La productividad y el crecimiento de los salarios en España han sido en las últimas décadas más débiles que en la media de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Y, además, su evolución ha sido desigual: mientras el primer indicador ha aumentado en torno al 15,3% entre 1995 y el año 2022, la remuneración de las personas trabajadoras a tiempo completo tan solo lo hizo un 1,2%.

El informe 'Reactivar el crecimiento ampliamente compartido de la productividad en España', señala que el aumento del salario mínimo en 2019, en un 22,3%, hasta los 900 euros, “impulsó significativamente” las nóminas de quienes menos cobraban “sin causar pérdidas sustanciales de empleo”. “Aumentó los salarios de los trabajadores directamente afectados en casi un 6%, mientras redujo el empleo en solo un 0,6%”, reconoce el trabajo, contra las previsiones más agoreras que barruntaban una destrucción masiva de puestos de trabajo.

Desde 2019, el SMI no ha parado de incrementarse año a año, convirtiéndose, en palabras de la organización internacional, en “una parte importante del conjunto de medidas políticas”. Desde entonces, “pasó de un nivel relativamente bajo, de alrededor del 45% del salario medio bruto en el sector privado en 2018, muy por debajo de la OCDE, al 58% en 2022”. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ya ha anunciado que tras el verano convocará a la mesa del diálogo social para abordar el incremento correspondiente al ejercicio de 2025, con los sindicatos con la vista puesta en el 60% del salario medio neto.

Si este martes se conocía un nuevo récord de empleo, con más de 21,3 millones de personas trabajando en mayo y una reducción de casi 60.000 parados, el informe viene a corroborar lo que señalan las cifras. “La reforma (laboral) ha dado lugar a una gran reducción de la incidencia de los contratos temporales” que “no se tradujo en una disminución del empleo, ya que fue compensada con creces por el aumento de los contratos indefinidos” y ha conseguido que la tasa de empleo se encuentre en un “nivel récord”. De hecho, el 43% de los contratos que se firmaron en el último mes fueron indefinidos, frente al entorno del 10% previo a la nueva legislación laboral.

El informe se pronuncia también sobre los contratos fijos-discontinuos, a los que atribuye una quinta parte del aumento del empleo indefinido, pero sobre los que aclara que “ofrecen más estabilidad laboral que los temporales, aunque los ingresos y el horario pueden variar dentro de ciertos límites”.

La OCDE contrapone las políticas impulsadas frente a la crisis de la Covid-19 y la Gran Recesión. “En lugar de suprimir puestos de trabajo, como ocurrió durante la crisis financiera mundial, cuando las ayudas al mantenimiento del empleo apenas se utilizaron, el ajuste adoptó principalmente la forma de reducciones de la jornada laboral, como en la mayoría de los demás países en los que los planes de mantenimiento de empleo se utilizaron ampliamente”, señala. “Basándose en el éxito de los ERTE, la reforma laboral de diciembre de 2021 introdujo un marco explícito para aumentar las ayudas en momentos de necesidad excepcional”, reconoce.

Durante la presentación del informe en París, Díaz ha destacado que “la productividad es un elemento crucial para las economías desarrolladas” porque “supone el pilar sobre el que se asienta el crecimiento económico a largo plazo”. “Es el empleo el que está impulsando el crecimiento económico y la transformación del tejido productivo en España”, ha insistido, a la vez que ha reconocido que “el reparto de la productividad es tremendamente desigual”.

Un informe de Comisiones Obreras, publicado en abril, advertía que las empresas han aprovechado la crisis de inflación para disparar sus beneficios. Según estas cuentas, en los últimos cinco años, entre 2018 y 2023, los márgenes empresariales han crecido más del doble que los salarios.

La OCDE advierte ahora de que, mientras muchos países experimentaron una desaceleración en el crecimiento de su productividad, en España esta comenzó antes y fue más pronunciada y acabó provocando un “estancamiento de los salarios reales”. Sin embargo, el informe reconoce la capacidad de resistencia del mercado español tras la pandemia y señala a los cambios estructurales, vinculados a la inteligencia artificial o la transición ecológica, como una oportunidad de mejora. Unos cambios tecnológicos que, en otros tiempos, pusieron en dificultades a empresas y trabajadores.

El informe apunta también ha disparidades en la productividad entre aquellas empresas punteras, que han superado el 2% entre los años 2011 y 2019 y las que se quedaron rezagadas, en torno al 0,7%. La diferencia también es territorial, con comunidades autónomas vinculadas a la baja productividad. Es el caso de Ceuta y Melilla, Canarias, Andalucía, Asturias o Valencia; mientras Baleares, Galicia y Catalunya se encuentran en la parte alta.