España se libra de un procedimiento de déficit excesivo de la UE. La Comisión Europea ha dejado a España fuera de los países a los que abrirá un expediente al retomar las nuevas reglas fiscales tras años de gasto expansivo sin límites para superar la crisis de la pandemia y la guerra en Ucrania. Otros países, como Italia o Francia, sí tendrán que estar sometidos a un control más férreo por parte de Bruselas por superar el 3% del déficit el pasado año, pero las perspectivas de que la economía española alcanzará esa cifra este mismo año y la reducirá en 2025 la salvan de la lupa de Bruselas.

España superó en 2023 ese umbral al situarse en un 3,6% del déficit, pero tanto las previsiones del Gobierno como las de las instituciones económicas internacionales, entre ellas la propia Comisión Europea, apuntan a que cumplirá con el 3% en 2024 y que lo reducirá aún más en 2025 hasta situarse en el 2,8%. La trayectoria es a la baja (siete puntos porcentuales) desde el pico del 10,1% en lo peor de la pandemia y los confinamientos. La deuda, sin embargo, sigue muy por encima del límite del 60% que establecen los tratados europeos para las economías saneadas. No obstante, la tendencia también es descendente al haber caído 20 puntos respecto a la crisis del covid y el pronóstico es que se sitúe en el 105,5% al acabar el año. 

En la misma situación que España están otros cuatro de los doce países que el pasado año estuvieron por encima del 3% del déficit (República Checa, Estonia, Eslovenia y Finlandia ) mientras que la Comisión Europea abrirá expedientes a Francia, Italia, Bélgica, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia porque no cumplen los requisitos mínimos. 

La apertura de un procedimiento de déficit excesivo supone el primer paso para un expediente sancionador. Si la Comisión Europea considera que los gobiernos no toman las medidas necesarias para corregir el desvío, puede imponer multas semestrales correspondientes al 0,05% del PIB (en torno a 730 millones en el caso de España). Las nuevas reglas fiscales dan a los estados miembros una mayor flexibilidad para sanear sus cuentas y establecen un régimen sancionador más asequible que las anteriores. En el pasado nunca se llegó a aplicar el castigo –que suponía hasta el 0,2% del PIB–, a pesar de que España y Portugal estuvieron a punto.

El vicepresidente económico del gobierno comunitario, Valdis Dombrovkis, ya adelantó que algunos países quedarían fuera de los expedientes en esta ocasión cuando las desviaciones del déficit fueran puntuales, temporales o atribuibles a causas excepcionales. “Puede haber casos límite”, señaló en una entrevista en el Financial Times: “Si hay un país cuyo déficit excesivo se acerca al 3%, pero es temporal, podríamos decidir no utilizar el procedimiento de déficit excesivo”.

Es el caso, por tanto, de España. Y para convencerles de eso se ha esforzado en los últimos meses el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. En la práctica, no obstante, la apertura de ese expediente tendría más consecuencias en términos de estigma que prácticos dado que el ajuste que pretende hacer España para acabar este ejercicio y el del próximo año por debajo del 3% del déficit es mayor al 0,5% al que las nuevas reglas fiscales obligan a los países que superan esa cifra. Pedro Sánchez ha calificado la decisión de una “extraordinaria noticia”.

La otra buena noticia para el Gobierno es que la Comisión Europea ha sacado a España del listado de países con desequilibrios macroeconómicos en la que figuraba desde que se creó en 2011. En el año 2014 Bruselas llegó a advertir incluso de que esos desequilibrios eran “excesivos”. 

Los principales problemas que siempre ha detectado el gobierno comunitario tienen que ver con las elevadas tasas de deuda -especialmente lo que tiene que ver con el endeudamiento privado y exterior, que se ha ido superando al bajar más de cien puntos porcentuales en deuda privada y una mejora respecto a la posición exterior- y el desempleo. A pesar de que España sigue siendo el país de la UE con una mayor tasa de paro, se ha reducido y la afiliación a la Seguridad Social ha marcado récords históricos con 21,3 millones de personas en mayo.

“Es una decisión muy relevante que reconoce y avala el reconocimiento de España con una gestión fiscal responsable”, señalan fuentes gubernamentales sobre la salida del listado de países con desequilibrios. “Esa política fiscal responsable se ha hecho compatible con un crecimiento robusto encima de las economía de nuestro entorno y ha sido compatible con la inversión y las medidas que se han tomado en un entorno tan complejo”, apostillan.