La economía española ha abierto una nueva etapa. Tras superar el doble golpe de la pandemia y la crisis de inflación, la actividad confirma una transformación que presenta fortalezas inéditas, como el despegue de la inversión empresarial, la resistencia del consumo por el ritmo récord de creación de puestos de trabajo o la expansión de un sector exterior que no solo es turismo.

Se trata de un rumbo desconocido en los últimos 20 años, apoyado por el despliegue del Plan de Recuperación y con tres grandes 'debes': el difícil acceso a la vivienda y la lenta reducción de las desigualdades, agravados ambos por las subidas de precios desde 2021; y, además, el deterioro de los servicios públicos importantes, como la sanidad o la educación.

Según las nuevas proyecciones que el Gobierno de coalición publicó este martes y en las que se basarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025, las Administraciones deberían tener margen para repartir mejor el crecimiento económico y afrontar estos problemas. En este nuevo ejercicio de previsiones, destaca que el Ejecutivo confía en que la inercia positiva se mantendrá en 2027, para cuando es la primera vez que realiza estimaciones, y que el límite que supone el regreso de las reglas fiscales de la Unión Europea (UE) al gasto público será sustituido por un mayor dinamismo del sector privado.

La exigencia de contener el gasto y las inversiones del corsé fiscal comunitario que se ha reactivado este año para garantizar “la sostenibilidad de las cuentas públicas” —tras permanecer suspendido desde 2020 para permitir la respuesta al shock sanitario, social y económico de la COVID— frenará irremediablemente el impulso del “consumo público” al crecimiento de la actividad, según el cuadro de proyecciones del Gobierno. Este pasará de avanzar un 3,8% en 2023, a quedarse en el 1,7% en 2024 y estancarse cerca del 1% en los años siguientes.

Con esta 'moderación', el déficit irá reduciéndose desde el 3,6% de 2023, al 3% en 2024 y al 2,5% en 2025. Incluso seguirá cayendo en los siguientes ejercicios, en buena parte también por el mayor incremento de los ingresos gracias al propio dinamismo de la actividad y a la creación de puestos de trabajo. Un ejercicio de “responsabilidad”, como lo denominan Cuerpo y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que junto al crecimiento económico permitirá cumplir con la Comisión Europea y reducir la ratio de deuda pública por debajo del 100% del PIB, recuperando todo “el espacio fiscal perdido” por la pandemia.

Hay que recordar que el déficit público llegó a superar el 10% en 2020 y el endeudamiento el 120%, y ya en este 2024 España ha evitado sufrir el proceso de déficit excesivo, previsto por las nuevas reglas de la UE para las economías con un déficit superior al 3%. Este “proceso” supondría una intervención de la Comisión Europea en los Presupuestos nacionales.

Con “el consumo público” [en términos de Contabilidad Nacional] contenido, el despertar de la inversión de las empresas cobrará un papel crucial. Aquí, es vital el papel del Plan de Recuperación, que tiene su pico de incidencia en el PIB en este 2024 y en 2025, según explicó este martes el ministro de Economía. Partiendo una absoluta atonía, muy relacionada con las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), la inversión de las empresas crecerá a un ritmo cercano al 4% en los próximos años.

“En un contexto de sólido crecimiento estructural, la inversión y el consumo privado serán los principales motores de demanda entre 2024 y 2027. El escenario macroeconómico contempla una aceleración de la inversión en el horizonte de proyección, en especial de los bienes de equipo, gracias a la recuperación de los niveles de confianza empresarial y el continuado impulso del Plan de Recuperación”, explica el equipo de expertos del Ministerio de Economía.

“Por su parte, se prevé que el consumo privado mantenga un crecimiento robusto impulsado por el crecimiento de la población activa y el empleo y por las mejoras de la productividad que se traducirán en ganancias de poder adquisitivo de los salarios”, añaden estos mismos economistas. La histórica subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el resto de medidas de protección de las rentas de las familias han apuntalado la resistencia del consumo.

“En el medio plazo, el despliegue de los efectos de las reformas permitirá compatibilizar el descenso de la tasa de desempleo con ganancias de poder adquisitivo de los asalariados y una reducción de la jornada media. La incorporación de los efectos esperados de las reformas previstas en el ámbito laboral al escenario macroeconómico permite proyectar nuevos máximos de ocupación, continuado crecimiento del poder adquisitivo de los asalariados y una reducción de la tasa de paro hasta cifras inferiores al 9% en el horizonte de previsión”, detalla el informe del Ministerio.

El último “vector” de los tres resaltados por Cuerpo en su análisis de la coyuntura es “la fortaleza de las exportaciones españolas de servicios, tanto turísticos como no turísticos”. Esta fortaleza “permitirá contrarrestar parcialmente el impacto asociado a la debilidad de la demanda de nuestros socios comerciales. Por otra parte, la fortaleza relativa de la demanda interna española impulsará el crecimiento de las importaciones, lo cual conducirá a una ligera moderación del superávit exterior”.

“Los principales riesgos asociados al escenario macroeconómico derivan de la complejidad del actual entorno geopolítico, que podría alterar la senda bajista de los tipos de interés. Por una parte, la evolución de los conflictos internacionales en Ucrania y Oriente medio podrían provocar perturbaciones en los mercados de materias primas y en las cadenas de valor globales. Estos shocks, que pueden resultar particularmente sensibles para los mercados energéticos, podrían suponer un riesgo al proceso de desinflación y justificar esfuerzos adicionales por parte de los bancos centrales”, explica el informe de perspectivas del Ministerio de Economía.

El Banco Central Europeo (BCE) decide sobre los tipos de interés oficiales este jueves, tras un primer recorte en junio del 4,5% al 4,25%, después del ciclo de austeridad monetaria más agresivo de su historia para luchar contra la inflación. Esta estrategia busca ahogar a familias y empresas encareciendo las hipotecas y préstamos en general, dañando así la demanda y la inversión y rebajando entonces las presiones sobre las precios.

“Sin embargo, el enfriamiento gradual de los mercados de trabajo, junto con un descenso previsto de los precios de la energía, debería devolver la inflación general al objetivo [en teoría el 2%] a finales de 2025 [en el conjunto de economías avanzadas]”, apuntó este mismo martes el FMI.

En España, la inflación general se moderó al 3,4% en junio por las bajadas de precios en las gasolineras —en la eurozona está más cerca del 2%—. El encarecimiento acumulado de la cesta de productos y servicios que recoge el IPC es del 19% desde 2021 en nuestro país. Un 'mordisco' al bolsillo de los trabajadores que además no refleja exactamente todo el coste de la vida, porque no está incluido el difícil acceso a la vivienda, en buena parte por las subidas de los tipos de interés del BCE pero también por otras razones, como el alquiler turístico.