La familia Gallardo, dueños de la farmacéutica catalana Almirall y principales beneficiarios conocidos de la amnistía fiscal de 2012, ocultan los sueldos de la cúpula de Goodgrower, la matriz de su grupo de sanidad privada, Vithas, segundo de este sector en España.

La auditoría de la firma PwC a las cuentas de Goodgrower del ejercicio 2023, fechada el pasado 14 de junio, recoge por segundo año consecutivo una salvedad por este motivo.

El auditor deja patente que las cuentas de la sociedad de cabecera de los Gallardo “no incluyen la información relativa al importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del ejercicio y del ejercicio anterior por el personal de alta dirección y de los miembros del órgano de administración”. La normativa contable obliga incluir esos datos.

A diferencia de Almirall, que cotiza en Bolsa y por ello está obligada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a detallar los sueldos de cada consejero, Goodgrower solo debe publicar una cifra agregada de retribución para los miembros del consejo de administración y la alta dirección. Pero no lo hace. elDiario.es contactó con la empresa sin obtener respuesta.

Los Gallardo controlan el 100% de Vithas a través de esta sociedad tras comprar en 2020 por 93 millones de euros el 20% del grupo sanitario que hasta entonces tenía Criteria Caixa. Con 6.565 empleados, Vithas cuenta con 20 hospitales y 37 centros médicos y atiende a más de 5,5 millones de pacientes al año. Actualmente está construyendo sendos hospitales en Esplugues de Llobregat (Barcelona) y en Malilla (Valencia). Se creó tras comprar los Gallardo en 2011 la red de hospitales de Adeslas, controlada por Criteria, el holding de La Caixa, que se quedó como minoritario. Esa red estaba entonces compuesta por diez centros, la mitad que ahora.

La marca Vithas fue presentada en sociedad por los Gallardo a finales de 2012, una semana después de que, el 14 de noviembre de ese año, los hermanos Jorge y Antonio Gallardo Ballart, expresidentes de Almirall y hoy ya jubilados y octogenarios, legalizaran con la medida de gracia del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, casi 113 millones que habían ocultado al Fisco durante años mediante sociedades opacas en Mónaco o Panamá.

A la amnistía, que permitió regularizar el dinero oculto al fisco pagando en muchos casos el 3%, en lugar del 10% anunciado inicialmente, se acogieron 30.000 empresas y particulares. De esa cifra solo se ha conocido una cantidad mínima: un centenar de nombres, gracias a sumarios y sentencias judiciales e investigaciones periodísticas. La amnistía de los Gallardo, la más relevante que ha trascendido por su importe, la reveló en 2016 la investigación de Los Papeles de la Castellana.

Tras regularizar ese patrimonio multimillonario, varias de las empresas de los principales accionistas de Almirall han recibido avales y ayudas millonarias con cargo al erario público. Algo que hicieron otros amnistiados conocidos, como la familia del dictador Franco, los Escarrer (dueños de la hotelera Meliá) o la aristócrata y terrateniente Micaela Domecq, esposa del excomisario europeo y exministro del PP Miguel Arias Cañete.

La Administración es una importante fuente de ingresos para Vithas. La facturación del grupo de sanidad privada de los Gallardo que procedió del Servicio Nacional de Salud y de las Comunidades Autónomas, a través de los diferentes conciertos que tiene firmados, aportó todavía el año pasado 37 millones a su cifra de negocio, aunque se desplomó un 41% con respecto a 2022.

La mayor parte de los ingresos de Vithas, 527 millones, procedió de las aseguradoras sanitarias, que explican la explosión que ha experimentado en los últimos años la construcción de hospitales privados en España, en un contexto de boom de los seguros de salud.

Según las cuentas consolidadas que Goodgrower ha remitido recientemente al Registro Mercantil, accesibles a través de Insight View, la dueña de Vithas cerró el pasado ejercicio con 1.141 millones en activos. El grupo de hospitales privados facturó 709 millones, un 7,3% más. Pero su matriz declaró unas pérdidas de 16,6 millones, frente al beneficio de 74,4 millones registrado en 2022. En ese ejercicio su resultado financiero se disparó por diversas operaciones en Francia.

El presidente de Goodgrower y de Vithas es Jorge Gallardo Piqué, uno de los hijos de Jorge Gallardo Ballart. Su hermano Carlos Gallardo Piqué es el presidente ejecutivo de Almirall desde mayo de 2022, tras la renuncia de su padre al frente de la farmacéutica que fundó en 1943 el abuelo de los actuales gestores, Antonio Gallardo Carreras.

A esta familia catalana el último ranking de ricos de El Mundo los sitúa en el puesto 13 de mayores fortunas españolas, con un patrimonio de cerca de 3.000 millones. Con presencia en el sector hotelero o el de las energías renovables, su inversión más relevante es Almirall, el origen de su fortuna y en la que controlan algo más de un 60% de las acciones.

El valor de ese paquete en el fabricante del Almax, un conocido medicamento contra el ardor de estómago, ronda actualmente los 1.200 millones, tras la recuperación que ha experimentado la cotización de las acciones de la farmacéutica este año, superior al 11%.

Como otros multimillonarios españoles, los Gallardo han constituido recientemente a través de Goodgrower una firma de capital riesgo, Healthgrower SCR, atraídos por las ventajas fiscales de estos vehículos.

Centrada en el sector sanitario, en ella han realizado hasta el pasado mes de marzo tres aportaciones por un total de más de 56,5 millones, que corresponden a participaciones en varios fondos de inversión, 6,5 millones en efectivo y un 4,8% de las acciones de la estadounidense KBI Services, dedicada a tratamientos de fertilidad, y valorado en 14 millones, según las cuentas de Goodgrower.

Vithas el mayor grupo de sanidad privada de capital español y el segundo del mercado nacional. Está solo por detrás de Quirón, la filial del gigante alemán Fresenius, que ha tenido un papel muy relevante en el escándalo de fraude fiscal y empresas pantalla de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Uno de los trabajos que hicieron dispararse los pagos de Quirón a la pareja de la presidenta madrileña tras iniciarse su relación con Ayuso fue la labor de González Amador como consultor para la obtención de un certificado sectorial, la Joint Commission Enterprise (JCI) para su hospital más conocido, la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. La propia Vithas destaca en su informe anual la obtención de este certificado entre los “principales hitos de 2023”.