El Ministerio de Seguridad Social y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han alcanzado este lunes un principio de acuerdo para reformar la orden ministerial que permite a los investigadores recuperar hasta un máximo de cinco años para el cómputo de la jubilación a aquellos investigadores y estudiantes que hubieran sido becados en el pasado. El acuerdo trata de contentar a los posibles beneficiarios de la medida, tras una primera redacción que encendió los ánimos de los colectivos, al exigir el pago de 290 euros por cada mes que se quisiera recuperar.

En un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales señalan que el ministerio “se ha comprometido” a la modificación de la orden ministerial, que entra en vigor el 1 de junio, por lo que piden a las personas interesadas que, “siempre que sea posible, esperen a solicitarlo hasta que se formalice la tramitación de la nueva regulación”. Un proceso que, señalan, el Ejecutivo ha garantizado que será “en el menor plazo posible” y “cuya tramitación se iniciará esta misma semana”.

La Seguridad Social señala que ha “atendido las peticiones de los interlocutores sociales”, que habían lamentado que la primera propuesta se publicase en el Boletín Oficial del Estado sin la confluencia de los sindicatos ni la patronal. En concreto, una de las principales correcciones del departamento que dirige Elma Saiz es que tomará como base de cotización del convenio especial la base mínima correspondiente al año de realización de la actividad, en lugar de la de 2024. Esta irá de 40 euros al mes en el año 1980 a 140 en 2006.

No es la única petición atendida. El ministerio permitirá rescatar cinco años de actividad, independientemente de que las personas beneficiarias se hubieran acogido al convenio especial que permitió recuperar otros dos años en 2011. Además, las personas que lo necesiten tendrán cuatro años y medio, hasta el 31 de diciembre de 2028, para solicitar la cotización del periodo y tendrán la posibilidad de fraccionar el pago hasta el doble del periodo rescatado con un máximo de siete años.

“Las mejoras en la norma impulsadas por CCOO y UGT garantizan la reducción de costes del convenio, manteniendo su actual naturaleza jurídica y el carácter estrictamente contributivo de la figura. De la misma forma, se persigue la ampliación de los periodos de tiempo cuya cotización es posible recuperar, de modo que se ayude a completar las carreras de cotización de las personas que han desarrollado durante largos periodos diferente situaciones relacionas don prácticas formativas y becas de investigación”, celebran los sindicatos.

Además, según estas mismas fuentes, el ministerio se habría comprometido a constituir “en breve” el Observatorio para el seguimiento y la evaluación de las medidas aprobadas en materia de cotización de prácticas no laborales, en el marco de la reforma de Seguridad Social de 2023. Estos cambios incluyen la cotización de los becarios en prácticas no remuneradas desde el 1 de enero, que han beneficiado ya a más de medio millón de alumnos y alumnas.