El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana da un paso atrás y retira el proyecto para modificar la Ley del Suelo para evitar una derrota parlamentaria del PSOE. Un texto que rechazaba Sumar y que tampoco contaba con el respaldo del PP, que el Ministerio encabezado por Isabel Rodríguez ha buscado en los últimos días.

Lo ha hecho minutos antes de comenzar un pleno en el Congreso de los Diputados que tenía que votar las enmiendas a la totalidad que han presentado tres socios de Gobierno, Junts, Esquerra y Podemos.

Fuentes del Ministerio aseguran que se ha tomado esta decisión “en estas horas previas al inicio de la campaña electoral” para “garantizar su tramitación”. Es decir, quieren desligar el proyecto de la campaña de las elecciones europeas que comienza esta noche y no lo dan por perdido. En concreto, el Ministerio encabezado por Isabel Rodríguez explica que “el Gobierno ha solicitado la retirada del orden del día del pleno del proyecto de ley de modificación de la ley del Suelo para garantizar que esta norma no se vea afectada por la situación electoral”.

E insisten en que es una norma demandada por los Ayuntamientos, en un carta firmada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por las comunidades autónomas y que la Xunta, presidida por Alberto Núñez Feijóo, la reclamó hace un par de años. Además, apuntan que el sector de la construcción y los promotores piden cambiar la ley para desbloquear un centenar de planes urbanísticos. En este tema contamos cuáles eran los argumentos de Vivienda para tratar de sacar adelante una ley que ahora queda pospuesta sin fecha.

Las citadas fuentes marcan esa defensa del texto porque “se trata de un proyecto de ley que se tramitó con la máxima celeridad para dar respuesta a la necesidad de la promoción y ampliación del parque público de vivienda en España”. También, que busca “garantizar la seguridad jurídica de los desarrollos urbanísticos”. Y difiende que el texto suponía “más garantías de protección medioambiental y que cumple con los objetivos de la Agenda 2030”.

Y critica al PP por rechazar el cambio de la norma. “Nuevamente, vemos a un Partido Popular con falta de sentido de Estado. Han primado sus intereses electoralistas a una demanda de ayuntamientos y comunidades autónomas, para favorecer el desarrollo de vivienda pública”.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana ha señalado al PP como responsable de que el texto no salga adelante y no da el texto por perdido. Eso sí, no como proyecto de ley, sino que lo deja en manos de los grupos parlamentarios para que lo presenten como proposición de ley pero cuando pase la cita electoral de junio.

“Lamento el parón”, ha reconocido. “Espero que podamos enmendarlo, tras las elecciones europeas”, ha indicado Isabel Rodríguez. “El sector le pidió al PP que hiciera ese esfuerzo” y en lugar de eso han “aprovechado la oportunidad para vapulear al Gobierno. No atiende al interés general”. Rodríguez también ha asegurado que el PSOE y el PP estuvieron negociando enmiendas parciales al texto durante la semana pasada.

Sin embargo, fuentes de la dirección del PP aseguran a elDiario.es que “no ha habido negociación” y que el PSOE “ha pedido el apoyo sin negociar”. “Nos llamaron el martes para preguntar por el voto” y “no les dijimos el sentido del voto”, matizan.

Antes, en los pasillos del Congreso, el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, ha asegurado a los medios que Vivienda “no ha seguido el camino del diálogo”, en el proyecto de cambio de esta ley. “Nos han planteado lentejas” y que se han enterado “por la prensa de la retirada” del texto. “Confiar a estas alturas en el PP me parece una temeridad por parte del PSOE”, ha recalcado. Y la líder de Podemos, Ione Belarra, ha señalado que es “tercera vez” que la formación morada “para esta reforma, dos en el Gobierno”. “Era una línea roja para Podemos”, ha indicado a los medios.

Sumar ya había avanzado a principios de semana que iba a rechazar la ley, porque el Partido Socialista no había atendido ninguna de las observaciones que plantearon cuando el texto se aprobó en el Consejo de Ministros. Critica que, tal y como está planteado, la modificación de la ley restringe el acceso a la acción pública, esto es, la posibilidad de que cualquier particular pueda presentar recursos a los planes urbanísticos, incluso si no están afectados directamente. “No se comparte la necesidad de restringir el acceso a la acción pública y se considera más adecuado mantenerla en sus actuales términos y no limitar la posibilidad que en la actualidad tiene la ciudadanía de exigir la expulsión del ordenamiento jurídico de planes urbanísticos ilegales en defensa de los intereses generales”, indican desde Sumar.