El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana quiere que las comunidades autónomas aceleren en la regulación de los pisos y apartamentos turísticos. Lo hace en la conferencia sectorial, en la que están todas las administraciones regionales, así como el ministerio de Industria y Turismo y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y solo un día después del fiasco de la Ley del Suelo, que el Ministerio tuvo que retirar de la tramitación parlamentaria por la falta de apoyos.

Ahora, Vivienda quiere que las comunidades prioricen el uso residencial de la vivienda, sobre el turístico y el temporal; y que compartan los mismos datos, para lo que se compromete a crear una plataforma común con las administraciones locales y regionales antes de que acabe 2025.

“Vamos a ver de qué manera proponer medidas e iniciativas para lo que tiene que ser una priorización absoluta, frente a cualquier otro uso, el de primar la vivienda como residencial, cuando este esté amenazado, que todas las administraciones públicas, den respuesta a esta circunstancia”, ha explicado la ministra Isabel Rodríguez a los medios antes de reunirse con las comunidades. Unos alojamientos turísticos que “se dispararon un 80%” hasta 2018, con el surgimientos de plataformas como Airbnb. “Ese incremento está afectando al número de viviendas disponibles, las residenciales y en el precio de las mismas”

Y ahí quiere que se compartan más datos. “Ahora disponemos de una normativa europea para tener mejores datos, para perseguir el fraude”. En referencia, al Reglamento sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, los de menos de un año. “Nos insta a tener una plataforma para tener uniformidad de datos y que esos, con el uso de la IA, nos permita ir más allá y perseguir el fraude”, ha señalado Isabel Rodriguez.

Una plataforma que estará en marcha, ha asegurado, antes de que acabe 2025. “Nos permitirá un mejor diagnóstico y perseguir el fraude que los alcaldes están intentando combatir”, ha insistido. “La plataforma tiene que tener datos únicos y homologables en el conjunto de la Unión Europea”. Ahora, ha apuntado, el Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene datos de cómo se está incrementando el número de alojamientos turísticos. 

Hace casi dos meses, la ministra Isabel Rodríguez ya adelantó por dónde iba a ir su posición, aunque la regulación está en manos de las autonomías. “No quiero entrar en sus competencias pero esto es de mi incumbencia porque está tensionando el mercado residencial y el derecho de acceso a la vivienda”, aseguró en una entrevista en la Cadena Ser. 

A partir de ahí se abre a trabajar con comunidades y ayuntamientos. “Total disposición, son competentes en esta materia, que está afectando al precio, al derecho de acceso a la vivienda, queremos hacerlo en colaboración y que este foro nos permita hacerlo”, ha indicado sobre estas reuniones con comunidades y municipios. “Estamos en un momento de reacción de todas las administraciones” por lo que se puede compartir las iniciativas que están funcionando.

Que las viviendas turísticas tensionan los precios es obvio. Como analizamos en este tema, hay localidades donde este tipo de alojamientos vacacionales copan más del 20% de todos los inmuebles. Y muchas de estas casas operan sin licencia. Por ejemplo, en Madrid capital, más del 90% de la oferta es ilegal, según ha reconocido el propio Ayuntamiento.

Sobre la retitada de la tramitación parlamentaria de la Ley del Suelo, la ministra de Vivienda, la defiende. “Es una ley fundamental para el desarrollo acceso a la vivienda y para la prompoción de vivienda pública y asequible”, ha recalcado.

Por ello, Isabel Rodríguez, confía en que una vez “pasado el furor electoral, los partidos que tenemos presencia municipalista”, en referencia a PSOE y PP y no a Sumar, loguen sacar adelante el texto.

“Se trata de una buena norma. Lamento que por la situación electoral no hayamos tenido altura de miras. La ley surge de la demanda de la mayor parte de las comunidades autónomas, de la FEMP. Ahora le toca a los grupos políticos” retomar una ley que, en su opinión, “es impecable”.