirable tradición de protección social, de estado de bienestar”, dijo. “Pero cuando se trata de reconocer la vivienda como un derecho humano protegido por ley, Europa va a la zaga de la legislación internacional; los ciudadanos de la UE no pueden acudir a sus tribunales nacionales por el tema de la vivienda; los países europeos se han dado cuenta de esto, pero no están haciendo nada por resolverlo”.

Más allá de eso, la crisis de la vivienda en la Unión Europea y el Reino Unido se debe según Rajagopal al abandono de la planificación estatal y a “considerar a la vivienda como cualquier otra mercancía, que se compra y se vende”. “Europa se dejó engañar por la fe en los mercados y el rechazo a la planificación de los años ochenta”, dijo Rajagopal. “Pero los mercados solo se preocupan por sí mismos, y cuando además de eso se abandona la planificación estatal no queda nadie suministrando viviendas; eso es lo que permite al PVV, por ejemplo, culpar de la crisis neerlandesa a los inmigrantes, cuando nada prueba que los inmigrantes sean los culpables (...) Si queremos frenar el auge de la extrema derecha, quitarle un poco de aire, temas como la vivienda deben ser considerados derechos fundamentales”.

Según Sorcha Edwards, secretaria general de la ONG Housing Europe, “evidentemente hay que construir más”. “Pero la oferta no es la única solución”, añadió. También hay que pensar en el “tipo de vivienda que se construye y en la financiación”. En su opinión, el enfoque de regular la vivienda solo por el mercado, donde mandan los capitales privados y las organizaciones benéficas tratan de arreglar el desaguisado, debe dar paso a un esquema de “financiación de interés público de largo plazo” con “condiciones a cumplir y criterios sociales”.

“Tendrá que producirse un auténtico cambio cultural”, dijo. “En el centro tiene que haber un sector de beneficios limitados, no solo con viviendas municipales sino con formas de propiedad alternativas, como las cooperativas; lo que está claro es que para construir vamos a tener que emplear la financiación correcta”.