El Congreso de los Diputados se tiene que posicionar este jueves sobre la modificación de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. En concreto, sobre las enmiendas a la totalidad presentadas por tres formaciones socias del Gobierno de coalición, Junts, Esquerra y Podemos. Si salen adelante devolverían el texto a la casilla de salida, en un proyecto que ya se quedó pendiente en la anterior legislatura por el adelanto electoral.

Y a eso se suma el rechazo de Sumar a una reforma que consideran la vuelta a la política del pelotazo y que ha abierto un nuevo cisma en el Gobierno de coalición. Es el segundo en una semana, tras el voto en contra de la formación que encabeza Yolanda Díaz a la Ley contra el proxenetismo, al entender que “castiga” a las prostitutas. 

En el caso de la Ley del Suelo, si el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana quiere seguir adelante con su tramitación parlamentaria, tendrá que sumar a los votos del Grupo Socialista los del Partido Popular. Una opción que fuentes del Ministerio encabezado por Isabel Rodríguez no descartan. Lo creen posible porque entienden que el proyecto va a permitir desbloquear un centenar de planes generales de ordenación urbana, de todas las tendencias políticas, en ciudades como Eivissa, Las Palmas, Santander, Toledo, Gijón, Ourense o Madrid, enumeran.

Se desbloquearían porque, si se impulsan nuevos planes urbanísticos, estos ya no decaerían en el momento en el que salga adelante un recurso contra los mismos, siempre que este sea por motivos formales que se puedan solventar. “Hay despachos que se han especializado en los recursos, que amenazan con hacer caer los planes generales de ordenación urbana si no consiguen sus objetivos”, aseguran fuentes del Ministerio. “Ahora se modifica la Ley del Suelo para dar esa seguridad jurídica que se necesita, es una demanda del municipalismo y de las comunidades autónomas”.

Es ahí donde ven factible el respaldo del PP, porque en 2021 la Xunta de Galicia, entonces encabezada por Alberto Núñez Feijóo, presentó un manifiesto en la misma línea que el promovido por Vivienda.

“Instamos a que, sin mayor dilación, se dote de seguridad jurídica al ámbito de la ordenación del territorio y el urbanismo, ante las reiteradas declaraciones de nulidad radical del planeamiento territorial y urbanístico en sede judicial a causa de vicios formales, así como de los ajustes legales oportunos para la adecuada interpretación y correcta puesta en práctica de los principios que rijan un urbanismo responsable que, a su vez, sea sostenible, social, económica y medioambientalmente equilibrado”, cita el manifiesto con motivo del Encuentro Autonómico Xacobeo 21-22 por un Urbanismo Responsable.

Las citadas fuentes indican que los recursos, si son por cuestiones formales, pueden ser subsanables en un plazo de meses. “Y si son de fondo, que se anule el plan”. “Estamos buscando el apoyo de todos los grupos, estamos haciendo todo lo posible para que un problema en la ordenación territorial tenga el mayor consenso posible y todos vean la necesidad de estabilidad, estamos trabajando con el sector, con todos”.

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, defendió este miércoles en la inauguración de la feria inmobiliaria SIMA, donde están todos los actores del sector del ladrillo, que “esta propuesta no se sustenta sobre una base ideológica o política, sino sobre la base de resolver un problema real, existente en el urbanismo español, de intentar dar seguridad jurídica y de que los ayuntamientos puedan desarrollar su urbanismo. Tal es así que, impulsado por la Xunta de Galicia, se elaboró un manifiesto refrendado por la mayor parte de las comunidades autónomas solicitando esta modificación”. Y recalcó que también “lo reclamó” la Federación España de Municipios y Provincias (FEMP). 

En este caso, la FEMP aseguró hace dos años que “el actual modelo” de tramitación urbanística “provoca una situación de incertidumbre e indefinición jurídica al verse cuestionado el ordenamiento urbanístico establecido al amparo del planeamiento por la omisión de algún requisito procedimental, paralizándose en muchas ocasiones las inversiones y planes del ayuntamiento. Por ello, los gobiernos locales reclamamos una mayor autonomía para la elaboración y modificación del planeamiento urbanístico, instrumento esencial para el desarrollo de nuestras ciudades”.

La FEMP reclamó, en el marco de la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, “que se adopten las modificaciones legislativas necesarias en la legislación estatal para solucionar urgentemente la problemática generada por la anulación de los instrumentos de planeamiento urbanístico”. 

Al margen de la cuestión política, cambiar la Ley del Suelo es una vieja petición de los promotores urbanísticos, para desbloquear planes que ahora están metidos en un cajón. “Mañana es un día importante”, destacó la presidenta de los promotores madrileños (Asprima), Carolina Roca, en el SIMA. “Es una ley imprescindible para acabar la judicialización del urbanismo. Pedimos altura de miras al legislador, que dote de seguridad jurídica a la normativa urbanística”, instó.

Además, hay otra ventaja para el sector, porque la Ley abre el camino al silencio administrativo para generar vivienda cuando esté promovida por una administración y sus entes en suelo público. “Si no hay contestación, el silencio es positivo”, señalan las citadas fuentes de Vivienda. Además, abren la puerta para incluir en las enmiendas que ese silencio también se aplique a la tramitación de vivienda en colaboración público-privada en suelos de utilidad pública.

Sumar ya avanzó este martes que rechazaría la ley después de comprobar que el Partido Socialista no ha atendido ninguna de las observaciones que plantearon cuando el texto se abordó en el Consejo de Ministros. “La regulación de las nulidades y anulabilidades prevista en el artículo 55, y más en concreto el régimen de retroacción de algunos vicios formales, pueden dar lugar a la convalidación de irregularidades urbanísticas y es, por tanto, muy cuestionable y debería permanecer inalterado”, exponían en el texto formal en el que presentaron esas observaciones el pasado 25 de marzo. 

En aquel momento, criticaron también que esta ley, según entienden, restringe el acceso a la acción pública, esto es, la posibilidad de que cualquier particular pueda presentar recursos a los planes urbanísticos, incluso si no están afectados directamente. “No se comparte la necesidad de restringir el acceso a la acción pública y se considera más adecuado mantenerla en sus actuales términos y no limitar la posibilidad que en la actualidad tiene la ciudadanía de exigir la expulsión del ordenamiento jurídico de planes urbanísticos ilegales en defensa de los intereses generales”, han dicho.

Preguntada por este asunto este miércoles, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se mostró rotunda sobre la ley. “Son dos modelos radicalmente diferentes y Sumar no está en el modelo de la especulación y la corrupción sin límites”, dijo sobre el “dibujo de la política urbanística” que a su juicio quiere hacer el PSOE con la ley.

Sumar critica dos cambios que introduce esta norma. La primera es el plazo de cuatro años de prescripción para presentar alegaciones a los planes urbanísticos, que ahora no caduca. Y el segundo es la limitación de la acción pública durante los dos primeros años que, recuerdan fuentes del grupo parlamentario, ha sido uno de los principales mecanismos a los que se han agarrado las organizaciones ambientalistas para tratar de frenar proyectos urbanísticos.

En el grupo parlamentario creen que esta reforma parte de dos premisas falsas. La primera, que va a servir para bajar los precios de la vivienda, con el argumento de que cuando se aumenta la oferta automáticamente baja el precio. Algo que, dicen, se demostró falso por ejemplo durante la burbuja inmobiliaria. También rebaten la posición del PSOE sobre la seguridad jurídica que aporta. “¿Seguridad jurídica para quién?”, argumenta un diputado. “Si en este país se han hecho barbaridades urbanísticas cuando una queja por un papelito detenía todo el proceso, ¿qué va a pasar ahora?”, reflexiona. 

En Sumar también reprochan que una reforma de la ley del suelo de un gobierno progresista no incluya mejoras sustanciales en aspectos como el cambio climático o la lucha contra la sequía, entre otros aspectos. “Si Sumar quiere ser un espacio de izquierda verde no puede tragar con una ley así”, argumentan.