Han pasado más de tres años desde que la UE dio luz verde al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) con el que daba una respuesta a la crisis de la pandemia radicalmente distinta a la que se dio una década antes al crack financiero. Frente a la austeridad, los 27 diseñaron un procedimiento de gasto expansivo con el que pretendían inyectar 723.000 millones de euros a las economías en forma de transferencias directas y préstamos.

La cuantía total ya se redujo el pasado año a 648.000 millones de euros porque se quedaron sin solicitar buena parte de los previstos para ese periodo. De esa cifra, sólo se han ejecutado 232.000 millones de euros, según los datos de la Comisión Europea. Eso representa el 35% del total cuando ha pasado más de la mitad del tiempo previsto para poner en práctica los planes de recuperación que los gobiernos de los 27 presentaron. “Alrededor del 85% de los hitos y objetivos con fecha indicativa de finalización a finales de marzo de 2024 habían sido evaluados como cumplidos satisfactoriamente por la Comisión o comunicados como finalizados por los Estados miembros”, señala la Comisión Europea en el borrador de unas orientaciones en las que plantea una cierta flexibilización para profundizar en la ejecución de esos planes. 

“En esta coyuntura y habida cuenta de la naturaleza temporal del Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, todos los esfuerzos colectivos deben centrarse en la aplicación plena y oportuna de los planes de recuperación y resistencia (PRR) para 2026, si es necesario abordando los cuellos de botella en la aplicación cuando surjan de manera flexible. Cuando proceda, y en consonancia con el apretado calendario de aplicación del Mecanismo, puede que sea necesario adaptar el contenido de los PRR para hacer frente a los retos emergentes y cambiantes”, expone el gobierno comunitario en el documento publicado el pasado 31 de mayo.

Entre los problemas que han identificado tanto la Comisión Europea como los gobiernos de los 27 está “la carga administrativa relacionada con la aplicación” del mecanismo que “era superior a la prevista”. “Con el objetivo de acelerar aún más la aplicación para garantizar la finalización de las medidas apoyadas por el mercanismo antes de agosto de 2026, las presentes orientaciones introducen también varios elementos de simplificación”, explica el borrador. Ampliar el plazo de las inversiones más allá de 2026 es una de los planteamientos que ha defendido ya en varias ocasiones Pedro Sánchez, pero se ha topado con el rechazo de la Comisión Europea y sobre todo de los denominados 'frugales', a los que ya costó poner en marcha un instrumento multimillonario que acarrea un procedimiento de endeudamiento de la UE.

Entre las medidas que recoge el plan de la Comisión está la clarificación de los supuestos en los que un estado miembro puede modificar su plan de recuperación cuando “identifique una alternativa mejor para aplicar una medida de manera que se reduzca la carga administrativa vinculada a la aplicación de esa medida y sin rebajar la ambición del plan”, así como el alcance de otros cambios que pueden introducirse o los casos en los que no es necesario revisar el plan para reducir las cargas administrativas. Otro de los objetivos del gobierno comunitario es “simplificar en la medida de lo posible los requisitos de información de los estados miembros” rediciendo la información que se les reclama en el contexto de los informes semestrales sobre la aplicación de los planes de recuperación.

Bruselas fía buena parte del crecimiento económico de la UE precisamente en la inversión multimillonaria que suponen los planes de recuperación y resiliencia en un momento en el que sus competidores, especialmente Estados Unidos, está llevando a cabo inyecciones de dinero público para mejorar la competitividad de su industria.

España comenzó siendo uno de los alumnos aventajados en la aplicación del plan de recuperación y resiliencia. Fue el primero en llevar a cabo las medidas recogidas en las primeras etapas y en recibir los desembolsos. Sin embargo, ahora es el noveno país por la cola en el porcentaje de fondos de recuperación recibidos respecto a los recursos totales que tiene asignados. El plan español se compone de 163.000 millones (79.850 millones en ayudas directas y 83.160 millones en créditos), por lo que sólo ha recibido un 23,6%.

En peor situación están Suecia, Países Bajos e Irlanda (que no han recibido nada), Hungría (8,8%), Bélgica (17,3%), Polonia (19%), Chipre (21, %) y Alemania (22,3%). En el lado opuesto de la tabla están Dinamarca, con un 59,3%, Estonia (53%), Eslovaquia (41,7%) o Grecia (41,4%). En términos absolutos, España es el segundo país con más fondos recibidos por detrás de Italia (102.000 millones) y por delante de Francia (23.390 millones), Grecia (14.880 millones), Polonia (11.390 millones), Rumanía (9.410 millones) y Portugal (7.770 millones), según los datos recopilados por la Agencia EFE.

España está pendiente de la evaluación que haga la Comisión Europea respecto a las reformas llevadas a cabo en el marco del cuarto tramo del plan de recuperación. Ese desembolso se ha ido dilatanto a raíz del fracaso en la aprobación del subsidio de desempleo en el Congreso, que fue rechazado por PP, Vox y Podemos. El varapalo obligó al Gobierno a pedir una prórroga para la evaluación de las medidas que, en conjunto, suponen un desembolso de 10.000 millones de euros.

Trabajo llegó a un acuerdo con los sindicatos para esa reforma en tiempo de descuento y el Consejo de Ministros la aprobó el pasado 21 de mayo. El Gobierno confía en recibir completo ese cuarto pago tras la aprobación de ese fleco pendiente y desde Bruselas por el momento se limitan a decir que la evaluación estará lista en “semanas”.