El Gobierno de coalición ha conseguido la convalidación en el Congreso de los Diputados del último decreto anticrisis, aprobado en el Consejo de Ministros del 25 de junio. Los grupos parlamentarios de los socios del Ejecutivo (PSOE y Sumar), de ERC, de Junts, del PNV, de Podemos, de Coalición Canaria, de BNG y de Bildu han votado a favor de este decreto, que incluye la rebaja del IVA del aceite de oliva al 0%, la subida de los sueldos a los funcionarios en 2024 o la extensión del bono social eléctrico, fortalecida en un acuerdo con Podemos que se ha conocido este mismo martes.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido el Real Decreto-ley 4/2024, recordando que prorroga algunas medidas vigentes desde finales de 2023, pero elimina otras, “atendiendo a la moderación de la inflación” y para cumplir con las reglas fiscales de la Unión Europeo (UE), que se han activado en este 2024, tras permanecer suspendidas desde 2020 para permitir una respuesta social al doble shock de la pandemia y de la invasión rusa de Ucrania.

“Hemos tomado medidas por 120.000 millones desde 2020. Un impulso fiscal sin precedentes para proteger rentas, salvar puestos de trabajos y transformar la economía”, ha señalado Montero. “En la anterior crisis financiera se aplicaron medidas de austeridad caducadas”, ha incidido la ministra de Hacienda, quien ha presumido de que, esta vez, “hemos reducido el déficit en más de 60.000 millones de euros desde el pico por la COVID sin hacer recortes”.

La vicepresidenta ha defendido esta política como “prudente y eficaz”, y ha recordado que ha sido avalada “por la Comisión Europea, sacándonos del procedimiento de déficit excesivo, algo que no ocurrió nunca con el Partido Popular (PP) después del estallido de la burbuja inmobiliaria”.

En el debate parlamentario, Javier Sánchez Serna, diputado de Podemos, ha recalcado que el decreto recortaba el bono social eléctrico. “Nosotros no vamos a aceptar recortes sociales en esta legislatura. El Gobierno sabe que vamos en serio y por eso nos alegramos de que hayan negociado con nosotros su extensión”, ha explicado. Según ha trasladado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante la mañana de este mismo martes, el acuerdo incluye una enmienda para que el próximo mes de septiembre se prorrogue hasta el 31 de diciembre del año 2024 los descuentos del bono social eléctrico aplicables a consumidores vulnerables y vulnerables severos del 65% y 80%, respectivamente. En el decreto, se preveía que desde octubre hasta final del ejercicio se rebajarían al 57,5% y al 72,5%.

Idoia Sagastizabal, del PNV, ha advertido que “los precios siguen siendo muy altos”. Por tanto, considera que sería un error “una retirada de las medidas como la bajada del IVA del alimentos”, que se incluyen en el decreto anticrisis. Eduard Pujol i Bonell, de Junts, ha afirmado que “el Estado” tiene que repartir juego, permitiendo que las Comunidades “que saben” intervengan, y ha presumido de que su partido forzó la bajada del IVA del aceite al 0%.

Oskar Matute, de Bildu, ha reseñado que “el impulso” de su formación “ha sido vital”. Sin embargo, ha lanzado una pregunta: “¿Hasta cuándo se puede mantener este esfuerzo sin una reforma fiscal?”. Esta reforma, según Matute, tendría que atacar los grandes beneficios de la banca y de otras empresas, como los supermercados. En su opinión hacen falta impuestos más altos para los que más ganan y salarios más altos para sacar a las familias de la vulnerabilidad. “Si vemos las ganancias de la banca, vemos que ha habido una transferencia de la gente más humilde a las cuentas de las entidades financieras por las subidas de los tipos de interés”, ha lamentado el parlamentario de Bildu.

Aina Vidal, de Sumar, ha enfatizado la posición de Bildu y ha calificados a las grande corporaciones que aumentan sus márgenes de beneficio como “sinvergüenzas”. “Este Real decreto es importante, pero se espera mucho más de nosotras”, ha dicho. Y ha enumerado: “Límites a los precios, regulación del mercado de la vivienda...”.

Desde el grupo parlamentario del PP se ha criticado que la inflación sigue en el 3,4% (dato interanual de junio). “Ustedes son como el mal entrenador de fútbol, que siempre tiene una excusa. Los conflictos internacionales han sido para todo el mundo, pero el estancamiento y el empobrecimiento solo ha sido para España”, han insistido los populares. “Es urgente ayudar a las familias a pesar del Gobierno. Nosotros lo hacemos en 14 Ejecutivos autonómicos”, han comentado.

Uno de los grandes problemas que aborda el último decreto anticrisis aprobado en Consejo de Ministros a finales de junio es la inflación de los alimentos. La principal medida del Gobierno de coalición para aliviar este daño a las familias, sobre todo a las más vulnerables, fue el recorte del IVA a los alimentos básicos desde principios de 2023. Esta bajada del impuesto caducaba a finales de este mes, pero el Ejecutivo decidió prorrogarla en el Consejo de Ministros del 25 de junio, con un esfuerzo extraordinario —pactado con Junts— para controlar el precio del aceite, totalmente desorbitado en esta crisis de inflación.

El aceite, que ya pasó del 10% al 5% de IVA desde el decreto anticrisis que se empezó a desplegar en enero de 2023, forma parte ahora del grupo de productos de primera necesidad —el pan, las harinas, la leche, los quesos, los huevos, las frutas y verduras— que tienen un tipo del 0% desde el año pasado (en lugar del 4% que se aplicaba hasta entonces) hasta el 30 de septiembre. A partir de octubre pasarán al 2% de IVA, hasta final de año.

El coste total de todas las medidas tomadas desde 2021 para aliviar el daño de la inflación es de alrededor de 50.000 millones, siendo las medidas más caras las relacionadas con la electricidad (que superan los 20.000 millones entre todas: recorte del IVA de la factura, del impuesto especial, subvenciones al sector...) y las deducciones en el IRPF (impuesto de la renta).

Precisamente, en junio se prorrogaron otras medidas del decreto anticrisis que decaída entonces, como la rebaja del IRPF para las familias con menos ingresos, exactamente para las que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero que beneficiará a las rentas hasta 22.000 euros brutos anuales. “La suma de las medidas fiscales, entre IVA e IRPF, suponen para las familias un ahorro de 3.000 millones de euros al año”, apuntó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.

“También extendemos el escudo social para los colectivos más vulnerables, que también se benefician de las medias anteriores”, añadió Montero. Este escudo social incluye la prohibición de cortes de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables, hasta final de año. Además, el nuevo decreto anticrisis hace indefinida la tarifa de último recurso (la TUR) de gas para las comunidades de propietarios.

Mientras, el IVA del recibo de la luz de los contratos domésticos regresa al valor reducido del 10% con el repunte en el precio del mercado mayorista de la electricidad por encima del listón de los 45 euros por megavatio hora (MWh), como pasó de junio, según contempla el primer decreto anticrisis, de 2021.

En el mismo paquete de medidas, el Gobierno aprobó la ampliación del Programa de Apoyo a la Movilidad Eléctrica, conocido como MOVES III, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2024. Supone incentivos para la compra de vehículos eléctricos y el despliegue de infraestructura de recarga, pero aún está por determinar la dotación económica que va a suponer, que se canalizará a través del IDAE.

El nuevo decreto anticrisis incorpora un refuerzo de “los incentivos fiscales en el Impuesto de Sociedades a los vehículos eléctricos promoviendo una amortización libre”, para “promover las inversiones en nuevos vehículos eléctricos y en nuevas instalaciones de recarga”. Esta medida beneficia a inversiones nuevas que entran en funcionamiento en los periodos impositivos iniciados en 2024 y 2025. En total, es un paquete de ayudas de 626 millones de euros.

Del mismo modo, se extiende “seis meses, hasta finales de 2024, el plazo para que las empresas gasintensivas receptoras de las ayudas de compensación de los costes adicionales derivados del aumento del precio del gas natural puedan acreditar el cumplimiento efectivo de pago a sus proveedores”. Por último, sigue “el mecanismo de apoyo para garantizar la competitividad de la industria electrointensiva hasta el 31 de diciembre de 2024”, y “la flexibilización temporal de los contratos de suministro de energía eléctrica hasta el 31 de diciembre de 2024”.

Además, se prorrogan las ayudas a La Palma, a través de una prórroga de los beneficios fiscales establecidos en el IBI y en el Impuesto de Actividades Económicas para los afectados por la erupción del volcán y se amplía seis meses más de la suspensión de obligaciones de pago de los préstamos y créditos con y sin garantía hipotecaria concedidos a afectados. También se amplía la prestación por cese de actividad y de la exención en el pago de cuotas a la Seguridad Social para los autónomos obligados a parar Prórroga de los ERTE vinculados a la situación de fuerza mayor temporal en las empresas afectadas por el volcán.

En el decreto también se actualizan las entregas a cuenta que el Gobierno ha desacoplado del trámite de aprobación de Presupuestos Generales del Estado. “Una decisión inédita la que adoptamos porque el Gobierno del Partido Popular siempre defendió que no era posible actualizar las entregas a cuenta sin presupuesto”, ha defendido la ministra.

Montero ha subrayado así que en este año 2024 las Comunidades Autónomas y Entidades Locales volverán a recibir los mayores recursos de su historia con la actualización de las entregas y las liquidaciones a través del sistema de financiación.

Por último, la norma recoge la subida salarial del 2% para los más de tres millones empleados públicos prevista para este año, que se cobrará de forma inmediata, en la primera nómina posible, y con efectos retroactivos desde el 1 de enero. A este 2% se le sumará un 0,5% adicional en función de la evolución de la inflación que se aprobará en enero de 2025, pero referido al ejercicio 2024.