A finales de abril, las dos principales referencias económicas del PSOE en el Gobierno de coalición, Carlos Cuerpo y María Jesús Montero, firmaron una carta abierta titulada “Impuestos a los superricos: una nueva agenda para luchar contra la desigualdad a nivel mundial”. Lo hicieron junto a la ministra de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, Svenja Schulze, al ministro de Finanzas de Sudáfrica, Enoch Godongwana, y al ministro de Finanzas de Brasil, Fernando Haddad. Quizá, un quinteto titular de la socialdemocracia internacional.

Poco después, a principios junio, en Londres, los ministros de finanzas del G7 alcanzaron “un acuerdo histórico” sobre un impuesto mínimo a los beneficios de las multinacionales del 15% y se entregaron a “luchar contra la evasión fiscal”. Estas posiciones recogen una inercia generada en otros organismos de primer orden (OCDE, FMI...). Y son puntos que sirven para trazar una línea de avances en la lucha contra la desigualdad y contra el cambio climático que podría tener otro hito crucial a finales de julio, en la reunión del G20 en Venecia. Entonces, el principal foro económico internacional tendrá que pronunciarse sobre una propuesta concreta de un nuevo impuesto a los súper ricos.

Esta propuesta está recogida en el informe que la presidencia de Brasil del G20 pidió al economista Gabriel Zucman, especializado en 'guaridas fiscales', y que el francés presentó este martes. “Un sistema de impuestos progresivo es un pilar clave de las sociedades modernas y esencial para poder fortalecer la cohesión social y la confianza en los gobiernos. Esencial también para financiar los bienes públicos que impulsen el crecimiento económico y para distribuir de manera justa las ganancias la globalización”, arrancó Zucman en su presentación.

“En la propuesta básica, las personas con un patrimonio superior a 1.000 millones de dólares estarían obligadas a pagar anualmente un impuesto mínimo equivalente al 2% de su patrimonio”, resume el informe que está en las mesas de los líderes del G20, entre los que se encuentran las principales economías de cada continente, incluyendo a países no alineados totalmente con las potencias del G7 (EEUU, el conjunto de la UE, Reino Unido o Japón) como Arabia Saudí, Rusia, China, India, Argentina, Sudáfrica, Brasil o la Unión Africana, y en el que España es “invitado permanente”.

En nuestro país, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha ha calculado que “un gravamen coordinado a nivel global que sea adicional a los impuestos patrimoniales que están en vigor recaudaría sobre 27 grandes fortunas por encima de los 1.000 millones”. En España, existen los tributos sobre el Patrimonio cedidos a las Comunidades Autónomas —y que Madrid, Andalucía, Cantabria y Extremadura han llegado a bonificar al 100%— y el de Solidaridad de Grandes Fortunas, de reciente creación.

Los técnicos de Hacienda coinciden con Gabriel Zucman en que “proporcionalmente las mayores fortunas pagan menos impuestos que la mayoría de la población”, y recuerdan “que los impuestos sobre la renta gravan de forma más beneficiosa las rentas de capital” que perciben los ricos.

“La principal herramienta de la progresividad es el IRPF, pero no se aplica de forma eficaz a las personas muy ricas. Por ejemplo, una gran fortuna que perciba un millón de euros en dividendos tiene un tipo impositivo efectivo del 26,78%, el mismo que el de trabajadores o autónomos que ganen 42.092,64 euros”, denuncian los técnicos de Hacienda.

De acuerdo con una reciente investigación del Observatorio Fiscal de la UE, los milmillonarios apenas pagan (a través del impuesto de Patrimonio y de la Renta) ente un 0 y el 0,5 % de su riqueza. “Esta falta de progresividad contrasta con los altos niveles de desigualdad. En Europa, el 1% más rico posee casi la mitad de toda la riqueza financiera del continente”, avisan en Oxfam Intermón.

Esta organización defiende que el informe que estudia el G20 “es una propuesta rigurosa y razonable, que aporta soluciones concretas y esenciales frente a un sistema tributario que permite a los ultra ricos pagar muy pocos impuestos. El acuerdo al que se llegue para gravar a los súper ricos debe ser lo suficientemente ambicioso y significativo para poder también plantar cara a la desigualdad”. Está ambición está puesta en duda en España, tras declarar Carlos Cuerpo que la reforma fiscal que piden todos los experta ya está hecha, pese al aviso de la Comisión Europea.

“Todos los países G20 deberían respaldar el impulso de Brasil para lograr el primer acuerdo en la historia para gravar a los súper ricos. El reciente pacto para una tributación mínima sobre las grandes multinacionales, aunque imperfecto, muestra que es posible avanzar en una mayor coordinación a nivel global para cerrar los profundos agujeros del sistema tributario internacional que sólo benefician a las grandes fortunas”, explica Íñigo Macías, responsable de investigaciones de Oxfam Intermón.

“En la práctica, el obstáculo principal para gravar a los súper ricos es el riesgo de que oculten su renta o de que la muevan a países que tienen menos exigencias fiscales. Para superar esta cuestión se necesita la coordinación internacional, más intercambio de información y se necesita también un estándar común”, resaltó el propio Zucman.

“Los abultados niveles de deuda tras la pandemia, las nuevas reglas fiscales puestas en marcha y la necesaria transición ecológica justa que enfrentan los países de la UE hacen necesario garantizar recursos adicionales si queremos evitar una vuelta a la austeridad”, añaden desde Oxfam.

En paralelo, esta organización y otras han puesto en marcha la iniciativa ciudadana europea (ICE) conocida como 'Tax The Rich', que tiene entre sus impulsores a la joven multimillonaria alemana Marlene Engelhorn y a reconocidos economistas como Thomas Piketty. “El objetivo es lograr un millón de firmas para instar a la nueva Comisión Europea a crear una nueva agenda de tributación sobre la riqueza”, recalca.

Según esta iniciativa, una nueva fiscalidad sobre las grandes fortunas permitiría generar importantes recursos adicionales que se podrían destinar a inversiones para la inclusión social y una transición ecológica justa en los países de la Unión Europea, así como para aumentar el presupuesto comunitario destinado a políticas de cooperación internacional al desarrollo y financiación climática.