La Audiencia Nacional ha avalado una multa de la Agencia Tributaria a la gestora inmobiliaria Haya Real Estate por deducirse ilegalmente en el Impuesto de Sociedades una indemnización de 1,7 millones de euros que pagó en 2014 a su primer consejero delegado.

Se trata del ejecutivo Juan Bartolomé, que dimitió a los pocos meses de ser nombrado y al que la gestora inmobiliaria, entonces propiedad del fondo buitre estadounidense Cerberus, recolocó en una filial tras pagarle esa indemnización, que luego se desgravó ilegalmente.

En una sentencia del 15 de abril, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha rechazado el recurso de Haya contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) que confirmó la sanción en diciembre de 2019. El procedimiento se ha centrado en la “no deducibilidad” de las indemnizaciones a este ejecutivo y a otro ex alto directivo de Haya que también fue despedido y recolocado por esas fechas, y procedente como él de la extinta Bankia-Caja Madrid.

En noviembre de 2016, la Agencia Tributaria practicó una liquidación a Haya Real Estate por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2013 y 2014 que determinó, entre otras cosas, que no podía deducirse esos finiquitos porque se pagaron “voluntariamente”. “Ninguna norma ni instrumento de obligado cumplimiento le impelía a pactar con sus directivos una indemnización por cese o despido”, fue “una liberalidad” y “no existía obligación legal” de hacerlo.

A causa de esa regularización, impuso a Haya la correspondiente sanción por dejar de ingresar parte de la deuda tributaria, que luego confirmó el TEAC en una resolución notificada a Haya el 21 de noviembre de 2016.

La Audiencia ha considerado ahora que la multa del Fisco estuvo justificada porque Haya Real Estate llevó a cabo “una aplicación de las normas sobre deducción de las indemnizaciones, en definitiva sobre la deducción de gastos, basada en una interpretación claramente contraria a derecho”. El grupo sueco Intrum, propietario de Haya desde el año pasado, no comenta este asunto.

Los hechos se remontan a octubre de 2013, cuando Cerberus creó la marca Haya Real Estate para gestionar el ladrillo tóxico adjudicado por los bancos tras el estallido de la burbuja. Tras comprar a la antigua Caja Madrid su división de gestión de activos inmobiliarios, Bankia Habitat, Cerberus nombró consejero delegado de Haya a Bartolomé, hasta entonces máximo responsable de esa filial de la antigua caja, que había sido rescatada por el Estado en 2012 con 24.000 millones.

El ejecutivo firma un primer contrato de naturaleza mercantil en septiembre de 2013. Pero la relación no cuaja. El 17 de febrero de 2014 Bartolomé acuerda su dimisión como CEO de Haya con efectos desde el 1 de marzo, si bien pacta seguir como vicepresidente y consejero “manteniendo las mismas condiciones retributivas, indemnizatorias y de beneficios sociales”, dice la sentencia.

Para formalizar la nueva relación con Bartolomé como vicepresidente y consejero, se firma un nuevo contrato, en este caso de naturaleza laboral. Como el rubricado el 3 de septiembre de 2013, se fija un preaviso por escrito de tres meses en caso si el ejecutivo desea renunciar a su cargo, y “si renunciase sin justa causa no tendrá derecho a recibir ningún tipo de indemnización, con la única excepción de la indemnización por abstención de competencia post contractual”. De tener derecho a esa indemnización por despido improcedente, esta consistirá en el “pago continuado de su remuneración base por un periodo de 24 meses”.

Dos meses después de firmarse ese nuevo contrato, el 21 de abril de 2014, Bartolomé comunica por carta al presidente de Haya “su intención de dimitir de sus cargos de consejero y vicepresidente de la empresa y manifiesta que no tiene nada que reclamar contra la Sociedad como resultado de su dimisión como consejero, ni por ninguna otra causa”, dice la sentencia.

Sin embargo, “las partes acuerdan que la sociedad le abonará una indemnización por importe bruto de 1,7 millones de euros, a abonar en tres pagos a lo largo de 2014”. “No consta”, según la sentencia, que ese finiquito fuera aprobado por el consejo de administración de la sociedad. En ese órgano se sentaba entonces José María Aznar Botella, asesor de Cerberus y consejero de Haya desde su creación en 2013 hasta el pasado octubre.

La gestora explicó durante el procedimiento en la Audiencia Nacional que se había acordado resolver esa nueva relación laboral porque “no estaba funcionando de manera satisfactoria”. Las partes, recuerda la Sala, alcanzan “un pacto transaccional en virtud del cual se extinguía el contrato de trabajo de mutuo acuerdo, y, a cambio, se le respetaba (dice la demanda) el importe de la indemnización que se arrastraba desde el contrato por el que se le nombró consejero y consejero delegado”.

Haya Real Estate entendía “que la extinción de la relación laboral se pactó de mutuo acuerdo creando la obligación de indemnización, que ya se había acordado en el primer contrato cuando se le nombró consejero delegado, y reprochando a la liquidación que no tuviera en cuenta este primer contrato”.

Pero la Agencia Tributaria concluyó que el ejecutivo “renunció voluntariamente a sus funciones y no consta que haya sido despedido; y de esta renuncia voluntaria se desprende la no obligatoriedad de la indemnización, como base del rechazo a la deducción como gasto”. Tesis que comparte la Audiencia: “No de otra forma puede entenderse la misiva de dimisión enviada el 21 de abril de 2014”.

Y el argumento de Haya de que, “en realidad, de no haber acordado esta indemnización hubiera tenido que indemnizarle con la misma suma por despido improcedente”, no se sostiene: “Supone una interpretación que no se corresponde con la literalidad de las cláusulas contractuales, y se compadece muy mal con atribuirle simultáneamente otra función directiva, de similar rango, en otra empresa del grupo, si se había perdido la confianza en este señor”, razona la Sala.

Un “elemento importante para llegar a esa conclusión” es que, tras acordar ese finiquito millonario, Bartolomé siguió vinculado a Haya como presidente ejecutivo de su filial Gesnova Gestión Inmobiliaria Integral, lo que desactivó la cláusula de no competencia que tenía firmada.

El ejecutivo, que siguió asesorando a Cerberus como consultor hasta diciembre de 2016, explica en conversación telefónica que es la “primera noticia” que tiene de este pleito fiscal contra Haya por su indemnización. Deja claro que, tras más de tres décadas vinculado a Caja Madrid, él sí tributó en su IRPF por ella por el tipo vigente en aquel momento, que era del 52%, mucho más elevado que el actual máximo del 47%.

Hacienda también sancionó a Haya por deducirse la indemnización que abonó a otro ex directivo también despedido y recolocado en esas fechas. Se trata de Juan Carlos Bartolomé, sin vinculación familiar con el ex CEO de la gestora y también procedente de Bankia-Caja Madrid.

En este caso, tras unos meses como director de Transformación e Integración de Haya, “sin que nunca se hubiera pactado indemnización alguna por cese de la relación laboral”, un “acuerdo transaccional” el 28 de abril de 2014 “consensuó la extinción de la relación laboral de mutuo acuerdo y a cambio se le abonó una indemnización, correspondiente (dice la demanda) exactamente a la que legalmente habría tenido derecho en caso de despido improcedente”.  

En este caso, la Inspección basó su liquidación “en la ausencia de obligación contractual alguna de indemnizarle, porque no figuraba en ningún contrato, y, además, al igual que en el caso anterior, su inmediata incorporación a la empresa del grupo Gesnova, lo que entiende que no supone la extinción del vínculo contractual que les uniera hasta el momento”.

Tras su cese, este otro directivo pasó a ser Director Corporativo y miembro del Comité de Dirección de Gesnova, cargo que ocupó hasta octubre de 2015, según su perfil en LinkedIn. Con ambos directivos, en suma, “no se había producido ninguna ruptura total de la relación laboral, al continuar ligados al mismo grupo de entidades”.

Haya Real Estate perteneció al fondo Cerberus hasta 2023. Hace algo más de un año, el fondo de capital riesgo acordó su venta a la firma sueca Intrum por unos 140 millones, significativamente por debajo de los 1.000 millones por los que intentó sacarlo a Bolsa sin éxito en 2018, y penalizada por la marcha del negocio y la pérdida de grandes contratos, como el de Sareb, el denominado Banco Malo. La firma fue noticia hace unos meses por aprovechar la ausencia de una anciana de 82 años para vaciar su piso de Cullera (Valencia) y cambiar las cerraduras.