Primer paso del Gobierno de coalición para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2025, tras tener que prorrogar los de 2023 este año por la imposibilidad de llegar a acuerdos con los socios de la investidura ni con otros grupos por el accidentado calendario electoral de los últimos meses (Galicia, Catalunya, Euskadi, Parlamento Europeo...). Este martes, el Consejo de Ministros ha mantenido el límite de gasto no financiero (incluyendo fondos europeos) en 199.171 millones para 2025, en línea con el techo de 2024, para cumplir con las exigencias de las reglas fiscales de la Unión Europea (UE) que se han activado este ejercicio y porque ahora llegarán menos transferencias del Plan de Recuperación y más préstamos 'baratos' (el pago de intereses no se contempla en el límite de gasto).

El Ministerio de Hacienda ha aprobado también la senda de déficit (el desequilibrio entre los ingresos y las gastos del Estado) con el fin de alcanzar el 2,5% durante el próximo año, un 2,1% en 2026 y un 1,8% en 2027. “Hemos reducido el déficit público en 60.000 millones desde 2020, hasta el 3,6% en 2023, por debajo de otros países como Francia o Italia, pese a haber desplegado una escudo social de más de 120.000 millones [desde 2020], con medidas que siguen vigentes”, ha detallado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La previsión para 2024 es dejarlo es en el 3% (siempre respeto al PIB), lo que permitió a España evitar el proceso de déficit excesivo previsto por las nuevas reglas de la UE. Este “proceso” supondría una intervención de la Comisión Europea en los Presupuestos nacionales para garantizar “la sostenibilidad de las cuentas públicas”.

Montero se ha mostrado convencida de que habrá un nuevo gobierno en la Generalitat de Catalunya —el PSC de Salvador Illa está negociando el apoyo ERC para su investidura, con una propuesta de financiación singular para la región encima de la mesa que no comparte la vicepresidenta— y que se aprobarán los Presupuestos de 2025, para lo que harán falta los votos de los partidos nacionalistas en el Congreso. “Serán unas cuentas públicas que profundizarán en la consolidación de derechos, que fortalecerán a las clases medias y trabajadoras y protegerán a los más vulnerables, y que mantendrán una política económica progresista y responsable”, resume el Ministerio de Hacienda.

En septiembre, el Ejecutivo tiene que enviar un plan fiscal a medio plazo a Bruselas (aquí se analizan las recomendaciones de la AIReF), que estará marcado por la senda de déficit anunciada este martes y por un horizonte de crecimiento del PIB por encima del 2% en los próximos años y de creación de puestos de trabajo, que es lo que permite mantener el gasto y reducir el déficit. “Estamos interaccionando con la Comisión para determinar la propuesta definitiva sobre el gasto primario neto, que es la variable más importante de las nuevas reglas fiscales comunitarias”, ha apuntado la vicepresidenta primera.

El nuevo techo de gasto “es prudente”, según el nuevo marco de las reglas fiscales. Los ingresos que nutren los Presupuestos crecerán un 5,4%, y en total un 6,5%, según el mismo ejercicio de proyecciones del Ejecutivo, un ritmo inferior al de los últimos años.

“Este Gobierno ha hecho posible que se haya ido reduciendo el déficit y la ratio deuda pública reforzando el estado de bienestar”, ha defendido Montero, en contraposición al modelo de austeridad que se aplicó tras la crisis de financiera de 2008. Además, en 2025, “el Estado asume de nuevo un mayor esfuerzo de reducción del déficit en beneficio de Comunidades Autónomas y entidades locales, que tendrán más margen”, afirma el Ministerio de Hacienda, según la información que ya comunicó este lunes.

En el mismo Consejo de Ministros, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha explicado la actualización del cuadro macroeconómico del Gobierno. Este el “marco” para los Presupuestos Generales, y Cuerpo ha defendido que se trata de un modelo de “crecimiento equilibrado”. Con una importante fortaleza del mercado laboral, pero también del sector exterior, y no solo por el turismo, sino por una transformación y una “modernización” de nuestra actividad productiva que se observa en las exportaciones de servicios no turísticos (relacionados con la consultaría, la tecnología...).

“Pero hay que pasar de lo macro a lo micro, y es muy importante la recuperación de la renta real de las familias” tras el golpe de la inflación. “Se está repartiendo el crecimiento de una manera más justa”, ha señalado el ministro de Economía.

De vuelta a los términos macroeconómicos, el Gobierno “sigue la estela de los analistas nacionales e internaciones” y confirma que la economía española tiene una horizonte de crecimiento por encima del 2% que nos va a permitir salir del doble shock de la pandemia y la crisis de inflación sin heridas estructurales. Exactamente, la previsión para 2024 mejora al 2,4% y para 2025 al 2,1%.

“España será el motor de crecimiento entre las grandes economías europeas”, ha incidido. Hay diferentes vectores que afianzan este crecimiento. En primer lugar, la creación de puestos de trabajo. Con el objetivo de crear un millón de puestos de trabajo en los próximos años —superando los 22 millones de personas afiliadas a la seguridad social— y de ir bajando la tasa de paro hasta niveles cercanos del 8% en 2027 —barrera bajo la que teóricamente se considera el pleno empleo—, “sin desequilibrios”.

Otro de los grandes retos es mejorar la productividad, que también proyecta el ministro de Economía, lo que “es compatible” con la reducción de la jornada laboral oficial, uno de los compromisos del Gobierno de coalición para esta legislatura. Esto es un apoyo para el consumo de las familias. Mientras, Cuerpo también se ha mostrado optimistas respecto a la inversión de las empresas, favorecida por el Plan de Recuperación, que alcanzará su máximo impacto en el PIB total en este 2024 y en 2025.

Este crecimiento permitirá reducir la deuda pública respecto al PIB hasta dejarlo por debajo del 100% en 2027, “recuperando todo el espacio fiscal” durante la pandemia, en el que el Gobierno tuvo que hacer un esfuerzo histórico de gasto público para mitigar los daños del shock de la COVID.