La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y los secretarios general de UGT, Pepe Álvarez, y Comisiones Obreras, Unai Sordo, han firmado este miércoles el acuerdo para la reforma del subsidio por desempleo tras meses de negociaciones y en segunda vuelta, tras el decaimiento del decreto anterior que la también ministra de Trabajo llevó al Congreso y que contó con el voto en contra de PP, Vox y Podemos. La formación que dirige Ione Belarra tumbó en enero la norma por la reducción del 125 al 100% de la cotización de los mayores de 52 años, que ahora el Gobierno ha corregido.

Tras la última reunión de la mesa del diálogo social, celebrada este lunes, el acuerdo entre Trabajo y los sindicatos parecía ya inminente. UGT y CCOO habían emplazado a sus órganos de dirección, que se reunieron este martes, a estudiar la última propuesta del ministerios, que finalmente han rubricado este miércoles. Del acuerdo queda fuera la patronal. Ello pese a que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, había confiado en que se incorporase porque, en su opinión, “no hay ningún motivo de peso para que se quede fuera”. Fuentes de la CEOE señalan que no consideran que se haya producido una verdadera negociación, sino un proceso de consultas.

El texto presentado el lunes a los sindicatos mantiene las mejoras del anterior, como la ampliación del subsidios en 90 euros, hasta los 570, se amplia a los eventuales agrarios, a las temporeras marroquís que trabajan en España, incorpora como beneficiarios a las personas menores de 45 años sin cargas familiares, hasta ahora excluidas y equipara la cuantía que reciben las personas que habían estado empleadas a tiempo parcial, generalmente mujeres, con aquellas a tiempo completo.

Además, tanto Trabajo como los sindicatos habían declarado estos días que la reforma había sido mejorada. Respecto al texto de enero, que tanto UGT como CCOO habían pedido que se aprobase en el Congreso para mejorarlo durante la tramitación, algo a lo que Podemos se negó, ahora se incorpora a las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género o sexual como receptoras del subsidio y a los emigrantes retornados.

La otra gran novedad, a la espera del detalle final del texto, es la posibilidad de compatibilizar prestaciones contributivas y empleo durante un tiempo determinado. En la reforma anterior, el Ejecutivo ya había permitido la compatibilidad del subsidio de 480 con el trabajo, una posibilidad que se amplía. El objetivo de esta medida es facilitar la incorporación de las personas desempleadas al mercado laboral, aunque sea de forma temporal o parcial.

Tras conocerse que Trabajo mantendría finalmente la cotización de los mayores de 52 años al 125%, una exigencia de Podemos, que también compartían los sindicatos, Belarra celebró que el Ejecutivo “haya rectificado”. “Una vez más se demuestra que pelear y hacer ruido sirve para seguir avanzando en derechos”, dijo a través de un mensaje en su cuenta de X. El Gobierno consideraba que mantener esa sobrecotización, que se justificó en su momento por el bajo importe del salario mínimo interprofesional, generaba, con las últimas subidas del SMI, “disfunciones” con los 2,5 millones de personas trabajadoras que lo cobran y cotizan menos.

“La causa por la que no prosperó (el anterior real decreto) era esta y ya está retirada”, confirmó el lunes el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo. “Esperamos que pueda ver la luz”, coincidió la secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, Cristina Estévez, porque, con este cambio, “no habría ningún elemento que pudiera contravenir” su aprobación.

La reforma del subsidio por desempleo es un compromiso con Bruselas para el cuarto desembolso de los fondos europeos 'Next Generation', al que el Ejecutivo debe dar respuesta antes del 20 de mayo, tras una prórroga de dos meses.