El Consejo de Administración de Endesa ha aprobado dejar de operar todas sus centrales térmicas de carbón en la Península, incluidas las de Litoral, en Almería, y As Pontes, La Coruña, en las que efectuó inversiones para que pudieran operar más allá de 2020.

En un hecho relevante remitido este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la eléctrica ha informado de que el Consejo de Administración ha aprobado este viernes promover la "discontinuidad de la producción de sus centrales de carbón en la Península" y evaluar opciones de futuro en los emplazamientos en que se encuentran.

Endesa justifica su decisión por la modificación de las condiciones de mercado que afectan a las plantas de carbón, derivada del precio internacional del combustible fósil, pero especialmente de los nuevos mecanismos del mercado de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), que han encarecido éstos y que está haciendo que este tipo de plantas no sean competitivas frente a otras centrales de generación en el mercado eléctrico.

La eléctrica dice que, por estos motivos, "el funcionamiento de estas centrales no resulta previsible en el mercado de generación en el futuro".

La compañía no espera que la decisión que ha adoptado tenga un impacto relevante en el margen de explotación de la compañía, y recuerda que tiene previsto aumentar de manera significativa las inversiones destinadas a la construcción de nueva capacidad renovable en su próximo plan estratégico, que será aprobado antes de fin de año.

El valor neto contable del conjunto de centrales térmicas de carbón peninsular asciende a aproximadamente a unos 1.300 millones de euros, que incluye el importe estimado de la provisión para el desmantelamiento de las centrales.

El fin de la operación de todos los activos de producción con carbón de Endesa en la península podría implicar para la compañía registrar contablemente un deterioro del valor de esos activos por un importe máximo equivalente a esos 1.300 millones, lo que, en su caso, reduciría el importe futuro de las amortizaciones estimadas en el conjunto de centrales.

No obstante, señala que el registro contable de ese deterioro no se tiene en cuenta para el cálculo del beneficio neto ni tiene impacto alguno en la determinación de la remuneración al accionista.

Endesa cuenta con cuatro centrales de carbón en la Península, dos (Compostilla, en León, y Andorra, en Teruel), cuyo cierre ya estaba decidido, y otras dos (As Pontes, en La Coruña, y Litoral, en Almería), en la que la compañía efectuó inversiones para que pudieran operar como máximo hasta 2030.

La normativa europea exigía efectuar inversiones en desnitrificación y desulfurización para que las centrales de carbón pudieran funcionar más allá de junio de 2020.

Endesa descartó hacerlo en Compostilla y Andorra, centrales que utilizaban carbón nacional, y efectuó inversiones en las dos que usan carbón de importación, As Pontes y Litoral, por valor de cerca de 200 millones de euros en cada una de ellas, pero ahora los elevados precios que están alcanzando los derechos de emisiones de CO2 han cuestionado su rentabilidad futura y están en pérdidas.

El problema ha salpicado a otras actividades auxiliares y, por ejemplo, en el caso de As Pontes, los transportistas de carbón del puerto de Ferrol a la central llevaron a cabo en julio una protesta, ya que llevaban meses sin transportar mineral a la planta por la inactividad de ésta, que llevaba meses sin entrar en red porque los altos precios del CO2 no les permitía casar sus ofertas en el mercado mayorista eléctrico.

La plantilla de las centrales de As Pontes y Litoral suma en conjunto en torno a unos 300 trabajadores, mientras que en Andorra la cifra era de 153 y en Compostilla de 160.

El anuncio de Endesa de la discontinuidad de la operación en estas dos centrales podría suponer a futuro su cierre, pero para ello la compañía debe solicitarlo al Ministerio para la Transición Ecológica, que es el encargado de autorizar los cierres de plantas de generación eléctrica.

También la otra gran eléctrica española Iberdrola solicitó en 2017 el cierre de sus centrales de Lada, en Asturias, y de Velilla, en Palencia, las dos últimas que le quedaban en todo el mundo.