No es habitual ver en la misma mesa a representantes de organizaciones sindicales como la CNT, la CGT, Comisiones Obreras, UGT, Solidaridad Obrera, Co.Bas o el SAT. La doble condena a 'Las seis de La Suiza', que deberán afrontar tres años y medio de cárcel, ha puesto de acuerdo a una quincena de sindicatos, que han denunciado este sábado la “ofensiva contra el derecho sindical” y han recordado que “gracias a las luchas de la clase trabajadora” se han conseguido “las mejoras laborales y sociales” de las que la ciudadanía disfruta hoy en día.

El Supremo confirmó en junio la condena a tres años y medio de prisión a las 'Las seis de La Suiza', al considerar que las concentraciones frente a la pastelería constituyeron un delito continuado de coacciones graves y otro de obstrucción a la Justicia. A juicio del Tribunal, sus acciones, ocurridas en 2017 en solidaridad con una trabajadora, también condenada, que denunció a su jefe como presunto autor de sendos delitos de acoso laboral y sexual, que finalmente se archivaron, provocaron el cierre del negocio.

La sentencia, consideran los sindicatos, supone un duro golpe que pretende dejarlos con las manos atadas. “No podemos permitir que se nos vaya a acusar de delitos por practicar, simple y llanamente, las tácticas y las maneras de trabajar del sindicalismo”, ha reivindicado la secretaria general de la CNT, Erika Conrado, que ha considerado el pronunciamiento del Tribunal un “atropello para las organizaciones sindicales a pie de calle”. “La actividad sindical nunca debe ser considerada delito”, ha reclamado.

Durante la rueda de prensa de este sábado, Herminia, la portavoz de Sofitu, el grupo de apoyo y solidaridad con 'Las seis de La Suiza', ha recordado que lo que hicieron estas sindicalistas fue, simple y llanamente, “acción sindical”. “Se intenta la negociación, no hay negociación y se pasa a la movilización. No hay otra”, ha explicado antes de recordar que las concentraciones frente al centro de trabajo estaban autorizadas por la Delegación del Gobierno, en aquel momento del Partido Popular, y que en ellas no hubo “ninguna intervención policial”.

“Es un ataque directo a todo tipo de sindicalismo”, ha coincidido el secretario general de la CGT, Miguel Fadrique. “Pese a las diferencias históricas que hemos tenido, tenemos una historia común que nos une. Ante esta grave situación, no podíamos hacer otra cosa que estar a su lado”, ha indicado para reclamar “una respuesta contundente para que las compañeras no entren en la cárcel”. Por el momento, la CNT estudia llevar la sentencia ante el Tribunal Constitucional y el próximo jueves, día 18, se convocarán concentraciones en varias ciudades. “Lo que no podemos hacer es agachar la cabeza, tenemos que dar apoyo a las compañeras, no las vamos a dejar solas”, indicó Conrado en un mensaje que han compartido todas las organizaciones sindicales. “El indulto a estas compañeras sindicalistas y a todas y todos los reprimidos por luchar debería ser una prioridad para cualquier gobierno que se considere progresista”, han reclamado desde el Sindicato de Comisiones de Base.

“Esto no es nuevo, estamos viviendo desde hace tiempo una constante represión de la movilización social, o retorciendo las leyes que nos amparan o mediante la utilización de la ley mordaza, que ya debería haber sido derogada”, ha reclamado la responsable de Institucional de CCOO, Carmen Vidal. El vicesecretario general de política sindical de UGT, Fernando Luján, ha mostrado también su “preocupación” por la deriva judicial y ha señalado que esta sentencia “coincide en el tiempo con otra que absuelve a unas personas que han estado acosando durante siete meses, en las puertas de su casa, a un vicepresidente del Gobierno (Pablo Iglesias) y a una ministra de Igualdad (Irene Montero)”. “Eso fue susceptible de absolución y una concentración con banderas autorizada pidiendo que se respeten los derechos básicos de una personas son coacciones graves. Esta deriva tiene que parar”, ha reclamado.

Durante la comparecencia, los portavoz de las organizaciones sindicales han recordado otros casos de condena a la actividad sindical que marcan esa “deriva autoritaria”. El pronunciamiento del Supremo “ocurre en el marco de sucesos como el de 'Los 8 de Caixabank', el de Raquel Rodríguez en la huelga de metal de Cádiz o los trabajadores del metal, sometidos a una presión penal constante”, ha enumerado el secretario de organización de Solidaridad Obrera, José Luis Carretero, que ha señalado que el Supremo “vacía de contenido el artículo 28 de la Constitución”, que reconoce el derecho a la libertad sindical. “Ataca a los elementos de flotación del sindicalismo en uno de los sectores más importantes, porque el 80% del empleo se desarrolla en el marco de las pequeñas empresas”, ha recordado.

En la mesa estaba también Víctor Jiménez, miembro de la Asamblea Nacional del SAT y condenado por asaltar un supermercado, en una acción enmarcada en lo que denominaron “expropiación de alimentos” de primera necesidad para repartir entre colectivos vulnerables. “Nosotros, como sindicato, hemos sufrido la represión periódicamente”, ha dicho, pare señalar que “el juez que condena a estas mujeres es conocido en Gijón, porque es el mismo que condenó a Cándido y Morala”.

En la memoria colectiva del sindicalismo asturiano permanece todavía latente el recuerdo de Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala, iconos de la lucha laboral en la región y que fueron condenados en 2007 a más de tres años de cárcel por destrozar una cámara de vigilancia que apuntaba a la puerta del astillero en 2005, durante unas protestas por el cierre de la empresa. Ellos siempre consideraron ser chivos expiatorios en una condena a la barricada. La contestación social fue tal que, en unas semanas, les concedieron el tercer grado y un par de años después, un indulta que nunca solicitaron. Como explicaron en una entrevista en 2019, “si es hoy, con el estado de represión que está habiendo, nos chupamos la condena entera, porque tampoco hay el mismo grado de presión que hubo entonces”.

Esa presión es la que quieren retomar ahora los sindicatos para que 'Las seis de La Suiza' no tengan que entrar en prisión. De momento, dos de ellas, Luara y su pareja Héctor, el único hombre condenado, afirman en este reportaje que afrontan la situación con coherencia y dignidad: “Estábamos haciendo un bien ayudando a una mujer, a una persona que lo necesitaba en ese momento. Y además, estábamos haciendo algo que es un derecho. Mostramos nuestro apoyo desde un punto de vista sindical y feminista. Se hizo sindicalismo y se hizo feminismo”.