La Inspección de Trabajo ha regularizado de oficio a ocho abogados de la Confederación General de Trabajadores (CGT), que prestaban sus servicios al sindicato en la territorial de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura como falsos autónomos, y ha presentado un acta de liquidación a la Seguridad Social por un importe de 372.585,41 euros, que la organización debería haber abonado en concepto de cotizaciones, según se desprende del Informe del Secretariado Permanente de CGT, presentado al plenario el pasado 28 de junio, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El antepenúltimo capítulo de este conflicto se remonta a finales del pasado de mes de abril, cuando la Inspección notificó al sindicato la apertura de un expediente. El procedimiento se inició, según ha podido saber este medio, por una denuncia anónima a través del buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que busca hacer frente a las situaciones de abuso laboral a las que puedan ser sometidos los trabajadores. En 2022, se detectaron por este medio unas 3.520 infracciones, de las que afloraron 3.056 puestos de trabajo que se encontraban en la economía sumergida.

El pasado mes de junio, la Confederación Territorial de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, trasladó a su plenaria extraordinaria su situación financiera y una serie de medias urgentes a adoptar. La más drástica fue el despido, por causas objetivas, de cinco de las 14 personas en plantilla, entre las que se encontraban las ocho regularizadas de oficio por la Inspección que, según ha confirmado a elDiario.es el secretario de organización del sindicato, Santiago de la Iglesia, ya se han hecho efectivos. “El criterio ha sido elegir a las cinco personas de menor antigüedad”, explica en conversación telefónica. Esto ha provocado el fin de la relación laboral con tres abogadas, un abogado y una trabajadora que realizaba labores de limpieza. Una falta de paridad en los despidos que desde la organización atribuyen a que “desde hace más de un década el criterio ha sido que se contrate primordialmente a mujeres” que, por tanto, son las que tiene menos antigüedad.

Según explica De la Iglesia, las ocho personas encuadradas de oficio como laborales llevaban prestando servicios a la Confederación Territorial entre algo más de un año y siete. El responsable de organización en Madrid, que ostenta el cargo desde diciembre, señala no obstante que la decisión de externalizar los servicios jurídicos se tomó en un pleno confederal en Alacant en junio de 2011. “Se acordó que tenían que abordarse a través de contratos mercantiles. Yo puedo tener una opinión, otra cosa es lo que el sindicato decide”, justifica para alertar que “otros están valorando si cambiar esa modalidad, porque están todos igual”.

En aquel pleno, la organización anarco sindicalista acordó que “para desarrollar las tareas que necesitan apoyo técnico, como abogados, graduados sociales, economistas, etc. se hará por contrato mercantil o de arrendamiento de servicios”, señala el documento de acuerdos.

Externalizar algunos servicios es una práctica habitual en muchas empresas, que contratan a otras compañías servicios como la limpieza, la gestoría o los temas jurídicos. La cuestión en este caso es que la relación, según ha interpretado la Inspección, tenía más en común con una relación laboral convencional: estas ocho personas podían trabajar físicamente en el sindicato, y algunos lo hacían, tenían un sueldo “más o menos” fijo y vacaciones pagadas. Uno de ellos, incluso, se encargaba de coordinar al resto.

“Tenían libertad de horario, incluso para escoger los casos y podían atender a otros clientes. Nos hacían facturas, como es lógico, pero al entender que nos parece mal que los trabajadores autónomos estén en peores condiciones, igual hemos caído en el error de facilitarles un lugar de trabajo en nuestras instalaciones e, incluso, pagarles el mes que no trabajaban por vacaciones. Lo lógico es que a un autónomo este tipo de facilidades no se las des”, afirma De la Iglesia.

El secretario de organización admite que la situación de estos trabajadores se había comentado a nivel interno dentro del sindicato. “No ha habido ningún movimiento concreto, más allá de que había que revisarlo, pero no éramos conscientes de que lo estuviéramos haciendo tan mal”, reconoce. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) estimaba en 2022 que en España hay más de 300.000 falsos autónomos, trabajadores que prestan sus servicios como laborales, pero sin disfrutar de los mismos derechos y protección.

La regularización de oficio de los ocho trabajadores de CGT Madrid ha sido posible gracias a un cambio en la Ley de Empleo, introducido en 2023, que eliminaba la obligatoriedad de que la autoridad laboral tuviera que iniciar un procedimiento de oficio en los tribunales de lo Social. Esto hace que las consecuencias de este abuso se adelanten, ya que la conversión en laborales se realiza de oficio, sin necesidad de llegar a una sentencia, que puede atrasarse hasta dos y tres años. “Como sindicato, tenemos que defender (este cambio normativo), que los trabajadores y las trabajadoras estén en la mejor situación”, otorga De la Iglesia.

La liquidación a la Seguridad Social, ante la que el sindicato va a presentar recursos y alegaciones, aún a sabiendas de que será “difícil” que prosperen, la posible sanción y las indemnizaciones a las trabajadoras despedidas y los conflictos con dos de las organizaciones que formaban parte de la Confederación, la de Transportes, ya desfederada y la de Banca, en pleno litigio, dejan a la Confederación Territorial en una situación “tremendamente endiablada”. El sindicato de transportes era el que más afiliados aportaba al grupo, unos 5.500, con la correspondiente merma en las cuantías.

“En enero, después del Congreso (de diciembre, en el que se constituyó el nuevo Secretariado Permanente) ya vimos que no podíamos mantener los gastos y tuvimos que pedir ayuda a Confederal. Ya fuimos avisando de que tendríamos que tomar medidas, pero nuestra intención era buscar soluciones internas”, explica el secretario de organización, que admite un desfase de 30.000 euros mensuales. “La situación es insostenible, no podemos mantener tanto salarios cuando, además, lógicamente, hay bastantes menos afiliados”, desarrolla. Actualmente, la organización cuenta con unos 11.500 inscritos.

A la espera de una posible sanción, con la intención de volver a contratar al personal despedido cuando la situación económica e interna lo permita y conscientes de la crisis que supone para un sindicato tener a trabajadores como falsos autónomos, los responsables de CGT Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura han convocado para septiembre un congreso territorial para “intentar buscar soluciones a medio y largo plazo”. “A ver si, poco a poco, podemos resolver todo esto, pero va a llevar tiempo”, admiten.